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Una estudiante secundaria de Florencio Varela levantó la mano en el recinto «Islas Malvinas Argentinas» del HCD y preguntó a los veteranos de guerra si habían extrañado a su mamá durante el conflicto. Carlos Orsini, Pablo Acevey y Ramón Vallejos, del Centro de Veteranos «Héroes de Malvinas», lloraron los tres al mismo tiempo. Fue en el marco del programa Construyendo Comunidades con emisión especial de Radio UNAJ, ante estudiantes que escucharon de una manera que no suele verse en los actos institucionales. El presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte y el intendente Andrés Watson estuvieron presentes en una jornada que no se olvida.

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Florencio Varela reconoció en su fallo que Braian Saladin ejerció sobre Lorena Leiva años de violencia grave y sistemática: la ahorcó, la apuntó con un arma, amenazó con incendiarle todo. Después la jueza María Florencia Butiérrez lo absolvió. La causa se apoyó en la imposibilidad técnica de determinar el origen del incendio que en agosto de 2024 destruyó la vivienda del barrio San Jorge, quemó a Lorena en el 30% del cuerpo y dejó a su hija dos meses internada en el Garrahan. Un video que podría haber cambiado todo nunca entró al debate. Lorena Leiva, que había contado su historia seis días antes frente a casi doscientas personas en el HCD, prepara la apelación.

Penélope Vázquez tenía 19 años y vivía a metros de su agresor en el barrio Martín Fierro mientras la Justicia esperaba el juicio oral, previsto para abril de 2026. La denuncia por abuso sexual contra su tío Raúl Ojeda estaba radicada desde 2022. Las pericias eran concluyentes. El sábado, Penélope no pudo más. Recién entonces, tras una masiva movilización vecinal, la Policía detuvo al acusado. La causa sigue en la UFI N°8 de Florencio Varela.

Valentina Scheerle tiene 22 años, creció en Berazategui y ganó el Gold Pencil de Google en Nueva York con Google Prism, una herramienta de inteligencia artificial que adapta el aprendizaje para estudiantes con TDAH, dislexia y daltonismo. En total, ocho premios internacionales. Una idea nacida en el conurbano sur que llegó a uno de los escenarios más importantes del mundo.

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La clave para la detención de los acusados fue la valentía de la madre de la víctima. Casi dos meses después del ataque, la mujer regresó al lugar de los hechos, fotografió a los dos hombres que habitualmente estaban en ese basural y mostró las imágenes a su hija, quien los reconoció de inmediato como sus agresores.

El ataque en el basural

Según la resolución judicial a la que accedió Infosur, el hecho ocurrió el 15 de octubre de 2025. Diego G. y José G. están acusados de abusar sexualmente de la niña haciendo uso de violencia física y amenazas, con una división funcional de tareas: mientras uno la abusaba, el otro la inmovilizaba sosteniéndola de las muñecas para evitar que pudiera resistirse.

La menor logró llegar a su casa y le contó a su madre lo ocurrido. La mujer radicó la denuncia de inmediato, pero los agresores no habían sido identificados hasta que ella misma decidió actuar.

La valentía de una madre

El 4 de diciembre de 2025, la madre de la víctima se dirigió hasta la esquina de La Haya y Suiza, donde se ubica un basural que funciona como punto de reunión para consumo de alcohol. Allí identificó y fotografió a dos hombres que, según afirmó en su denuncia, «siempre se encuentran en el sitio ingiriendo bebidas alcohólicas y molestando con groserías a las mujeres que pasan por el lugar».

Al mostrarle las fotografías a su hija, la niña reconoció sin dudas a sus dos agresores. Con esa información, la Justicia pudo avanzar en la detención de los acusados.

Las pruebas del caso

La resolución judicial enumera los elementos de prueba que sustentan la acusación:

• Denuncia de la madre, quien relató los hechos y aportó las fotografías que permitieron identificar a los acusados.
• Informe de la médica forense, que documentó el relato de la niña sobre cómo fue tomada por la espalda, arrojada al piso y retenida por uno de los hombres mientras el otro abusaba de ella.
• Informe victimológico, que constató que la menor presenta dificultades para dormir por pensamientos intrusivos y recurrentes, pérdida de apetito y sintomatología asociada a victimización sexual. El informe destaca que su relato es coherente, sin fallas lógicas, confusiones, ideas delirantes o fabulación.

Ambos detenidos, asistidos por la Defensoría Oficial, optaron por no declarar.

Perspectiva de género en la resolución judicial

El juez Diego Carlos Agüero y el secretario Martín Eduardo Grizzuti fundamentaron la prisión preventiva desde una perspectiva de género, tal como viene siendo política del Juzgado de Garantías N°6 en este tipo de casos.

En la resolución, el magistrado subrayó la obligación del Estado de adoptar «medidas de protección reforzada» para personas en situación de vulnerabilidad, como las niñas y las mujeres: «La perspectiva de género debe utilizarse en casos en que se reconozca una condición de desigualdad que requiera, como una forma de equilibrar el proceso, que se juzgue bajo tales parámetros».

El juez advirtió que de no adoptarse estas medidas, «aquellas diferencias o desventajas pueden potencializarse, generando esquemas de revictimización que comprometen el acceso a la justicia».

En ese marco, consideró necesaria la prisión preventiva para proteger a la niña víctima de violencia sexual y asegurar los fines del proceso, dados los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La causa continúa

Los hechos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, conforme al artículo 119 del Código Penal, un delito que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

La declaración de la niña en Cámara Gesell está programada para febrero de 2026, en el marco de un protocolo especial de protección para evitar su revictimización.

Diego G. y José G. quedarán alojados en una unidad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con inhibición general de bienes hasta alcanzar el monto de ley para ser afectado a las resultas del juicio.

La resolución también dispuso la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia y al Ministerio de Seguridad provincial.

📌 Si sos víctima de violencia sexual o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte con la Línea 144 (atención las 24 horas) o acercarte a la Comisaría de la Mujer y la Familia más cercana.

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Fue un hallazgo que heló la sangre de los experimentados investigadores, encabezados por el Dr. Daniel Ichazo, punta de lanza contra la lucha de la explotación sexual en nuestra zona. Entre los muros de aquella prisión, donde los reclusos cumplían condenas por diversos delitos, se escondía una actividad aún más perversa y siniestra. Celulares, computadoras y una aplicación diseñada para ocultar contenido pornográfico fueron incautados en la redada.

El descubrimiento fue parte de “la redada más grande de los últimos tiempos contra criminales sexuales en redes sociales”, indicaron fuentes del caso.

El megaoperativo comenzó este martes a las 6 de la mañana: se trata de 115 allanamientos en 65 ciudades de la Provincia de Buenos Aires, que se realizan en el marco de la “Operación Protección de las Infancias IV”, detallaron.

En el caso de la prisión, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, los detectives determinaron que la banda pedía fotos y videos a las víctimas -todas menores de edad- y, cuando las conseguían, les pedían dinero para no publicarlas.

Al mismo tiempo, enviaban las imágenes, mediante la aplicación, a internos de otras unidades y otros usuarios. Las fuentes precisaron que se detuvo a seis internos y se incautaron siete celulares.

Un preso que ya tenía condena a 50 años por abuso

“El principal productor del contenido está preso con condena a 50 años por abuso sexual. Hoy le encontramos carpetas en su dispositivo divididos por nombres de sus víctimas y una aplicación que simula una calculadora, pero es el ingreso a carpetas ocultas”, detalló el fiscal Ichazo en una entrevista a la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

«Realmente es algo sorprendente y alarmante. Que estos criminales hayan logrado infiltrarse en el sistema carcelario para seguir delinquiendo es algo que nos deja atónitos», relató el fiscal.

Y es que el principal sospechoso ya se encontraba preso, cumpliendo una condena de 50 años por abuso sexual. Desde su encierro, había logrado organizar toda una red de distribución de material ilegal, explotando la vulnerabilidad de menores.

La «Operación Protección de las Infancias IV» permitió realizar 115 allanamientos en 65 ciudades bonaerenses, descubriendo otros casos de posesión y difusión de contenido pornográfico infantil. Incluso, en La Matanza, se hallaron pintadas en una pared que indicarían el abuso de una niña por parte de su propio padre.

«Esto demuestra la penetración que han logrado estas redes criminales en el sistema penitenciario. Es algo que nos obliga a redoblar esfuerzos y reforzar los controles de seguridad para evitar que sigan cometiéndose estos delitos atroces», enfatizó el fiscal.

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Según pudo saber Infosur, el cuerpo médico forense de la policía bonaerense, por orden de la fiscalía, tomó muestras de ADN del detenido para cotejar con el del feto y confirmar el abuso y la participacipón del acusado que se encuentra detenido.

Luego, se activó el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que podría someter a la pequeña a un aborto en el hospital de Florencio Varela.

En efecto, tal como informó Infosur la semana pasada, se supo que una niña de 11 años de Florencio Varela fue abusada sexualmente y quedó embarazada. Tras activarse el protocolo, el cuerpo médico forense de la policía de la provincia de Buenos Aires tomó muestras de ADN del detenido para confirmar el abuso.

Detalles del caso que estremece a Varela

La fiscalía ordenó tomar muestras de ADN al detenido para confirmar el abuso en el caso de la menor de 11 años embarazada en Florencio Varela. ADN La niña cursaba un embarazo producto de la violación por parte de un hombre de 23 años, quien se encuentra detenido.

Según fuentes judiciales a nuestro medio, el cuerpo médico forense de la policía de la provincia de Buenos Aires procedió a tomar las muestras genéticas del imputado, lo que terminaría confirmando el abuso sexual.

El procedimiento se realizó por orden de la fiscalía, en el marco de la investigación por el embarazo y presunto abuso contra la menor, que conmocionó a la comunidad de Florencio Varela la semana pasada.

Reacción de las autoridades y el protocolo de interrupción legal del embarazo

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires actuaron rápidamente luego de conocerse el caso de abuso y embarazo de la niña de 11 años en Florencio Varela. En ese marco, se activó de inmediato el protocolo para la interrupción legal del embarazo.

De acuerdo a la legislación vigente en la provincia, todo embarazo producto de una violación puede ser interrumpido de manera voluntaria y gratuita en los hospitales públicos.

La decisión de interrumpir el embarazo fue tomada en conjunto entre el equipo médico que atiende a la menor, sus familiares y representantes legales. Luego de evaluar integralmente el caso, se considerará que lo mejor para la salud física y emocional de la niña era proceder con la interrupción del embarazo , señalaron las fuentes.

El procedimiento se realizará en los próximos días bajo estrictas medidas de confidencialidad y acompañamiento psicológico. Desde el área de Nilez de Florencio Varela señalaron que se encuentran en contacto permanente con la familia de la menor para garantizar que sus derechos sean respetados.

Contexto legal

En Argentina, el abuso sexual contra menores está penado por el Código Penal. El artículo 119 establece penas de 6 a 15 años de prisión al que abuse sexualmente de persona menor de 13 años.

En cuanto al aborto, en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 inclusive. En los casos de abuso sexual, no hay límite de semana gestacional.

La ley establece que toda mujer y persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en las condiciones que la ley establece. Requiere consentimiento informado y el procedimiento debe garantizarse en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento.

Por lo tanto, en este caso de abuso y embarazo infantil, el aborto está contemplado dentro del marco legal vigente. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo para la menor.

Reacción ciudadana

La noticia del abuso sexual y embarazo de la niña de 11 años generó una fuerte reacción de rechazo e indignación en la comunidad de Florencio Varela.

En las redes sociales, vecinos y organizaciones expresaron su repudio y exigieron medidas para proteger a las niñas y adolescentes. «Basta de abusos y violencia contra las mujeres. Ni una menos», publicó en Facebook una agrupación feminista local.

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En ese marco, dos personas, identificadas como «M.M» y «S.B,» fueron detenidas en operativos que revelaron escabrosos detalles sobre la producción y distribución de material de menores de edad.

Los procedimientos fueron ejecutados por la División de Delitos Informáticos de Berazategui, en colaboración con la Estación de Seguridad Departamental y supervisada por el Comisario Inspector Javier Garro.

Preso en la cárcel de Ituzaingó

En la primera de las dos órdenes de allanamiento ejecutadas, la Unidad Nro. 39 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Ituzaingó fue el escenario donde se identificó a «M.M,» un hombre de 31 años oriundo de Florencio Varela. El hallazgo de un teléfono celular Samsung Galaxy J2 Prime de color rosa claro, con cuatro chips de diferentes compañías telefónicas, señaló su presunta implicación en el delito de «Producción, comercialización, etc. de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.»

La segunda orden llevó a los agentes a la residencia de «S.B» en Gobernador Costa, Florencio Varela, donde se incautaron dos teléfonos celulares, uno Samsung Galaxy J2 Prime y otro Motorola Moto E20. La mujer de 46 años también es investigada por los mismos cargos, relacionados con la tenencia y distribución de material sexual explícito de menores.

La investigación se desencadenó a partir de la denuncia realizada por el progenitor de la víctima, una niña de 4 años identificada como H.R. La exposición del padre reveló un oscuro panorama, donde la madre de la menor, «S.B,» habría tomado fotografías explícitas de la niña, compartiéndolas a través de WhatsApp con su actual pareja, «M.M,» quien se encuentra detenido por violencia de género.

El allanamiento, requisas personales y secuestros fueron realizados bajo la supervisión del Dr. Daniel Ichazo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 08 descentralizada de Berazategui. La justicia, a cargo del Juzgado de Garantías N° 05 de Florencio Varela, avanza en la identificación y notificación de los imputados, cuyos delitos han conmocionado a la comunidad.

La Operación Protección Infancia evidencia la necesidad de combatir este tipo de crímenes con firmeza, dejando claro que la justicia actuará incansablemente para proteger a los más vulnerables. La fecha, marcada por la ejecución de estas órdenes, será recordada como un paso crucial en la lucha contra la explotación sexual infantil en la región.

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La denuncia por abuso sexual se remonta a septiembre de 2021, y en paralelo a la intervención de las autoridades nacionales y provinciales, así como del ministerio público fiscal, el obispo Tissera inició una investigación interna sobre los hechos denunciados, remitiendo un informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Los hechos investigados ocurrieron entre los años 1992 y 1998 en la Parroquia San Juan Bautista de Florencio Varela, donde el acusado se desempeñó como agente de pastoral y no como clérigo. La denuncia presentada reveló presuntas conductas inapropiadas por parte del diácono durante ese período.

En noviembre de 2022, Cristaldo solicitó a través de una carta la dispensa de su ministerio diaconal a la Santa Sede, expresando su voluntad de renunciar a sus responsabilidades religiosas.

«En nombre de la Iglesia Diocesana de Quilmes, Monseñor Carlos José Tissera desea solidarizarse con las víctimas de abuso», declaró la Diócesis en un comunicado oficial. «Siguiendo los lineamientos del Papa Francisco, reafirmamos nuestro compromiso de cuidar a los más vulnerables, prevenir delitos en contextos eclesiales y promover procesos de justicia, reparación y búsqueda de la verdad», agregó.

La Diócesis también puso a disposición de las víctimas y de aquellos que deseen realizar denuncias los mecanismos de prevención y recepción de denuncias de la Comisión de Prevención y Acompañamiento de Personas Víctimas de Abusos en Ámbitos Eclesiales. Estos mecanismos pueden ser encontrados en el sitio web oficial de la Diócesis (obisquil.org.ar/proteccion-de-menores-y-adultos-vulnerables).

El texto completo del comunicado

El obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, informa a la comunidad diocesana el Rescripto del Dicasterio para el Clero Prot N. 2023 1260/D en el cual declara la pérdida del estado clerical del diácono Hugo Héctor Cristaldo a partir del 2 de junio de 2023 y con ello la baja automática de los derechos propios de dicho estado a tenor de los can 290 §3 y 292.

En el mes de setiembre del año 2021 a partir de una denuncia de abuso sexual, y sin perjuicio de la intervención de las autoridades nacionales y provinciales, y el ministerio público fiscal, el padre obispo Tissera inició la correspondiente investigación previa relativa a dicha denuncia y elevó el informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los hechos investigados sucedieron en los años 1992 a 1998 en el ámbito de la parroquia San Juan Bautista de Florencio Varela donde el acusado se desempeñaba como agente de pastoral y no clérigo.

En el mes de noviembre del año 2022 el Sr Hugo Cristaldo solicitó por carta la dispensa del ministerio diaconal a la Santa Sede.

En nombre de la Iglesia diocesana en Quilmes, monseñor Carlos José Tissera se solidariza con las víctimas de abuso; y en unidad al Papa Francisco, renueva el compromiso del cuidado de los más vulnerables, en la prevención de delitos en ámbitos eclesiales y en la promoción de procesos de justicia, reparación y búsqueda de la verdad.

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La Justicia investiga cuándo ocurrieron los casos, pero no pasa de hace unas semanas, cuando el sujeto llegó a una vivienda en Quilmes cuyo terreno es compartido por varias familias.

Allí, según investiga la Justicia, abusó de por lo menos ocho menores de edad.

Su caída ocurrió en las últimas horas gracias a la ayuda de la primera víctima, y de una madre desesperada que le quitó la máscara y a una vecina que se animó a denunciarlo.

Ahora está internado en la sala de guardia del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela a dónde llegó después de una golpiza vecinal que no soportó su accionar. Dicen que en cualquier momento podría recibir el alta pero no quiere irse, tiene miedo.

La causa está siendo investigada por la Comisaría Cuarta de San Francisco Solano en Quilmes y por la Unidad Fiscal 8 de Florencio Varela, a cargo del Dr. Ruggieri. Es que el imputado de tamaño salvajismo vive en territorio varelense.

Las primeras medidas procesales ya fueron tomadas. Los ocho chicos desfilaron ayer por el Cuerpo Médico Forense del Cruce Florencio Varela, donde el profesional médico, avezado en cuestiones de este tipo, realizó el estudio correspondiente que en principio otorga veracidad a lo manifestado por la víctima.

El médico, fiel a un estricto protocolo, realizó los estudios correspondientes que ya fueron elevados a fiscalía. De la misma manera, se trasladó al Hospital local para constatar las heridas del supuesto victimario.

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El involucrado está acusado de abuso sexual con acceso carnal a sus dos hijos menores en reiteradas oportunidades. Se estima que los abusos habrían ocurrido entre los años 2004 y 2005. Luego, en el año 2006 se radicó la correspondiente denuncia.

Posteriormente el involucrado fue absuelto tras el proceso judicial, pero la fiscalía apeló el fallo. Sin embargo habiendo comparecido ante la justicia hasta el año 2017, el implicado no brindó su paradero y no pudo ser ubicado pese a agotarse todas las vías al alcance. En consecuencia el Tribunal Oral Nº5 del Departamento Judicial Quilmes, libró un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para establecer el paradero del buscado, con resultado negativo. Asimismo, el Tribunal ordenó a dicha División la investigación del caso.

En consecuencia, los efectivos federales realizaron amplias pesquisas durante varios días para determinar su paradero. Con los datos obtenidos, montaron una discreta vigilancia en la localidad de La Capilla ubicada en el partido de Florencio Varela. Finalmente el acusado fue detenido en la intersección de la Ruta Provincial Nº53 y Calle 1542.

El aprehendido, chileno de 69 años, quedó a disposición del magistrado interventor.

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La niña ingresó a cuerpo médico en una causa judicial por lesiones leves que apunta a un familiar directo. Fue llevada por un vecino que no es el tutor y el informe del profesional interviniente, según pudo saber Infosur, firmado por el Dr. Ariel Luz (MP 229372) señala que presenta escoriaciones en cuello y cara, entre otras lesiones.

Pero el ojo entrenado del profesional médico sospechaba que podría haber más. Es que las pericias revelaron que la víctima tenía, además, signos de abuso sexual. Por lo que derivó el caso a la Comisaría de la Mujer para que continúe las actuaciones.

Según los primeros indicios, la niña de apenas 12 años, fue golpeada y abusada por algunos familiares y vecinos, a los que la Justicia ahora investiga.

La causa se tramita en la Unidad Fiscal 10 de Florencio Varela.

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Esta vez se trata del titular de la comisaria quinta de La Capilla, Leandro Infante, a quien se le inició una Instrucción Preparatoria Penal (IPP) en la que una mujer policía lo acusa de abuso sexual y amenazas. La causa recayó en la fiscalía 8 de Florencio Varela y le otorgó la carátula mencionada.

En tanto, la Sargento denunciante a quien identificaremos como J.G., para preservar la identidad y no revictimizar, según aconseja la Mesa de Género Local para estos temas al periodismo, habló con el portal El Radar y adelantó algunos detalles de la denuncia.

En principio, admitió haber mantenido una relación sentimental con el comisario que duró un año y en la que señaló haber sido engañada en cuánto a que estaba rota la relación con la pareja.

En ese contexto, en julio del año pasado, según sus declaraciones, quedó embarazada y fue obligada a realizarse un aborto.

Otro dato que aportó fue que el comisario cuando mantenían relaciones consentidas no se cuidaba y que la obligaba a tomar las pastillas del día después, en una situación irresponsable y de poder.

También mencionó que él la había amenazado con matarla si se enteraba que ella estaba con otro hombre y que siempre la manipulaba psicológicamente.

En ese contexto, y siempre según la denuncia en sede judicial, relató que el día sábado, ella fue a la comisaría donde tuvieron relaciones sexuales consentidas con Leandro y que el domingo por la mañana, él la llevó a la casa que alquilaban juntos, que al llegar al lugar él la agarró del brazo, la llevó al baño, proponiendole mantener relaciones sexuales a lo que ella se negó. Entonces él de prepo bajó su pantalón y su ropa interior,  y abusó de ella analmente.

Según sus dichos, habría compañeras de ella que sufrieron acoso y que se enteró que Leandro mantenía relaciones sexuales dentro de la comisaría con varias uniformadas.

Según la denuncia de la víctima, a este sujeto le gustaban las prácticas sexuales salvajes, que siempre le agarraba del pelo y le decía “hacelo a lo Wanda” para referirse al sexo oral o decía “vamos a hacer el delicioso”.

Por otro lado expusó el miedo que tiene, ya que Leandro es cuñado del Jefe de Estación de policía del mismo partido y que en otra ocasión él habría sido denunciado en asuntos internos por una compañera suya y que la causa fue archivada.

Como se recordará, en febrero de este año, el comisario Darío Rodríguez fue denunciado por una mujer de 41 años por una supuesta violación en la propia comisaría primera de Florencio Varela supuestamente ocurrido en el mes de abril del 2021 y pese a la cual continuó al frente de la seccional.

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La denuncia trascendió durante el fin de semana, aunque ya lleva un año radicada en las esferas judiciales, y en las altas esferas policiales de Florencio Varela hay “silencio de radio”.

Nadie quiere hablar y a su vez todos estarían preocupados de la repercusión que pueda llegar a tener el tema en la opinión publica. Dónde también miran de costado y hacen muecas es en la Secretaría de Seguridad municipal, que comanda Roberto Mongelos.

Lo cierto es que Infosur habló con la denunciante sobre un caso que pone en vilo a las autoridades policiales y de seguridad. Se denuncian dos hechos gravísimos: el supuesto abuso sexual de un comisario en la propia comisaría. Y un enorme entramado policial para «encubrirlo».

https://www.elradardelsur.tv/articulo/florencio-varela-falta-de-memoria-de-conocimiento-o-una-tipica-fake-neus

El testimonio dramático: «El comisario me violó»

Vamos a llamarla L.L. para preservar su identidad por pedido expreso y para no revictimizarla, tal como sugiere la Mesa de Género de Florencio Varela a los medios de comunicación. La denuncia es gravísima y tiene miedo. «El comisario me violó», dice. Y lanza la denuncia pública.

El comisario Darío Rodríguez fue denunciado por una mujer de 41 años por una supuesta violación en la propia comisaría primera de Florencio Varela supuestamente ocurrido en el mes de abril del 2021 y pese a la cual estuvo al frente de la seccional hasta hace unos días.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso Infosur, todo ocurrió el 30 de abril pasado, aunque la se radicó en los primeros días de julio del mismo año, y tiene como principal acusado al entonces titular de la comisaría.

Los hechos investigados ocurrieron el 30 de abril en horas de la tarde cuando la mujer, esposa de un policía de la seccional, concurrió a realizar tareas de limpieza y, siempre según la denuncia, fue abusada sexualmente por el comisario en una de las oficinas de la dependencia policial.

La denuncia recayó en la fiscalía 10 de Florencio Varela y conformó la Investigación Preparatoria 010730/21, siendo el juzgado interviniente el número 8 del Dr. Villagra quien apenas recibida expidió una restricción perimetral para impedir el acercamiento del comisario a la denunciante o su entorno familiar. Pero siguió siendo comisario de la seccional. Increíble.

«Yo fui a dar una mano, a limpiar las oficinas porque mi marido estaba enfermo y no podía. Nunca imaginé que me iban a violar en una comisaría y menos un comisario», señaló en testimonio otorgado a Infosur la denunciante L.L.

En el testimonio exclusivo señaló que el comisario estaba vestido con el uniforme, tenía el arma en el cinturón y le hizo señas de que se callara al momento del abuso sexual que denuncia.

¿Una trama de encubrimiento?

La pregunta es clave: ¿Puede un comisario denunciado por supuesto abuso sexual continuar al frente de la comisaría donde habrían ocurrido los hechos? ¿Puede un jefe policial que tiene una restricción perimetral permanecer al frente de una comisaría? El sentido común diría que no, pero en la policía de Florencio Varela todo puede ocurrir y el denunciado permaneció al frente de la seccional hasta la semana pasada. Para L.L este es un hecho claro de «encubrimiento» por lo que hizo la correspondiente presentación a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense que deberá intervenir y resolver la situación del Jefe de Policía del Distrito, también de apellido Rodríguez.

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La pena del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 recayó sobre Oscar Orlando Chamorro (60) por el delito de «abuso sexual con acceso carnal» en perjuicio de las tres menores de edad que por entonces tenían entre 14 y 15 años.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Martín Mata, Gustavo Farina y Julia Márquez coincidieron con el alegato de la fiscal del juicio, Mariel Calviño, que solicitó 19 años de cárcel y quien al comienzo del debate que arrancó en septiembre pidió una ampliación de la acusación.

Chamorro había llegado detenido desde 2019 acusado por «promoción de la corrupción de menores», cuya expectativa de pena es de 15 años.

Sin embargo, en la primera jornada, la hija de la exconcubina de Chamorro declaró durante tres horas ante la jueza unipersonal Mónica Rodríguez y dio detalles de los abusos sufridos entre septiembre y octubre 2007, por lo que la fiscal solicitó ampliar la imputación a «abuso sexual con acceso carnal».

Ante esa situación, el juicio fue suspendido para conformar un nuevo tribunal colegiado dado que ese delito superaba la pena posible de 15 años de prisión.

Según las fuentes, el TOC 5 escuchó las declaraciones de las dos amigas que también sufrieron abusos y de la expareja del acusado.

La fiscalía dio por acreditado que Chamorro cometió los abusos sexuales contra las tres adolescentes y que, inclusive, se hacía pasar por un hombre con acento cubano que llamaba por teléfono para amedrentar a su hijastra.

Los voceros añadieron que las madres de las tres víctimas radicaron las denuncias y se inició la investigación.

Además, durante el período en el que hizo la denuncia y se separó del ahora condenado, la expareja de Chamorro declaró que el hombre la seguía y también la amedrentaba.

«Ella iba manejando por la autopista y él le mandaba mensajes diciendo que ya había pasado un peaje o estaba comprando yerba en un supermercado y le decía ‘así que vamos a tomar un matecito’, sabía siempre donde estaba y ella estaba aterrada», contó otro investigador.

Tras el alegato de la fiscalía y la defensa, los jueces dieron a conocer el veredicto condenatorio y la sentencia a 19 años de cárcel.

Chamorro estuvo procesado en una causa anexa por el caso de narcotráfico conocido como «Carbón Blanco», una operación en la que se desbarató a una banda narco que entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 contrabandeó en tres envíos un total de 1.057 kilos de cocaína de una pureza del 80 por ciento a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en la ciudad chaqueña de Quitilipi.

La organización criminal fue liderada por el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore y por el caso hubo dos juicios, uno en 2015 con cinco condenados a penas de entre 12 y 21 años por el contrabando de estupefacientes, y otro en 2019 por el lavado del dinero, en el que se declaró culpables a tres personas y se ordenó el decomiso de 70 inmuebles, 26 automotores y dinero.

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El acusado, un sujeto de 52 años, fue detenido por efectivos policiales de la comisaria cuarta de Florencio Varela quienes llevaron adelante las actuaciones judiciales instruidas por la fiscalía 8 de delitos de índole sexual de la localidad.

Según la denuncia, la joven, de quien se reserva los datos filiatorios, había ido a visitar a su amigo a la casa, como había hecho en otra oportunidad. En un momento de la tarde noche concurre al baño de la vivienda donde es sorprendida por el padre del amigo, quien la violó.

La joven huyó del lugar y contó lo sucedido a los familiares quienes radicaron la denuncia. Tras los estudios médicos correspondientes, los forenses determinaron que tenía signos compatibles con la violación, por lo que el juzgado de garantías 5 de Florencio Varela determinó la detención en la causa caratulada como «abuso sexual con acceso carnal en concurso real con corrupción de menores».

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Por orden del juez Adrián Marcelo Villagra, del Juzgado de Garantías N° 8, se determinó la detención de DAS (de quien este medio se reserva los datos filiatorios). Tal quedó acreditado en el requerimiento del doctor Ruggeri el encartado habría abusado de en dos hechos diferentes de las hijas de su pareja en una finca de la localidad de Bosques por períodos de años. «Que el procesado abusó sexualmente de la niña entre sus 10 y 14 años de edad, mediante tocamientos aprovechando la convivencia preexistente que mantenía con la menor y que la misma quedaba bajo su cuidado, por resultar ser pareja de la progenitora de la niña, generando ello un sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización»; indican las actuaciones judiciales.

Más adelante se afirma que «dichas acciones fueron prolongadas en el tiempo alterando la distorsión de la personalidad sexual de las víctimas». En el segundo hecho la pequeña fue víctima de los delitos que se le endilgan al encausado entre los 8 y los 12 años de edad. La calificación legal es la de «abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la calidad de guardador del imputado y por aprovechar la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad y corrupción de Menores».

Con tales elementos ayer se indagó al detenido que se negó a declarar y seguirá detenido.

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El comunicado que lleva las firmas del presidente de los Bomberos Voluntarios de Varela , Sergio García y del Jefe del Cuerpo Comandante Mayor Franco Risso narra que se vieron obligados a realizar el comunicado de fecha 14 de enero , para aclarar los comentarios y notas publicadas en medios electrónicos en referencia a lo que denominan «abuso sexual simple» que se habría producido dentro de las instalaciones del cuartel central de calle 25 de mayo entre Defensa y Uriburu de Varela Centro, el cual resultará víctima una oficina y victimario un Suboficial del cuerpo.

En el comunicado al que tuvo acceso este medio, se específica que » el 8 de enero a las 20 hs el Jefe del Cuerpo ( Risso) recibió un informe donde la oficina de Bombero relataba hacer sido víctima de abuso sexual».
Continúan narrando que por el tenor del hecho se comunicó el mismo a la Comisión Directiva de la institución, y se inició un » sumario a los fines de investigar el hecho denunciado», que la CD se reunió el 9 de enero, ordenó el inicio de la investigación y «la suspencion en disponibilidad ( preventiva) de los imputados durante el plazo que demande el sumario).

Por otro lado, las autoridades de la legendaria institución de Florencio Varela, en su misiva manifiesta que » ante la inexactitud de los trascendidos periodisticos el 13 de enero » se reunieron con la víctima quien según el comunicado » se sintió acompañada … por la institución; destacó el rápido accionar del Jefe del Cuerpo».
Hay que aclarar que dicha reunión se realizó luego de que la denuncia saliera a la luz o sea a cinco días de los hechos (8/1/20) y a tres después de que la Oficial de Bomberos radicada la denuncia penal.

Bomberos llamó a buen uso de las redes?
En el comunicado de la CD de Bomberos Voluntarios de Varela se específica que » no van a brindar resolución, comunicación , ni entrevista a la prensa … Hasta que no haya resolución judicial».
Y alertan a la población al uso responsable de las redes sociales…» Se hace un llamado a la Sociedad a hacer un uso responsable de las redes sociales y de las publicaciones periodísticas , manteniendo el respeto…evitando publicar nombres , datos personales de las partes, detalles que pueden afectar el buen nombre y honor de las personas».

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