«El principal productor del contenido está preso con condena a 50 años por abuso sexual. Hoy le encontramos carpetas en su dispositivo divididos por nombres de sus víctimas», reveló el fiscal Daniel Ichazo, mientras recorría las celdas oscuras donde funcionaba esta red criminal.

La sorpresa de los investigadores no fue solo por el descubrimiento de celulares y una computadora en poder del condenado, sino por la sofisticación del sistema: utilizaban una aplicación que simulaba ser una calculadora para almacenar y distribuir el material aberrante. El violador, desde su encierro, había logrado burlar todos los controles del servicio penitenciario, aunque el olor a connivencia será materia de investigación.

«¿Cómo es posible que alguien condenado por delitos contra menores pueda seguir atacando a sus víctimas desde adentro de la cárcel?», se preguntó uno de los investigadores mientras documentaba el hallazgo de los dispositivos electrónicos.

El caso pone en jaque al sistema penitenciario bonaerense. El recluso, que debería estar cumpliendo una de las condenas más severas por abuso sexual, no solo mantenía contacto con el exterior sino que había montado un verdadero centro de distribución de material prohibido desde su celda.

«Este caso demuestra las graves falencias en el control de los internos considerados de alta peligrosidad», señaló el fiscal Ichazo en declaraciones a la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

La investigación, que forma parte de la «Operación Protección de las Infancias IV», destapó una realidad escalofriante: las rejas de la cárcel de Florencio Varela no fueron suficientes para detener a este depredador sexual, quien desde su celda seguía causando daño a menores de edad.

Mientras los investigadores continúan recolectando evidencia, una pregunta resuena en los pasillos de la unidad penitenciaria: ¿Cuántos otros condenados por delitos graves siguen delinquiendo tras las rejas sin ser detectados?

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