A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo están cerrando el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

En el ultimo tramo de la discusión, el diputado del Frente de Todos, Héctor Bárbaro, anticipó que se abstendrá en la votación del proyecto sobre la legalización del aborto en lugar del rechazo como hizo en el 2018, y que mantiene su postura porque cumple con su «palabra con el pueblo misionero».

También exponen en este último tramo las diputadas Brenda Austin, Silvia Lospennato, Graciela Camaño, Silvana Ginocchio, Gabriela Estevez y Gabriela Cerruti, de uno y otro lado de la iniciativa.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, cuenta con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria de Salud, Carla Vizzott, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, entre otros.

Tras la aprobación del proyecto se comenzará a discutir el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia.

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El pasado martes 17 se presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo de Nación, de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto. Veamos cuáles son los aspectos más importantes del proyecto de ley.

El proyecto, que está destinado a las mujeres y personas con distintas identidades de género con capacidad de gestar, tiene dos ejes diferentes pero complementarios en materia de ampliación de derechos: por un lado regula en qué circunstancias no será punible la interrupción del embarazo y por otro la atención sanitaria posaborto, el acceso irrestricto a la salud, el respeto a la autonomía de la voluntad, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos en general de las mujeres y personas gestantes.

Respecto a la primera cuestión se establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional. Luego de la semana 14 se tendrá derecho a la interrupción del embarazo sólo cuando sea producto de una violación y si estuviera en peligro la vida o salud de la persona gestante. Se mantienen por lo tanto los dos supuestos establecidos en el actual artículo 86 del Código Penal para el aborto no punible (violación y peligro en la vida o salud), aunque con dos importante diferencias en estos dos casos. Para el supuesto de violación en el proyecto se elimina el requisito del actual art. 86, el cual exige que debe tratarse de una violación o “atentado al pudor” contra “una mujer idiota o demente”. En el supuesto de peligro en la vida o salud, el proyecto también elimina el requisito actual de que ese peligro “no pueda ser evitado por otros medios”. La eliminación de estos requisitos actuales dentro de los casos de violación y de peligro en la vida o salud, le da mayor amplitud al derecho a la interrupción del embarazo de lo que establece el actual art. 86.

El proyecto también establece que para el caso de violación se requiere de una declaración jurada (no denuncia penal) ante el personal de salud, cuestión no requerida si la persona gestante es menor de 13 años de edad. Respecto al segundo supuesto hay que mencionar que se deberá entender según el concepto amplio de salud que establece la OMS cuando menciona que “la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad».

Con el nuevo cambio de paradigma el proyecto establece modificaciones a los articulos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal y agrega el articulo 85 bis, adecuando de esta manera la normativa actual a la despenalización irrestricta del aborto hasta la semana 14 de gestación. El nuevo art. 85 bis pena con prisión de tres meses a un año de prisión e inhabilitación al funcionario o personal de salud que negare o dificultare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Esta introducción es muy importante para garantizar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no sea negada por funcionarios o personal de salud, ya que más allá de que el proyecto autoriza la objeción de conciencia para los profesionales de salud, también establece que no obstante la misma, igualmente se deberá garantizar dicho acceso. La modificación al artículo 88 implica también una clara diferencia a lo que se establece actualmente. El proyecto estipula que aunque el aborto sea practicado luego de la semana 14 de gestación y fuera de los supuestos que lo autorizan en ese plazo, se podrá eximir de pena a la persona gestante cuando

“las circunstancias hicieren excusable la conducta”. Esto permite a los jueces usar un criterio de salud, vulnerabilidad, o de otro tipo para no criminalizar aún en casos en donde el aborto haya sido practicado fuera de los casos legalmente establecidos.

Otra cuestión progresiva que garantiza los derechos de los niños, niñas, adolescentes e infancias establecidos en Convenciones Internacionales, es que se presume que los adolescentes de entre trece y dieciséis años de edad cuentan con madurez y aptitud suficiente para decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en caso que el procedimiento implique un grave riesgo para la salud o vida se requiere, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Asimismo se establece que las personas menores de trece años prestaran su consentimiento para dicha practica con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Para las personas mayores de dieciséis años de edad se establece la plena capacidad de consentimiento en todos los casos.

Por último hay que mencionar que el segundo eje que marcamos al principio tiene que ver con todo el catálogo de derechos y garantias que se establecen en el proyecto de ley. En primer lugar el derecho a decidir la interrupción del embarazo junto al derecho a requerir de asistencia médica antes y después de dicha práctica. La interrupción del embarazo deberá realizarse dentro del plazo de diez días desde la petición en los servicios de salud, en el marco de; un trato digno, confidencialidad, acceso a la información y la atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso. Además deberá garantizarse previo a la interrupción del embarazo el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

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“Florencio Varela no puede quedarse al margen. El Aborto Legal, Seguro y Gratuito es algo de lo
que se habla en todos los puntos de nuestra ciudad, dando un debate -no solo- por el derecho al
aborto, -sino también- su despenalización social”, remarcaron las mujeres en un comunicado que
acercaron a la redacción de Infosur.

Bajo el lema «Es Ahora Varela” llevaron sus pañuelos y expresiones al centro de la ciudad y a un
lugar emblemático local “Lo que, en un principio solo fueron un par de voces a las que
pretendieron silenciar, hoy somos cientos que resuenan y nos hemos vuelto una marea, con el
pañuelo verde como ícono del feminismo que nos hermana a nivel internacional. Somos el
resultado del esfuerzo colectivo para lograr sociedades más justas e igualitarias. Somos una fuerza
que ya ha logrado hacer visible a todos los vecinos la necesidad de avanzar en la garantía de
derechos ya adquiridos, como la ESI y la ILE, que -lamentablemente- siguen siendo vulnerados día
tras día”, remarcaron.

En otro párrafo señalaron que “Este 11-11, salimos a la calle tomando las medidas necesarias para
cuidarnos en esta pandemia, inundamos las redes sociales con el activismo de siempre para sumar
a una gran acción federal que ya lleva 15 años, en favor de los derechos a la salud, la vida y la
autonomía de las personas con capacidad de gestar.”.

Para finalizar señalaron que “Hoy, en Varela hay un antes y un después, hoy nos dejamos de
titubeos y nos plantamos firmemente. Los pañuelos verdes seguiremos en lo alto hasta que el
aborto voluntario sea ley”.

La Cámara de Diputados se prepara para dar el debate de los proyectos de legalización del aborto
y del Plan de los 1000 días que enviará al Congreso el Gobierno Nacional, que apeló a la
«responsabilidad» para desarrollar un análisis «respetuoso» y «sin agravios ni escraches de ningún
lado».

Pero mientras aguardan que el gobierno envíe el proyecto de legalización de aborto, las diputadas
que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y
Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones «pro vida», ya hacen números de como
sería la votación en la cámara baja.

De hecho, la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin
importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene
mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio de celestes.
Fuentes parlamentarias señalaron que en diputados los números están más ajustados, pero se
impone la postura a favor de la legalización del aborto, con mayor holgura de lo que sucedió en el
2018 cuando que la votación en un final muy parejo salió 129 a 125 votos a favor de la legalización
tras un duro debate.

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