Se trata de Matías Marcello, abogado de Omar Gallardo, padre de Paloma, quien a través de un extenso descargo público expuso una serie de cuestionamientos al desarrollo de la investigación, denunció demoras injustificadas, irregularidades procesales y una persecución sistemática contra la familia.

Según detalló el letrado, la causa tuvo serios problemas en su etapa inicial, con cuestionamientos al accionar del primer fiscal interviniente, Bustos Rivas, quien luego se excusó de continuar en el expediente.

En ese contexto, señaló la causa contra el abogado Carlos Diegues, asesor de la familia Salvatierra, que se encuentra elevada a juicio, pero sin fiscal sorteado, lo que —según explicó— genera nuevas dilaciones en un expediente ya marcado por la falta de avances durante meses.

El abogado remarcó además que desde su intervención, en junio de 2025, la investigación comenzó a tomar un impulso procesal que antes “era inexistente o casi nulo”, aunque advirtió que aún persisten pruebas clave pendientes de producción, incluso vinculadas al mismo 30 de enero de 2025, día de la desaparición de los adolescentes.

“Resulta increíble que, a casi un año, todavía estemos solicitando medidas de prueba básicas”, expresó, al tiempo que señaló que existen numerosos pedidos sin respuesta por parte del sistema judicial.

Otro de los ejes más sensibles del descargo fue la denuncia de hostigamiento contra la familia Gallardo, que —según sostuvo— sufrió durante todo este tiempo una verdadera “cacería de brujas” a través de redes sociales, plataformas de YouTube y algunos espacios mediáticos, con injurias, calumnias e incitaciones al odio, muchas de ellas realizadas desde cuentas anónimas.

En esa línea, Marcello también repudió la difusión de imágenes de la causa con fines sensacionalistas, una situación que aseguró fue denunciada judicialmente, y advirtió sobre la existencia de más de una decena de causas conexas abiertas a raíz del doble crimen, algunas de ellas por delitos de instancia privada que aún no prescribieron.

El abogado describió además un escenario de profunda división entre los particulares damnificados, con dos familias atravesando el duelo de maneras muy distintas, y denunció que una de ellas —la familia Gallardo— enfrenta no solo la pérdida de Paloma, sino también una persecución sostenida “sin sustento fáctico ni jurídico”.

“De Paloma se dijeron cosas muy graves y dolorosas. Se construyó una falsa memoria colectiva para demonizar a su familia”, sostuvo Marcello, quien remarcó que su trabajo apunta a que “se investigue todo y a todos”, sin excepciones.

Finalmente, el letrado aseguró que, pese al dolor y a las dificultades, mantiene la convicción de que la Justicia llegará, y afirmó que continúa trabajando “sin descanso”, agotando todas las herramientas legales disponibles para que el caso tenga un esclarecimiento completo.

The post Abogado de la familia Gallardo denunció graves irregularidades en la causa first appeared on Infosur Diario.

En los últimos años, y con mayor intensidad en estos días, se ha escuchado o leído en distintos medios, de la boca de políticas y políticos o analistas,el término lawfare (cuya traducción es “guerra jurídica”). Más allá de su significado literal ¿Qué implica este término? ¿En qué nos afecta? ¿De donde viene este concepto? Trataremos de develar estas preguntas a continuación.

El término lawfare apareció en una publicación de estrategia militar en 1999 en EE.UU. Trascendió a las Fuerzas Armadas norteamericanas y comenzó a ser utilizado como estrategia política de dominación sobre los poderes judiciales de los países de América Latina. Esto puede llevarse a cabo mediante “recomendaciones” de reformas judiciales (siempre más represivas), en la formación de jueces en instituciones norteamericanas, e instalando culturalmente un sentido común en nuestras sociedades que permita ciertos objetivos.

Básicamente se coloniza al poder judicial con jueces que defienden intereses de las élites locales y extranjeras, dejando de lado el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, afectándose el derecho de cualquier persona a un juicio justo.

En el mundo actual, a través de la apelación permanente a un vocabulario bélico tal como: guerra contra la corrupción, guerra contra las drogas, guerra contra la delincuencia, etc, se intenta instalar socialmente desde los centros de poder políticos y económicos planetarios, la idea de que estamos permanentemente en guerra contra algo o contra alguien. Estar en guerra siempre implica una situación de excepcionalidad en donde los derechos de la ciudadania, las garantias contitucionales, y las libertades de las personas deben limitarse, restringirse o incluso suprimirse, ya que justamente la excepcionalidad de estar en guerra implica estos “sacrificios” para vencer al enemigo. La “guerra juridica” tiene este mismo objetivo: a través de su implementación afectar a todo el sistema de garantías y derechos para el conjunto de la sociedad.

La guerra jurídica, entonces, se configuró en latinoamérica como un método de lucha política donde los poderes concentrados de la economía, y las élites locales y extranjeras, usan al poder judicial para atacar políticamente a líderes populares, cuyas políticas implementadas no responden a sus intereses. El caso del ex presidente de Brasil Lula Da Silva es el más paradigmático sobre cómo opera el “lawfare”: encarcelamiento ilegal para impedir su candidatura, la complicidad de ciertos medios masivos de comunicación para manipular la opinión pública y una causa judicial armada con jueces que responden a un sector político que hace trizas la supuesta independencia del poder judicial. Este modus operandi se repitió en otros países como Paraguay, Honduras, Ecuador o Argentina.

La utilización de ese vocabulario bélico que señalé intenta manipular y atemorizar a la sociedad. Si tal manipulación mediática es exitosa, importantes sectores de la sociedad terminan apoyando la colonización de nuestros poderes judiciales en todo el continente.

Es importante para el conjunto de la sociedad conocer las nefastas consecuencias de este método de guerra que se aplica en nuestras sociedades latinoamericanas. No solo se daña nuestro estado de derecho, o restringen nuestras libertades, sino que también se buscan instalar mediante el lawfare regímenes políticos que causan hambre, miseria y represión a nuestros pueblos.

*Abogado penalista

The post ¿Qué significa lawfare? first appeared on Infosur Diario.

Respecto del debate sobre los límites de la prisión preventiva tenemos que distinguir el relato de algunos medios de comunicación y la realidad respecto a un tema tan sensible, no solo para el sistema penal, sino también para la sociedad en su conjunto, como es tener presas a personas que son inocentes. Tengamos en cuenta que la prisión preventiva es la detención de una persona que goza de la presunción de inocencia, durante un procedimiento previo al dictado de una condena.

El relato de medios como Clarín o el periodista Majul, en su programa «La Cornisa», intentan instalar que los limites a la prisión preventiva, que se establecieron a través de pautas dictadas el año pasado por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal, favorecería a funcionarios del gobierno anterior que están presos preventivamente, la mayoría por causas de corrupción o lavado de dinero. Otro rumor que echan a correr desde ciertos sectores es que podría producirse un excarcelamiento masivo de más de 8 mil presos. Esto es una ficción.

La realidad jurídica de este tema es que la prisión preventiva se puede aplicar solo en dos casos: entorpecimiento de la investigación o cuando hay peligro de fuga. Los límites a la prisión preventiva ya están en el código procesal penal, en Nación y en las diferentes jurisdicciones. El juez no se puede apartar de estas dos causas para tener detenida a una persona durante este procedimiento. Ahora bien, hay una reforma que se está llevando a cabo de manera progresiva en diferentes jurisdicciones. Hay normas de este nuevo código procesal penal que dan parámetros que colaboran en la determinación de las dos causas mencionadas más arriba.

La comisión encargada en el Congreso adelantó la vigencia de estos dos artículos del nuevo Código. La realidad indica que hoy existe una gran cantidad de presos y presas sin condena. En estos casos la prisión preventiva significa una pena anticipada, personas que permanecen encerradas por años, en su mayoría lo padecen los más vulnerables, que no cuentan con una defensa adecuada.

*Abogado penalista

The post La oficialización de la Prisión Preventiva concretada hoy explicada por un experto abogado penalista first appeared on Infosur Diario.