Miriam Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar el dolor de la familia y cuestionar las palabras del exjefe policial, quien días atrás había hablado públicamente sobre el expediente judicial.

“A Lauty no lo dejaron vivir”, escribió la mujer en un extenso posteo cargado de angustia, recuerdos familiares y reclamos de justicia.

En el mensaje, la abuela recordó momentos íntimos de Lautaro Morello junto a su familia, mencionó el nacimiento de nuevos integrantes que el joven no pudo conocer y volvió a apuntar contra los acusados por el crimen.

“Lauty no falleció, lo asesinaron Maximiliano y Cristian Centurión. No hay otra verdad”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Francisco Centurión rompiera el silencio desde prisión y desplegara una estrategia pública de defensa en medio de la espera por el futuro juicio oral.

“No nos van a amedrentar”

En otro tramo del mensaje, Miriam Aguilar cuestionó que se intente “defender lo indefendible” y sostuvo que la familia continuará reclamando justicia.

“No nos van a amedrentar. Queremos justicia”, escribió.

La mujer también describió el profundo impacto emocional que el crimen provocó dentro de la familia Morello y recordó la muerte del abuelo de Lautaro, ocurrida un año después del asesinato.

“Ya no soportaba lo que te habían hecho y ver a tu mamá sufriendo”, señaló.

Una causa que sigue conmocionando a Varela

El caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante continúa generando fuerte repercusión en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022.

La investigación avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en la detención del excomisario Francisco Centurión y otros acusados vinculados al expediente.

Mientras las defensas comienzan a moverse de cara al futuro juicio, las familias de las víctimas mantienen activo el reclamo de justicia y continúan denunciando un entramado de encubrimiento detrás del caso.

El posteo de la abuela de Lautaro volvió a exponer el dolor que atraviesa la familia Morello y reavivó el fuerte impacto social que el expediente mantiene en Florencio Varela.

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Las recientes declaraciones del exjefe policial desde prisión no aparecieron de manera aislada. En el entorno judicial del caso son leídas como parte de un movimiento defensivo previo al futuro juicio, en una causa marcada por fuertes tensiones, demoras procesales y un enorme impacto público en el sur del conurbano.

Centurión, uno de los principales acusados en el expediente, eligió romper el silencio después de años. Lo hizo con un discurso donde buscó presentarse como víctima de una causa armada, apuntó contra fiscales y jueces, y dejó entrever una estrategia orientada a disputar no sólo el terreno judicial, sino también la opinión pública.

El movimiento no pasa desapercibido. En causas de alto impacto mediático, la construcción de sentido alrededor de los acusados suele convertirse en un elemento clave antes de la etapa de juicio oral, especialmente cuando existe la posibilidad de un juicio por jurados.

La apuesta de Centurión por el juicio por jurados

Uno de los puntos que aparece detrás de las declaraciones de Centurión es la eventual llegada del expediente a un jurado popular, escenario donde las defensas suelen intentar humanizar a los imputados y cuestionar la legitimidad de la investigación. Sobre todo ante la contundencia técnica de los indicios.

En ese contexto, las entrevistas públicas, los mensajes desde prisión y las críticas al proceso judicial pueden transformarse en herramientas para instalar dudas o generar empatía social antes de que el caso llegue a debate.

El expediente por Lautaro Morello y Lucas Escalante arrastra además un fuerte desgaste producto de las demoras judiciales, audiencias suspendidas y discusiones procesales que marcaron la causa desde el comienzo.

Mientras las familias de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y apuntan a un entramado de encubrimiento policial, las defensas comenzaron a reforzar otra línea narrativa: la existencia de irregularidades y supuestas inconsistencias en la investigación.

Una causa que conmocionó a Florencio Varela

El caso tuvo un enorme impacto en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022, cuando Lautaro Morello apareció asesinado y Lucas Escalante desapareció luego de salir juntos rumbo a un encuentro vinculado a la compra de drogas.

Con el correr de la investigación, la causa avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en detenciones de alto perfil, entre ellas la de Francisco Centurión, excomisario de la policía Bonaerense

Desde entonces, cada movimiento judicial alrededor del expediente genera fuerte repercusión pública y política en la región.

Las recientes declaraciones de Centurión volvieron a poner el caso en el centro de la escena y dejaron al descubierto que la pelea ya no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno de la construcción pública del relato sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Florencio Varela.

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La interrupción fue informada por la propia compañía a través de sus redes sociales, donde comunicaron que las unidades se encontraban “fuera de servicio por medida gremial”.

Hasta el momento, la empresa no brindó mayores precisiones sobre los motivos del conflicto ni sobre cuándo podría normalizarse la circulación de los colectivos.

La línea 148 había retomado sus recorridos el pasado 1 de mayo luego de varios meses de paralización provocados por la crisis de la anterior prestataria, El Nuevo Halcón, situación que afectó durante meses a miles de usuarios que utilizan diariamente el servicio para viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la zona sur.

El regreso de la línea había sido presentado como una solución esperada por vecinos y trabajadores que dependen del recorrido para trasladarse diariamente. Sin embargo, la nueva interrupción volvió a encender la preocupación entre los pasajeros habituales.

La nueva etapa de la línea comenzó bajo la gestión de “Misión Buenos Aires”, empresa que asumió la operación con el objetivo de restablecer las frecuencias y garantizar la continuidad del servicio.

Mientras tanto, usuarios expresaron su malestar en redes sociales ante la falta de colectivos y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio.

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El hecho se registró cerca de las 16:10 en la intersección de Martínez y las vías, jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Florencio Varela, tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente ferroviario.

De acuerdo al adelanto oficial del Comando de Patrullas, el conductor de la formación A710 de la línea del tren Roca, relató ante los efectivos que dos hombres habrían cometido un ilícito contra pasajeros dentro del tren y que, al verse descubiertos, intentaron escapar descendiendo de la formación en movimiento.

En medio de la fuga, uno de los sospechosos cayó sobre las vías y fue alcanzado por las ruedas del tren Roca, falleciendo en el acto. La víctima fatal todavía no había sido identificada y fue descripta como un masculino de aproximadamente 25 años.

El otro implicado logró darse a la fuga y, según indicaron fuentes policiales, podría encontrarse herido.

En el lugar trabajó personal del SAME quien constató el fallecimiento. También intervino personal policial y efectivos de la Oficina de Servicio de Accidentes (OSA), mientras la zona permaneció preservada para las pericias correspondientes.

La escena provocó fuerte conmoción en San Rudecindo, una zona donde vecinos denuncian reiterados hechos de inseguridad dentro de las formaciones ferroviarias.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que intentará determinar cómo ocurrió la secuencia dentro del tren y la participación de los involucrados.

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Habló, pero no respondió lo que importa

El comisario Francisco Centurión eligió el programa Se Presume Inocente, que conduce la periodista Alejandra Ojeda Garnero por FM Wox con el acompañamiento de la ONG Inocente Colectivo, para romper el silencio. Un espacio que, ya desde su nombre, anticipa el tono del relato.

En poco más de veinte minutos de comunicación entrecortada desde la unidad carcelaria donde está detenido, Centurión repasó sus argumentos de siempre: que la investigación está viciada, que el fiscal lo persigue, que los jueces no son los naturales, que su domicilio fue allanado cinco veces sin encontrar nada, y que él estaba de vacaciones en Entre Ríos cuando todo ocurrió.

Lo que no explicó —ni le preguntaron con la insistencia que el caso merece— es por qué la Justicia lo tiene sentado en el banquillo junto a su hijo, su sobrino y otros efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Bosques. Por qué, pese a todos sus reclamos, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló hasta ahora su liberación. Y por qué el juicio, lejos de derrumbarse, sigue en pie con una elevación a juicio oral ya firme.

Lo que dice la Justicia: una acusación que sobrevivió todas las impugnaciones

El 9 de diciembre de 2022, mientras la Argentina entera miraba el partido contra Países Bajos en el Mundial de Qatar, Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron en Florencio Varela. Lautaro apareció muerto. Lucas sigue sin aparecer.

La investigación apuntó desde el principio al entorno policial de la zona. El hijo de Centurión, Cristian, tenía contacto con Lucas Escalante: se conocían del gimnasio, según reconoció el propio comisario. Ese vínculo, sumado a otros elementos probatorios que el expediente contiene y que las defensas no pudieron hacer caer, derivó en la elevación a juicio de toda la cadena acusada.

Las defensas impugnaron prácticamente todo: al fiscal original, al fiscal sustituto, al primer juez, al segundo juez. La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos y el proceso siguió adelante. Centurión interpretó eso como una conspiración. La Justicia lo interpretó como que no había nulidades que prosperaran.

El comisario Argañaraz —jefe de la Comisaría 4ª al momento de los hechos y también imputado— ya tiene su propio historial judicial en la zona. Como publicó Infosur, el oficial que era su segundo en la Cuarta de Bosques fue recientemente designado al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela, un dato que habla de las tensiones que todavía recorren la estructura policial local.

«Me dispararon por la espalda»: el relato de su detención

Centurión dedicó un tramo extenso de la entrevista a narrar cómo fue detenido, meses después de que su hijo y su sobrino ya estuvieran presos. Dijo que salía a pie hacia el cardiólogo cuando una comisión de la Policía Federal, en una camioneta negra sin identificación, lo interceptó a metros de su domicilio.

«Me apuntaron con el arma, me embistieron con la camioneta. Intenté escapar pensando que era un robo», relató. Treinta metros después, dos disparos. Uno le impactó en la pierna izquierda. Fue ahí cuando se enteró de que había una orden de detención en su contra.

La versión policial del operativo es, naturalmente, diferente. Y el hecho de que hubiera una orden judicial vigente —emitida por el juez de garantías luego de la investigación— es el dato que Centurión prefirió enmarcar como «intento de eliminación» antes que como una detención ordenada por la Justicia.

El fiscal armó una comisión especial para ir contra nosotros»

Centurión apuntó con dureza al fiscal Daniel Ichazo, quien no fue el fiscal original de la causa —ese rol lo ocupó la doctora Don Giovanni, luego apartada— sino que fue designado posteriormente. Según el comisario, no fue asignado por sorteo sino «a dedo», y con él «se descartaron todas las líneas de investigación alternativas».

«Hay cinco o seis hipótesis que estaban en la causa y que nunca se siguieron. El fiscal sólo miró hacia nosotros», afirmó. Entre esas líneas, mencionó testimonios que habrían ubicado a Lucas Escalante con vida en días posteriores al 9 de diciembre, y referencias a un presunto secuestro previo que habría sufrido el joven, vinculado a la familia de un empresario de la construcción.

También cuestionó la remoción del juez original, el doctor Bustero, quien había ordenado su excarcelación luego de que Centurión prestara declaración. Tras un escrache frente al juzgado de garantías —con pintadas y presión pública—, Bustero se excusó. La Cámara de Apelaciones designó al doctor Agüero, quien revirtió la decisión y ordenó la detención.

«Tanto el fiscal como el juez fueron designados especialmente. Se armó una comisión especial para gestionar esta investigación puntualmente en mi contra», denunció.

Cinco allanamientos, ninguna prueba

Uno de los argumentos más contundentes que esgrimió Centurión es que su domicilio fue allanado en cinco ocasiones. En ninguna de ellas —afirmó— se encontró un solo elemento que vinculara a las víctimas con el lugar: ni muestras periciales, ni movimientos de suelos, ni objetos secuestrados de relevancia.

«Vinieron los especialistas más destacados, levantaron muestras, revisaron todo. No encontraron nada», sostuvo. Y recordó que al momento del hecho se encontraba en la provincia de Entre Ríos, pasando un fin de semana largo con su novia, y que regresó el 10 de diciembre.

El juicio: sin fecha, entre jurado popular o técnico

La causa tiene previstas unas 300 declaraciones testimoniales. Sin embargo, la fecha del debate oral sigue sin confirmarse. Centurión atribuyó las postergaciones a cuestiones procesales vinculadas a las distintas defensas —incluyendo un cambio de abogado en su propio caso— y a la evaluación de un factor clave: si el juicio será técnico o por jurado popular.

«Si hay muchas irregularidades, un jurado de ciudadanos va a ser más objetivo para evaluar las pruebas. Ellos escuchan, no tienen compromisos», reflexionó. Los plazos máximos de la prisión preventiva —dos años— ya vencieron para los tres detenidos principales, sin que el proceso haya avanzado al debate.

«Hay personas que terminan aceptando condenas para terminar con el calvario»

En el cierre de la entrevista, Centurión amplió su mirada hacia lo que describió como un patrón que se repetiría en casos similares: investigaciones mediáticas, abogados querellantes siempre presentes —mencionó a la Comisión Provincial por la Memoria y sus representantes legales— y fiscales que «direccionan la causa para tranquilizar el clamor social».

«Hay personas que terminan aceptando condenas en juicios abreviados para que se termine el calvario de la detención. Eso está muy mal y debe ser replanteado», advirtió. Y concluyó: «No tenemos absolutamente nada que ver con este hecho. Y eso se va a demostrar en el juicio».

Tres años y medio preso, juicio sin fecha: la estrategia de la demora

Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Los plazos legales máximos de dos años ya se cumplieron, lo que obliga al Estado a acelerar el proceso o liberarlos. Hasta ahora, la Justicia optó por sostener las detenciones argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.

El debate oral debía comenzar el 14 de abril pasado. No empezó. Centurión atribuyó la postergación a cuestiones procesales —cambio de abogado, definición entre juicio técnico o por jurados— pero el patrón de dilaciones lleva ya seis audiencias preliminares caídas. Las familias de las víctimas esperan.

Sobre el juicio por jurados, Centurión se mostró abierto. No es casual: un jurado popular que desconozca los detalles técnicos del expediente puede ser más permeable a un relato emotivo. La defensa lo sabe. La Fiscalía también.

Lo que Centurión no dijo

En ningún momento de la entrevista el comisario explicó qué hacía el personal de la Comisaría 4ª de Bosques en el contexto en el que los jóvenes desaparecieron. No habló de las comunicaciones que el expediente registra. No explicó por qué la Fiscalía —con todos los recursos del Estado a su disposición y bajo el escrutinio de múltiples defensas— sostuvo la acusación durante casi cuatro años si, como él dice, «no hay ningún elemento probatorio contundente».

Sí dedicó tiempo a describir un supuesto patrón de casos armados, con fiscales, medios y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria actuando en conjunto para «tranquilizar el clamor social». Una teoría que, de ser cierta, implicaría una coordinación criminal de proporciones extraordinarias. Y que, de ser falsa, sería simplemente lo que suelen decir quienes tienen mucho que perder cuando llega el juicio.

El juicio se acerca. Centurión habló. Pero las preguntas que importan siguen sin respuesta.

Francisco Centurión habló desde la cárcel en el programa Se Presume Inocente, emitido por FM Vox los sábados a las 9 de la mañana, conducido por Alejandra Ojeda Garnero con la participación de la ONG Inocente Colectivo. Infosur sigue la cobertura del caso desde 2022.

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Hubo un tiempo en que la CGT podía paralizar ciudades, colmar plazas y condicionar decisiones políticas. Bastaba un anuncio de ajuste, una reforma laboral o una amenaza al salario para que aparecieran columnas de trabajadores marchando bajo sus banderas. La calle era una extensión natural del conflicto social y el sindicalismo se asumía como dique de contención frente a los excesos del poder. Hoy, en cambio, la imagen es otra: movilizaciones más pequeñas, discursos menos encendidos y una dirigencia que parece hablar en voz baja mientras la crisis grita. La pregunta se impone sola: ¿dónde quedó la CGT y dónde quedó el trabajador?

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un programa de recortes, desregulación y flexibilización, resulta llamativo el contraste entre la magnitud de las medidas y la debilidad de la respuesta sindical. No hace falta sostener teorías conspirativas para advertir que parte de la dirigencia eligió la prudencia negociada antes que la confrontación abierta. En política, muchas veces el silencio también es una postura.

Algunos gremialistas parecen haber calculado que enfrentarse de manera frontal a un gobierno que conserva apoyo electoral podía dejarlos aislados. Otros, probablemente, apuestan a sobrevivir administrando influencia en despachos antes que arriesgarse en la calle. El problema es que cuando la representación se vuelve táctica y deja de ser moral, el trabajador lo percibe rápidamente. Y cuando lo percibe, se aleja.

Sin embargo, culpar solo a los sindicatos sería cómodo e incompleto. También cambió la vida de quienes trabajan. Hoy millones de personas viven bajo una presión constante: salarios deteriorados, alquileres impagables, tarifas crecientes, endeudamiento cotidiano y miedo real a perder el empleo. Quien no sabe si podrá pagar la comida del mes difícilmente tenga margen para sumarse a una huelga o faltar un día para marchar. La precariedad económica no solo vacía bolsillos; también disciplina cuerpos.

Existe además una transformación estructural que el sindicalismo tradicional no terminó de comprender. El mundo del trabajo ya no es únicamente la fábrica, la oficina estable o el convenio colectivo clásico. Hay repartidores de aplicaciones, monotributistas forzados, freelancers, changas digitales, empleos temporales y una extensa informalidad que vive al margen de toda protección. Para muchos de esos trabajadores, la CGT no representa una herramienta de defensa, sino una institución ajena, lejana y envejecida.

Ahí reside una de las crisis más profundas: el sindicalismo conserva sellos, estructuras y capacidad de interlocución, pero perdió parte del vínculo emocional con una nueva generación que no se siente convocada. Se habla en nombre del trabajador, pero muchas veces sin escucharlo.

Mientras tanto, el discurso oficial instala otra narrativa: que reclamar derechos laborales es un privilegio, que la organización colectiva es un obstáculo y que la precarización es modernidad. Se presenta como sentido común que trabajar más horas por menos dinero es sacrificio necesario. Y cuando esa idea se naturaliza, el retroceso deja de parecer injusticia para convertirse en costumbre.

Por eso la ausencia de grandes movilizaciones no debería confundirse con conformidad social. El silencio no siempre expresa acuerdo; muchas veces expresa agotamiento. Hay pueblos que no protestan porque estén satisfechos, sino porque están exhaustos. Hay trabajadores que no marchan porque apoyen cada medida, sino porque sienten que nadie los representa o porque no pueden arriesgar lo poco que tienen.

La historia enseña que cuando las instituciones que debían canalizar el malestar dejan de hacerlo, ese malestar busca otras salidas. A veces aparece en las urnas. A veces en la apatía. A veces en estallidos inesperados. El conflicto social no desaparece porque no se vea en televisión; simplemente cambia de forma y se acumula debajo de la superficie.

Entonces la pregunta inicial sigue vigente, pero con un matiz más grave. No se trata solo de dónde quedó la CGT. Se trata de dónde quedó la dignidad del trabajo como eje ordenador de una sociedad. Cuando el salario no alcanza, cuando la jornada se extiende, cuando la representación se debilita y cuando reclamar parece inútil, no solo retrocede un sindicato: retrocede la idea misma de ciudadanía laboral.

Y cuando una sociedad normaliza eso, el costo no lo paga únicamente el trabajador. Lo paga toda la democracia.

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Por Fernando Capotondo

“La adopción de la IA está en sus inicios y el impacto en el empleo dependerá en gran medida de cómo los empleadores pongan a la tecnología en su mejor uso”. La frase apareció en un informe de Goldman Sachs de 2025 y quedó flotando como una advertencia que muchos leyeron, pero pocos tomaron en serio. Un año después, el tema ganó actualidad en China a partir de un fallo que establece que despedir a un trabajador para reemplazarlo por Inteligencia Artificial (IA) no alcanza, por sí solo, para justificar esa decisión.

El caso se resolvió en el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, ciudad conocida como el Silicon Valley de China. Un técnico sénior, de apellido Zhou, observó que la IA se estaba quedando con su trabajo de filtrar contenidos ilegales y vincular consultas de usuarios con modelos de lenguaje. La sospecha se confirmó cuando la empresa le ofreció una indemnización de 311.695 yuanes (unos 45.350 dólares) y la posibilidad de seguir en un cargo de menor rango, con un salario que se reducía a 15.000 yuanes mensuales, muy por debajo de los 25.000 que percibía.

Zhou rechazó la oferta y llevó el caso a un arbitraje laboral, que consideró ilegal el despido. La firma judicializó la decisión y apeló, pero las distintas instancias sostuvieron el mismo criterio. Lo que parecía una discusión individual terminó abriendo una puerta más amplia.

El fallo se basó en una lectura estricta de la legislación laboral china, que solo habilita cesantías ante “cambios sustanciales en las condiciones objetivas” de las empresas. La clave fue determinar si el reemplazo de personal por sistemas de IA podía encuadrarse en esas causales de despido. El tribunal concluyó que no: ese supuesto no incluye decisiones tecnológicas internas, sino situaciones como traslados, fusiones o reestructuraciones profundas. Tampoco pudo demostrarse que el contrato fuera imposible de cumplir. 

Este mismo criterio ya había aparecido unos meses antes en Beijing. En diciembre de 2025, un recopilador de datos de mapas fue desplazado por sistemas automatizados. La firma invocó que se había modernizado para sostener su competitividad, pero el argumento tampoco alcanzó para encuadrar el caso dentro de los supuestos legales que habilitan una cesantía. El despido fue declarado ilegal y se ordenó una compensación.

Dos resoluciones, en pocos meses y en ciudades distintas, empiezan a delinear una jurisprudencia en una industria que supera los 1,2 billones de yuanes (unos 175.000 millones de dólares) y agrupa más de 6.200 empresas. Las proyecciones oficiales apuntan a una expansión sostenida, con niveles de penetración que podrían superar el 90% hacia 2030.

Todo ocurre en un contexto en el que China intenta equilibrar la necesidad de sostener el empleo, proteger derechos laborales y, al mismo tiempo, acelerar la adopción de IA en su entramado productivo, indicó la agencia oficial Xinhua. Para lograr estos objetivos, entre 2021 y 2025 el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social lanzó 72 nuevas profesiones, más de 20 relacionadas con la Inteligencia Artificial, que podrían generar cientos de miles de empleos cada una. 

Entrenador de IA, recolector de datos de robots humanoides y creador de contenido con IA son algunas de las nuevas especializaciones que están transformando el mercado laboral chino. “El progreso tecnológico no consiste en reemplazar a los humanos, busca abrir más espacios creativos”, indicaron desde la firma Agibot, con sede en Shanghái, en línea con lo que viene ocurriendo en materia judicial.

El debate tan temido

Xi Jinping sostuvo en distintas intervenciones que la IA amplía la capacidad humana para transformar el mundo, pero introduce riesgos difíciles de anticipar. Lo que pasa en China no es aislado. El economista Daron Acemoglu viene advirtiendo hace años que muchas empresas utilizan la automatización más para reducir costos laborales que para mejorar la productividad, con impacto directo en la calidad del empleo.

El historiador Yuval Noah Harari plantea un escenario más duro, donde una parte de la población pierde relevancia económica en un contexto en el que los sistemas ya no necesitan su trabajo. “La pregunta más importante en la economía del siglo XXI bien puede ser: ¿qué debemos hacer con toda la gente superflua, una vez que tengamos algoritmos no conscientes altamente inteligentes que puedan hacer casi todo mejor que los humanos?”, advirtió.

Los fallos adquieren, en este contexto, un peso que excede los casos puntuales. Wang Xuyang, abogado del estudio Zhejiang Xingjing, lo resumió tras la resolución de Hangzhou: las empresas pueden ganar eficiencia con la IA, pero no deben descargar ese costo al trabajador.

A partir de ahí, la discusión se abre. Wang Tianyu, desde la Academia de Ciencias Sociales de China, viene analizando cómo se redefine la relación laboral cuando parte del proceso productivo deja de estar en manos humanas. «El progreso tecnológico puede ser irreversible, pero no puede existir fuera de un marco legal», sostuvo.

Pan Helin, economista asesor del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, coincide al trasladar esa discusión a un plano más operativo. El desplazamiento laboral asociado a la IA aparece como una tendencia difícil de frenar, mientras el foco se desplaza hacia cómo se gestiona la transición, la reasignación y los mecanismos de compensación.

El criterio que comienza a consolidarse es simple, pero de profundas implicancias: la tecnología avanza a su ritmo y ya no lo hace en un terreno virgen. Los casos de Hangzhou y Beijing no cambian por sí solos el mercado laboral, pero delimitan un terreno donde casi todo sigue en disputa. 

Si una empresa decide reemplazar a una persona por una IA, el costo de esa decisión no se evapora en nombre de la innovación.

La tensión entre automatización y empleo ya no se juega en informes ni en proyecciones de consultoras. Tiene consecuencias concretas: recibos de sueldo, indemnizaciones, juicios laborales. En buena parte de Occidente, estos conflictos se resuelven caso por caso, sin una doctrina consolidada y con marcos regulatorios que corren detrás de la tecnología. En China, en cambio, comienzan a definirse algunas reglas. No resuelven el problema, es cierto, pero fijan un límite. 

Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser teórica. Pasa a tener consecuencias.

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En esta edición también: la CGT regional de Varela, Berazategui y Quilmes y el sindicato nodocente de la UNAJ convocan a la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo, con el respaldo del gobernador Axel Kicillof.

El Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del Ejecutivo y rechazó el ajuste universitario en una sesión con homenaje a Evita y cruces con la oposición libertaria. Y la concejala Karina Macedo rompió el silencio: denuncia presiones, amenazas y corrupción en el SAE, y responsabiliza directamente a Javier Serra.

Además: el Varela Matsuri vuelve este domingo, dos atletas varelenses van al nacional en Entre Ríos, Watson se reunió con la Iglesia y los intendentes del GBA para hablar de la crisis social, el lanzamiento del colectivo Memoria Verdad y Justicia Varela en la UNAJ, el cruce televisivo por el triple crimen y la Corte Suprema que frenó al Gobierno en la causa por la reforma laboral.

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The post Una semana que sacudió a Varela | Infosur impreso 8 de mayo first appeared on Infosur Diario.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) será parte de la movilización nacional junto a estudiantes, docentes, nodocentes y organizaciones sindicales que expresaron su rechazo a la situación presupuestaria del sistema universitario.

De la conferencia participaron Ariel Burtoli, secretario de Relaciones Institucionales de la CGT Regional; Manolo Juares, secretario de Organización; Diego Viera, secretario general de ATUNQ; Juan Alberti, secretario general de ATUNAJ; y Azul Macchi, secretaria de Género y Derechos Humanos de ATUNAJ.

También acompañaron representantes de los gremios Curtidores, UDOCBA, AMET, Amas de Casa, Guardavidas, Madereros, Químicos y Petroleros y S.E.A.M.A.R.A., en una muestra de respaldo del movimiento obrero a la universidad pública.

“La ley se cumple cuando quieren”

Durante la conferencia, Ariel Burtoli cuestionó el rumbo del Gobierno nacional respecto a las universidades.

“Este Gobierno se ha ensañado con los jubilados, con la salud y específicamente con las universidades nacionales, que forman profesionales para una Argentina mejor. La ley la cumplen cuando quieren y este es un ejemplo”, afirmó.

En la misma línea, Manolo Juares sostuvo que el reclamo por el financiamiento universitario expone una situación crítica.

“Es increíble que tengamos que exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, como si estuviéramos en una dictadura. Vamos a acompañar la marcha, como siempre lo hemos hecho. Como movimiento obrero organizado tenemos la obligación de estar del lado de las universidades”, señaló.

“La universidad, en el centro del conflicto social”

Desde el ámbito universitario, Diego Viera destacó la importancia del acompañamiento social.

“La sociedad sabe de la importancia de las universidades y esperamos que nos acompañe en la marcha”, expresó.

Por su parte, Juan Alberti remarcó el vínculo entre derechos laborales y funcionamiento académico.

“Los derechos de los estudiantes estarán garantizados si los derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes están garantizados, porque eso es lo que hace funcionar a las universidades”, afirmó.

“Emergencia salarial y 60% bajo la pobreza”

En el cierre, Azul Macchi advirtió sobre la situación económica del sector universitario.

“Hoy nos encuentra en las vísperas de una cuarta Marcha Federal Universitaria, con una mayor emergencia salarial y con más del 60% de los trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza”, señaló.

“Convocamos a la marcha en unidad, no solo de la comunidad educativa, porque lo que está en juego es un modelo de país. No nos van a sacar la universidad como herramienta de movilidad social ascendente”, concluyó.

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El dato, que hasta ahora no había trascendido públicamente, fue confirmado a Infosur por fuentes confiables.

El escándalo que sacude a Varela

Las últimas semanas dejaron a la fuerza varelense en el centro de la tormenta. Primero fue la detención del comisario de la Seccional Tercera y de personal operativo, en una causa por presunto robo agravado donde se detectaron actas contradictorias y la presunta sustracción de elementos secuestrados. Luego, un segundo comisario fue aprehendido en menos de un mes. Y finalmente, el jefe de Policía Científica del distrito quedó detenido tras retirar notebooks pertenecientes a efectivos ya investigados judicialmente, en una maniobra que la Justicia analiza como posible entorpecimiento de pruebas.

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En ese contexto, con Asuntos Internos y la Justicia activos sobre múltiples dependencias, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas pasó sin anuncio oficial ni comunicado del Ministerio.

Quién es Romero y por qué importa el dato

El comisario Romero no es un nombre ajeno a la historia reciente de la Cuarta de Bosques. Según fuentes que siguen la causa, al momento en que Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron —la noche del 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar— Romero se desempeñaba como segundo jefe de esa seccional, bajo las órdenes directas del comisario Sergio Enrique Argañaraz.

Argañaraz, hoy condenado, se convirtió en uno de los símbolos del encubrimiento policial en el caso. La investigación determinó que esa misma noche se negó a recibir la denuncia por averiguación de paradero que presentó la madre de Lucas, y que en los días siguientes obstaculizó sistemáticamente la búsqueda y los allanamientos ordenados por la fiscalía. En 2023 fue detenido, y en 2025 aceptó un juicio abreviado que le valió una condena de tres años de prisión efectiva.

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Romero era, en ese momento, su segundo.

El juicio que sigue sin realizarse

Mientras tanto, el juicio oral contra los principales imputados por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas —Francisco Centurión, exjefe de Interpol de la Provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano— sigue sin celebrarse. Previsto inicialmente para abril de 2026 en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Florencio Varela, fue suspendido a último momento cuando los acusados cambiaron de abogado defensor. «Es indignante», declaró la abuela de Lautaro al enterarse. Las familias de las víctimas llevan más de tres años esperando justicia.

En ese escenario judicial inconcluso, y en medio de un escándalo policial que sigue sumando capítulos, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela abre interrogantes concretos: ¿qué criterios evaluó el Ministerio de Seguridad al promoverlo? ¿Fue considerado su rol institucional durante los hechos de diciembre de 2022?

Infosur consultó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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El hecho se conoció en las últimas horas y generó fuerte impacto dentro de la estructura policial de Florencio Varela, donde la sucesión de detenciones en un corto período empieza a configurar un escenario de crisis institucional.

Según fuentes del caso, el jefe de Científica fue aprehendido luego de detectarse que habría retirado notebooks pertenecientes a efectivos de calle de la Comisaría Florencio Varela Seccional 1ra, quienes ya estaban bajo investigación judicial en el marco de una causa por presunto robo agravado.

La maniobra, que ahora es analizada por la Justicia, encendió alertas dentro de la propia fuerza, ya que se trata de elementos que podrían tener relevancia en el expediente en curso.

UNA TRAMA QUE SE EXTIENDE

El dato que complejiza aún más el caso es que los dispositivos en cuestión estarían vinculados a personal policial que fue aprehendido recientemente, en una investigación que apunta a posibles prácticas delictivas dentro de la propia institución.

👉 Este episodio se suma al ocurrido en las últimas horas, donde fueron detenidos un comisario y personal operativo en el distrito, en una causa por presunto robo agravado.
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La intervención de la Justicia y de áreas de control interno se intensificó a partir de estos hechos, con expedientes que avanzan bajo reserva y con nuevas medidas que no se descartan.

EFECTO DOMINÓ EN LA POLICÍA DE VARELA

En menos de un mes, distintas áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela quedaron bajo la lupa judicial, con detenciones que alcanzaron a comisarios, jefes operativos y ahora también a un área clave como Policía Científica.

El encadenamiento de estos episodios profundiza la percepción de crisis dentro de la fuerza, en un contexto donde Asuntos Internos avanza sobre posibles irregularidades y la Justicia busca determinar responsabilidades.

Con la detención del jefe de Científica, la crisis policial en Florencio Varela suma un capítulo inesperado y de alto impacto, consolidando un escenario de tensión creciente dentro de la fuerza que ya trasciende a distintas dependencias del distrito.

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📹 El video: así fue el ataque y el tiroteo

Imágenes de cámara de seguridad del barrio Km 26, Florencio Varela.

La secuencia: una familia en la puerta, dos ladrones armados

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Las imágenes muestran la entrada del domicilio del efectivo policial víctima del asalto, perteneciente a la Unidad de Prevención Policial Local (UPPL) de Florencio Varela, en la intersección de El Aljibe 198 y El Rancho, barrio Km 26.

En el video se observa que, instantes antes del ataque, una niña se encontraba en la entrada del domicilio. Alguien desde adentro la tomó rápidamente y la hizo ingresar a la vivienda, como si hubiera advertido la presencia de los delincuentes. Segundos después, los dos atacantes armados se abalanzaron sobre el policía.

Lo tiraron al piso — y él respondió con su arma

Los delincuentes redujeron al efectivo, lo tiraron al suelo y subieron al vehículo con intención de robarlo. Fue en ese momento cuando el policía, ya en el piso, se identificó con la voz de «Alto Policía» y sacó su arma reglamentaria. Se desató un enfrentamiento armado y los dos ladrones abandonaron el auto y huyeron a pie por las arterias aledañas.

📌 Lo que muestra el video: la rapidez con la que alguien resguarda a la niña antes del ataque, la reducción del policía, la suba al vehículo y el tiroteo que obliga a los delincuentes a escapar sin el auto ni el arma.

Operativo cerrojo y un detenido en minutos

De inmediato se activó un operativo cerrojo en la zona con unidades de la Comisaría 2da de Florencio Varela. Tras un breve recorrido, efectivos policiales lograron interceptar y aprehender a uno de los sospechosos, de 27 años, a pocas cuadras del lugar. El segundo delincuente continúa prófugo. Las actuaciones siguen su curso.

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El nuevo operativo se concretó en las últimas horas y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela, donde en menos de un mes ya se registraron múltiples detenciones de personal jerárquico.

Según pudo saber Infosur, el procedimiento se activó luego de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto a personal de Asuntos Internos.

De acuerdo al expediente, un vecino fue interceptado en la zona de avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz por efectivos que se desplazaban en un móvil policial identificado y un vehículo particular. En ese contexto, le habrían realizado una inspección vinculada a la supuesta investigación de robo de cableado, detectando material de cobre en su poder, presuntamente adquirido en una chatarrería.

La denuncia sostiene que, tras esa situación, los efectivos habrían exigido dinero para evitar consecuencias judiciales, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía y la posterior aprehensión de personal policial de la seccional.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaria primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo, el jefe del GTO Diego benítez y otros integrantes del gabinete operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos acusados en el marco de la causa por robo agravado.

ANTECEDENTE INMEDIATO: OTRO CASO EN MENOS DE UN MES

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido a mediados del mismo mes en otra dependencia policial de Florencio Varela, donde también fue detenido un comisario junto a personal de calle en el marco de una investigación interna.

👉 “La trama detrás de la caída del comisario en Varela”

Aquella causa, que también contó con intervención judicial y de Asuntos Internos, generó un fuerte impacto institucional dentro de la fuerza y abrió un proceso de revisión sobre el accionar de distintas comisarías del distrito.

La reiteración de estos hechos en un corto período de tiempo profundiza la percepción de crisis dentro de la estructura policial local, con expedientes abiertos que continúan en trámite y bajo estricta reserva.

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La dirigente hizo pública su salida mediante un comunicado titulado “La integridad no se negocia”, donde expuso diferencias profundas con la conducción libertaria y apuntó contra lo que definió como una pérdida de rumbo político dentro del armado distrital.

Ruptura y acusaciones cruzadas de La Libertad Avanza en Florencio Varela

El quiebre de La Libertad Avanza en Florencio Varela se produce en un contexto de tensión interna que ya venía acumulando episodios. Macedo justificó su decisión señalando la falta de acompañamiento político en el marco de una investigación vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE), donde —según su versión— fue separada de su función sin estar imputada.

En su exposición también aludió a lo que consideró irregularidades institucionales dentro del espacio, incluyendo declaraciones públicas que habrían mencionado presuntos vínculos entre el Municipio y el Poder Judicial, situación que generó malestar y profundizó las diferencias internas.

A esto sumó cuestionamientos por presuntas prácticas de nepotismo y aseguró que el armado local “se alejó de los valores que decía representar”, marcando así una ruptura política sin retorno dentro del esquema libertario varelense.

El foco en el Servicio Alimentario Escolar

Uno de los puntos centrales del conflicto sigue siendo el control del SAE. Macedo insistió en que su preocupación principal está vinculada al funcionamiento del sistema alimentario en las escuelas del distrito, al sostener que “el problema es la comida de los chicos”.

En ese sentido, remarcó que su alejamiento responde a la falta de respaldo interno para sostener esos planteos dentro del espacio político.

Denuncia paralela por violencia

En paralelo a la crisis interna, otra dirigente vinculada a La Libertad Avanza en el distrito, Raquel Álvarez, presentó una denuncia por violencia.

La presentación fue radicada el 3 de mayo en una fiscalía descentralizada del Departamento Judicial Quilmes y se encuadra en violencia familiar. Según consta en la denuncia, se mencionan episodios de amenazas, insultos y situaciones reiteradas de hostigamiento.

Un espacio en tensión permanente

La combinación de ruptura política y denuncia judicial deja expuesto un escenario de fuerte conflictividad interna en La Libertad Avanza en Florencio Varela. Lejos de estabilizarse, el espacio atraviesa un momento de fragmentación que empieza a tener impacto visible en su estructura local y en su proyección territorial dentro del conurbano sur.

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El regreso de la línea 148 en Florencio Varela, que comenzó el viernes tras casi cinco meses sin funcionamiento, tuvo un arranque con dificultades. Durante los primeros días, algunas unidades quedaron fuera de servicio y usuarios comenzaron a reportar inconvenientes en los recorridos.

Según pudo saber Infosur, al menos dos colectivos presentaron fallas mecánicas en las primeras horas de circulación, en un contexto donde el sistema aún se encuentra en etapa de reorganización.

Un lunes clave para el servicio de la línea 148 en Florencio Varela

Este lunes aparece como el primer día de prueba real para la línea 148, ya que se normaliza la actividad tras el feriado y el fin de semana. Se espera un mayor caudal de pasajeros, lo que pondrá a prueba la frecuencia, los tiempos y el funcionamiento general del servicio.

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“Línea 148: estos son los destinos y cambios confirmados”

Cambios en los ramales y quejas de usuarios

Uno de los principales focos de conflicto son las modificaciones en los recorridos. En zonas de Quilmes, usuarios señalaron que algunos cambios afectan directamente a los puntos de mayor circulación.

Entre las críticas, se menciona la eliminación de ciertos tramos y desvíos que impactan en lugares donde históricamente subía más gente.

“Sacar el ramal por San Martín y cambiar recorridos clave es una complicación para los usuarios”, expresaron vecinos en redes.

También hubo cuestionamientos por modificaciones en zonas de alto tránsito, lo que obliga a muchos pasajeros a reorganizar sus viajes diarios.

Entre la reactivación y la incertidumbre

El servicio volvió con expectativa tras meses sin funcionamiento, pero el arranque dejó en evidencia que todavía hay ajustes pendientes.

La incorporación de nuevas unidades, la reorganización de ramales y la adaptación de los usuarios forman parte de una etapa inicial que será determinante para el funcionamiento a largo plazo.

Con más pasajeros en la calle, este lunes será determinante para evaluar si la vuelta de la 148 logra estabilizarse o si las fallas iniciales se transforman en un problema sostenido para los usuarios del sur del conurbano.

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