El dato, que hasta ahora no había trascendido públicamente, fue confirmado a Infosur por fuentes confiables.

El escándalo que sacude a Varela

Las últimas semanas dejaron a la fuerza varelense en el centro de la tormenta. Primero fue la detención del comisario de la Seccional Tercera y de personal operativo, en una causa por presunto robo agravado donde se detectaron actas contradictorias y la presunta sustracción de elementos secuestrados. Luego, un segundo comisario fue aprehendido en menos de un mes. Y finalmente, el jefe de Policía Científica del distrito quedó detenido tras retirar notebooks pertenecientes a efectivos ya investigados judicialmente, en una maniobra que la Justicia analiza como posible entorpecimiento de pruebas.

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En ese contexto, con Asuntos Internos y la Justicia activos sobre múltiples dependencias, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas pasó sin anuncio oficial ni comunicado del Ministerio.

Quién es Romero y por qué importa el dato

El comisario Romero no es un nombre ajeno a la historia reciente de la Cuarta de Bosques. Según fuentes que siguen la causa, al momento en que Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron —la noche del 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar— Romero se desempeñaba como segundo jefe de esa seccional, bajo las órdenes directas del comisario Sergio Enrique Argañaraz.

Argañaraz, hoy condenado, se convirtió en uno de los símbolos del encubrimiento policial en el caso. La investigación determinó que esa misma noche se negó a recibir la denuncia por averiguación de paradero que presentó la madre de Lucas, y que en los días siguientes obstaculizó sistemáticamente la búsqueda y los allanamientos ordenados por la fiscalía. En 2023 fue detenido, y en 2025 aceptó un juicio abreviado que le valió una condena de tres años de prisión efectiva.

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Romero era, en ese momento, su segundo.

El juicio que sigue sin realizarse

Mientras tanto, el juicio oral contra los principales imputados por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas —Francisco Centurión, exjefe de Interpol de la Provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano— sigue sin celebrarse. Previsto inicialmente para abril de 2026 en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Florencio Varela, fue suspendido a último momento cuando los acusados cambiaron de abogado defensor. «Es indignante», declaró la abuela de Lautaro al enterarse. Las familias de las víctimas llevan más de tres años esperando justicia.

En ese escenario judicial inconcluso, y en medio de un escándalo policial que sigue sumando capítulos, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela abre interrogantes concretos: ¿qué criterios evaluó el Ministerio de Seguridad al promoverlo? ¿Fue considerado su rol institucional durante los hechos de diciembre de 2022?

Infosur consultó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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El hecho se conoció en las últimas horas y generó fuerte impacto dentro de la estructura policial de Florencio Varela, donde la sucesión de detenciones en un corto período empieza a configurar un escenario de crisis institucional.

Según fuentes del caso, el jefe de Científica fue aprehendido luego de detectarse que habría retirado notebooks pertenecientes a efectivos de calle de la Comisaría Florencio Varela Seccional 1ra, quienes ya estaban bajo investigación judicial en el marco de una causa por presunto robo agravado.

La maniobra, que ahora es analizada por la Justicia, encendió alertas dentro de la propia fuerza, ya que se trata de elementos que podrían tener relevancia en el expediente en curso.

UNA TRAMA QUE SE EXTIENDE

El dato que complejiza aún más el caso es que los dispositivos en cuestión estarían vinculados a personal policial que fue aprehendido recientemente, en una investigación que apunta a posibles prácticas delictivas dentro de la propia institución.

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La intervención de la Justicia y de áreas de control interno se intensificó a partir de estos hechos, con expedientes que avanzan bajo reserva y con nuevas medidas que no se descartan.

EFECTO DOMINÓ EN LA POLICÍA DE VARELA

En menos de un mes, distintas áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela quedaron bajo la lupa judicial, con detenciones que alcanzaron a comisarios, jefes operativos y ahora también a un área clave como Policía Científica.

El encadenamiento de estos episodios profundiza la percepción de crisis dentro de la fuerza, en un contexto donde Asuntos Internos avanza sobre posibles irregularidades y la Justicia busca determinar responsabilidades.

Con la detención del jefe de Científica, la crisis policial en Florencio Varela suma un capítulo inesperado y de alto impacto, consolidando un escenario de tensión creciente dentro de la fuerza que ya trasciende a distintas dependencias del distrito.

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«No presentarse a trabajar mañana. Tiroteo en la clínica.»

Eso decía el mensaje hallado en el interior de la clínica. Según pudo saber Infosur, Caroli se presentó personalmente en la Comisaría 1.ª de Florencio Varela pasadas las 11:30 del lunes para radicar la denuncia formal. La causa quedó caratulada como intimidación pública y la investigación fue puesta en manos de la UFI y J N.° 04, que impartió las primeras directivas al personal policial interviniente.

La clínica no fue evacuada, pero la situación generó alarma entre el personal sanitario y los pacientes que concurrían a la guardia durante la mañana.

Contexto: la ola de amenazas en la región

• En las últimas semanas se registraron decenas de amenazas similares en escuelas públicas y privadas del AMBA, la mayoría vía redes sociales o mensajes anónimos.
• La extensión del fenómeno a centros de salud representa una escalada preocupante, ya que involucra establecimientos que atienden a población vulnerable como adultos mayores afiliados al PAMI.
• Las fuerzas de seguridad bonaerenses han intensificado el trabajo conjunto con fiscalías especializadas en ciberdelito para dar con los autores de este tipo de intimidaciones.
• En varios casos anteriores, las amenazas resultaron ser falsas pero generaron operativos costosos y alteraron gravemente el funcionamiento de los servicios.

Lo que distingue a esta amenaza de tiroteo en Florencio Varela de los anteriores es, ante todo, el perfil del establecimiento amenazado: una clínica de mediana complejidad que atiende a jubilados y pensionados a través del PAMI, la obra social del Estado con mayor cantidad de afiliados del país. Una interrupción en su funcionamiento no solo implica un impacto económico, sino también sanitario para una población que depende de sus prestaciones cotidianas.

Fuentes policiales señalaron que el cartel habría sido colocado el domingo —es decir, el día anterior a la denuncia—, lo que indica que el autor tuvo acceso al interior del establecimiento fuera del horario de atención o durante el turno nocturno.

La justicia investiga si existe conexión entre esta amenaza y las registradas en establecimientos educativos del mismo distrito, donde se repitió el mismo patrón de mensajes anónimos colocados en lugares de acceso restringido. El fiscal interviniente analizará las imágenes de las cámaras de seguridad internas y tomará declaración a los empleados que tuvieron acceso al vestuario en las horas previas al hallazgo.

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El fallo, firmado por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para acreditar su responsabilidad en el triple crimen en Florencio Varela.

Según la resolución, de más de 50 páginas, los únicos elementos que lo vinculaban eran el testimonio de un testigo de identidad reservada y el señalamiento de otra imputada, que no logró ubicarlo directamente en la escena ni en la planificación del crimen.

Además, los camaristas remarcaron un dato clave: al momento de los asesinatos, el acusado se encontraba detenido en el marco de un proceso de extradición, lo que debilita la hipótesis de que haya actuado como organizador del hecho.

Con estos argumentos, la Cámara revocó el procesamiento que pesaba sobre él y ordenó dictar la falta de mérito, una figura que no implica absolución pero deja la investigación abierta a la incorporación de nuevas pruebas.

A pesar de esta resolución, el hombre continuará detenido por otra causa federal vinculada a un pedido de extradición desde Perú.

LOS QUE SIGUEN PRESOS POR EL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Mientras tanto, la Justicia confirmó los procesamientos de otros seis imputados por los asesinatos, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes seguirán detenidos.

QUIÉN ES EL “SEÑOR JOTA”

Joseph Freyser Cubas Zavaleta tiene 31 años y nació en Trujillo, Perú. Fue detenido en agosto de 2025 en Argentina a partir de un pedido de captura internacional y enfrenta un proceso de extradición por una causa vinculada al narcotráfico.

En la investigación por el triple crimen, fue señalado como supuesto líder de una organización criminal, aunque siempre negó cualquier vinculación con los hechos.

Durante su declaración indagatoria, sostuvo que no conoce a los otros imputados ni a las zonas mencionadas en la causa, y rechazó las acusaciones en su contra.

EL TRIPLE CRIMEN

El caso conmocionó al conurbano por su brutalidad. Las víctimas fueron tres jóvenes: Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Las tres habían salido de La Matanza con la promesa de participar en un evento pago, pero días después sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Las autopsias revelaron un cuadro de extrema violencia: torturas, golpes y asesinatos que todavía hoy generan impacto en la investigación.

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Según documentación judicial a la que accedió Infosur, el Juzgado de Garantías N°6 dispuso el allanamiento de la vivienda ubicada en la calle Batalla de Ontiveros al 2300 y la detención de Marcelo Tomás Achaval.

La medida fue firmada el 23 de abril de 2026 y se enmarca en la causa, con intervención de la Fiscalía N°10 descentralizada de Florencio Varela.

De la denuncia al avance judicial por violencia de género en Florencio Varela

El caso había tomado estado público tras el brutal ataque con un cúter en Bosques, donde la víctima volvió a ser agredida por su expareja, quien ya registraba antecedentes de violencia de género en Florencio Varela.

La falta de detención inmediata había generado alarma, al tratarse de un agresor reincidente.

De acuerdo al expediente, los hechos fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo, en el marco de una relación de pareja.

El dato clave: el giro del caso

La orden de detención marca un cambio en la causa, que hasta ahora estaba bajo cuestionamiento por la falta de respuesta judicial ante reiterados episodios de violencia.

Con la orden de allanamiento ya firmada, resta saber si el procedimiento logra dar con el acusado. En Florencio Varela, el caso sigue bajo máxima tensión.

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En las primeras horas del lunes 20 de abril, vecinos del barrio Bosques de Florencio Varela alertaron a la policía por un nuevo episodio de violencia de género. La víctima —identificada en esta crónica solo como «B.» para resguardar su seguridad— tenía una herida sangrante en el rostro provocada por un cúter. El agresor es su expareja, el mismo hombre que en 2025 ya la había atacado cortándole el cuello.

Tiene condena. Tiene antecedentes. Y sigue en libertad.

Se negaba a denunciar: la Justicia tuvo que intervenir para que la atendieran

Cuando el personal policial llegó al lugar, B. se negaba a recibir atención médica y a firmar cualquier tipo de documentación. No quería saber nada con denuncias ni trámites. Una actitud frecuente en víctimas de violencia de género sometidas a ciclos prolongados de abuso, donde el miedo y la dependencia emocional operan como barreras invisibles.

Fue necesaria una intervención del Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela, siempre destacado por su perspectiva de género para lograr que B. aceptara ser atendida y, finalmente, solicitara medidas de protección. Según fuentes judiciales consultadas por Infosur, el allanamiento del domicilio fue ordenado con un doble objetivo: verificar que el agresor no estuviera escondido adentro y garantizar que la mujer recibiera asistencia médica.

«Logramos que aflojara y pidiera medidas de protección», señaló una fuente del Poder Judicial que prefirió no ser identificada.

Las medidas de protección dispuestas de urgencia

En el marco de la causa caratulada como lesiones agravadas, el juzgado del Dr. Carlos Aguero, con intervención de la secretaría a cargo del Dr. Martín Grissutti, dispuso en las primeras horas del lunes un paquete de medidas cautelares de emergencia:

• Prohibición de acercamiento a 300 metros de la víctima, su grupo familiar y su domicilio en Bosques, por 120 días
• Prohibición de contacto por cualquier medio: llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram
• Rondín policial permanente en el domicilio de B.
• Botón antipánico
• Allanamiento urgente del domicilio
• Comunicación a la Dirección de Género Municipal por tratarse de un caso de alto riesgo

Las medidas fueron adoptadas al amparo de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer y el Acuerdo 4099/23 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Un historial que escala: en 2025 ya la atacó cortándole el cuello

Este no es el primer episodio ni el segundo. El mismo hombre fue denunciado y procesado el año pasado por cortarle el cuello a B., hecho que dio origen a la causa radicada en la UFI 4 de Florencio Varela. En ese expediente, el imputado recibió una condena con ejecución condicional: sin prisión efectiva.

El nuevo ataque —una herida con cúter en el rostro— tramita ahora ante la UFI 10.

Dos fiscalías. Dos causas. Ninguna solicitó la detención del imputado.

La pregunta que incomoda: ¿por qué las fiscalías no piden la detención?

La reincidencia es documentada. Los antecedentes, probados. La escalada de violencia, evidente. Sin embargo, ni la UFI 4 —que lleva el caso del ataque al cuello de 2025— ni la UFI 10 —interviniente en el ataque de esta semana— habrían requerido hasta el momento medidas privativas de la libertad contra el agresor.

Desde el ámbito judicial, la preocupación no se disimula. «Todo parece que termina como lo del año pasado… no le dan bola», dijo una fuente que sigue la causa de cerca.

La frase que más pesa en el expediente es brutal en su sencillez: «La va a terminar matando.»

El patrón que la estadística confirma

El caso de B. es un patrón. Según datos del Observatorio de Femicidios de Argentina, la mayoría de las víctimas de femicidio habían realizado denuncias previas. La reincidencia del agresor sin consecuencias penales efectivas es uno de los factores de riesgo más consistentes en los casos que terminan en tragedia.

En este caso, el sistema contó con todas las señales de alerta: denuncia previa, condena anterior, nuevo ataque con arma, víctima que se niega a pedir ayuda por miedo. El protocolo de alto riesgo estaba activado. La detención preventiva del agresor, sin embargo, no llegó.

Infosur resguarda la identidad completa de la víctima y su domicilio exacto en cumplimiento de los estándares de protección periodística en casos de violencia de género (Ley 26.485 y resoluciones del ENACOM).

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De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, el origen del expediente se remonta a fines de marzo, cuando un hombre fue interceptado en la vía pública por efectivos del Grupo de Policía Motorizada (GPM). El procedimiento inicial, según indicaron, debía derivar en su traslado a la comisaría para la realización de las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, en ese momento se habrían presentado integrantes del servicio de calle de la Comisaría Tercera, quienes tomaron intervención en el operativo.

A partir de allí, siempre según la reconstrucción judicial, comenzaron a surgir inconsistencias. La denuncia sostiene que durante el procedimiento se habrían secuestrado distintos elementos, entre ellos droga, dinero y joyas, aunque no todos habrían sido registrados en las actuaciones oficiales.

Uno de los puntos centrales del expediente es la existencia de actas contradictorias. Mientras una primera intervención habría dejado constancia de todos los elementos incautados, una segunda acta —incorporada posteriormente— omitiría parte de esos objetos, lo que encendió las alertas dentro de la investigación.

En paralelo, también se investiga un presunto procedimiento realizado en el domicilio de una persona vinculada al detenido, donde, según consta en la denuncia, se habría exigido una suma de dinero a cambio de una supuesta liberación.

Estos elementos fueron clave para que la fiscalía avanzara con una serie de medidas que incluyeron allanamientos y detenciones, alcanzando tanto al titular de la dependencia como a efectivos del área operativa.

Fuentes cercanas al expediente indicaron que los testimonios recogidos, incluyendo los de personal policial que participó del procedimiento inicial, resultaron determinantes para profundizar la investigación.

El caso, que se encuentra en pleno desarrollo, no descarta nuevas imputaciones y podría escalar dentro de la estructura de la fuerza, en un contexto donde vuelven a quedar bajo la lupa los mecanismos de control interno.

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La preocupación empezó a correr rápido, primero en grupos de WhatsApp y después en redes sociales. Un mensaje que anunciaba la suspensión de clases en distintas escuelas encendió la alarma en Florencio Varela, en un contexto ya marcado por episodios de amenazas en instituciones educativas del distrito.

El flyer, que se viralizó en cuestión de horas, atribuía la decisión al Municipio. Pero desde la Comuna salieron a desmentirlo de manera tajante.

“El comunicado que comparten en redes sociales y en grupos de WhatsApp es completamente falaz. Recomendamos a quienes reciben esa noticia desestimarla”, afirmó la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Andrea Digiobani, al rechazar la veracidad del mensaje.

Desde el gobierno local aclararon además que no tienen la potestad de suspender las clases, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a la Jefatura Distrital, en su carácter de organismo dependiente del sistema educativo provincial.

El desmentido llega en un momento sensible. En los últimos días, distintas escuelas del distrito fueron escenario de amenazas con armas de fuego, lo que generó temor entre familias, docentes y alumnos.

En ese clima, la circulación de información falsa no hizo más que profundizar la incertidumbre. Padres y madres consultados por este medio señalaron que el mensaje se replicó rápidamente y generó dudas sobre la continuidad de las clases.

Por ahora, no hubo anuncios oficiales de suspensión de actividades, mientras se mantiene la atención sobre la situación en los establecimientos educativos.

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Un fuerte operativo sacude a la Policía en Florencio Varela: en las últimas horas fueron detenidos el comisario de la seccional Tercera y el jefe de calle, en el marco de una investigación judicial en curso.

Según pudo saber Infosur, en base a voceros confiables, la causa apunta a un presunto allanamiento irregular y a la posible desaparición de una valija que contendría dinero.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las detenciones en Florencio Varela se produjeron hace instantes, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa ni sobre la calificación legal, aunque no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Noticia en desarrollo

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La noticia empezó a circular en las últimas horas y generó impacto en distintos sectores de Florencio Varela: murió el médico Rodolfo Fournier, un profesional con trayectoria en el sistema de salud local y paso por la gestión municipal.

Fournier, de 69 años, había resultado gravemente herido tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 166, en la zona de Ayacucho.

Según publicó el diario La Verdad de Ayacucho, el médico circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un automóvil. A raíz del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció.

Con el correr de las horas, la Justicia avanzó en la investigación y la causa fue recaratulada como homicidio culposo, mientras se intenta determinar la mecánica del hecho.

En Florencio Varela, Fournier era una figura reconocida dentro del ámbito sanitario. Se desempeñó como subsecretario de Salud y también ocupó cargos vinculados a la medicina del deporte dentro de la estructura municipal.

Hasta el momento, no hubo comunicaciones oficiales desde el municipio, aunque la noticia ya comienza a generar repercusiones entre colegas, trabajadores de la salud y dirigentes locales.

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Un allanamiento por venta de droga en Florencio Varela terminó con un hallazgo tan inesperado como preocupante: un lobo blanco atado en el patio de una vivienda.

El procedimiento se realizó, según el informe policiale, en el barrio Don José, donde fue detenida Teresa Barboza, de 62 años, conocida en la zona como “La Paraguaya”, acusada de narcomenudeo.

Droga y detenciones

El operativo fue llevado adelante por personal de la Policía Bonaerense en el marco de una investigación judicial. En el lugar, los efectivos dicen haber secuestrado cerca de un kilo de marihuana y una balanza de precisión.

Además de la mujer, otro hombre de 39 años fue detenido en el domicilio.

El hallazgo inesperado

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un animal atado a un caño de PVC en el patio.

A simple vista no parecía un perro.

Tras la intervención de especialistas, se confirmó que se trataba de una cachorra de tres meses de la especie canis lupus, es decir, un lobo, un animal que no es nativo de Argentina.

Nueva imputación

A partir de este hallazgo, se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de fauna silvestre.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora investiga tanto la comercialización de estupefacientes como la tenencia ilegal del animal.

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Una escena de tensión se vivió en una escuela secundaria de Florencio Varela cuando un alumno de 13 años exhibió un arma de fuego delante de sus compañeros y generó alarma en toda la comunidad educativa.

El episodio ocurrió en la Secundaria N°30, donde directivos activaron un llamado de urgencia ante la situación.

El momento de tensión

Según informaron fuentes policiales a Infosur, el menor mostró el arma dentro del establecimiento. Al advertir la intervención de las autoridades, arrojó el objeto hacia el techo del edificio.

Minutos después, efectivos policiales al mando del Comisario Mayor Fernando Barrientos, jefe de la policía de Varela, lograron recuperar el elemento y constataron que se trataba de un arma de juguete.

Amenazas en la dirección

Tras ser trasladado a la dirección, el alumno comenzó a lanzar amenazas contra los directivos, lo que agravó el cuadro de tensión dentro de la escuela.

La situación obligó a la intervención de la policía y de la Justicia de menores.

Intervención judicial

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que dispuso actuaciones por averiguación de ilícito y amenazas.

El menor fue trasladado junto a su madre para continuar con las actuaciones judiciales.

Un contexto que preocupa

El episodio en Florencio Varela ocurre en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia en escuelas del país. Días atrás, un hecho trágico sacudió a la ciudad de San Cristóbal, provincia de Sandonde un estudiante ingresó armado a un establecimiento educativo, abrió fuego y provocó la muerte de un alumno de 13 años, además de dejar varios heridos.

Si bien el caso ocurrido en Varela no tuvo consecuencias físicas y el arma resultó ser de juguete, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad en ámbitos escolares y el rol de las instituciones ante este tipo de situaciones.

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La noche del martes 8 de abril terminó en un baño de sangre en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. Flora Ignacia Benítez, de 80 años, fue asesinada a balazos dentro de su propia vivienda ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, cuando un grupo de hombres intentó ingresar por la fuerza a su domicilio, informaron fuentes policiales a Infosur.

Según la información a la que accedió este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La zona se encontraba sin suministro eléctrico, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes para actuar.

Al percibir la presencia de varios masculinos intentando ingresar a su finca, la señora Benítez se vio envuelta en un tiroteo en el que uno de los proyectiles impactó de lleno en su tórax.

Familiares de la víctima alertaron al 911. Al llegar, el personal la encontró tendida en el living de la casa. A través de una ventana con vista al frente se podían observar múltiples impactos de bala. La médica constató el fallecimiento en el lugar. Los autores escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos.

Noticia en proceso

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Según pudo saber Infosur, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre Ruta 53, a la altura del kilómetro 14.898, donde al menos seis delincuentes encapuchados irrumpieron mientras un hombre de 61 años y su hijo de 14 dormían.

Según fuentes del caso, los asaltantes ingresaron de manera sorpresiva y, bajo amenaza con armas, redujeron a las víctimas y las maniataron utilizando cables.

Otra entradera en Florencio Varela

De acuerdo a la denuncia, la banda actuó de forma organizada y rápida, sin dejar margen de reacción. Los delincuentes permanecieron en el interior de la vivienda el tiempo necesario para concretar el robo y luego escaparon.

Si bien no se registraron personas heridas, la entradera en Florencio Varela generó fuerte preocupación en la zona por la modalidad delictiva.

Investigación y búsqueda de los delincuentes

Tras el hecho, intervino la fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

En paralelo, personal policial trabaja en la búsqueda de los integrantes de la banda que protagonizó la entradera en Florencio Varela.

El caso se suma a otros hechos de inseguridad en Varela, donde vecinos advierten por el accionar de grupos organizados en robos a viviendas.

Este nuevo hecho de inseguridad en Florencio Varela refuerza la preocupación por las entraderas y el accionar de bandas armadas en el distrito, una modalidad que se repite en distintos puntos del conurbano.

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La víctima fue identificada como Guillermo Montagnoli, quien padecía epilepsia. Según indicaron fuentes policiales a Infosur, el hallazgo fue realizado por su amigo, de 38 años, propietario de la vivienda, quien al no tener contacto desde el viernes 3 de abril decidió acercarse al lugar. Al ingresar, encontró el cuerpo tendido sobre la cama.

Personal policial de la Comisaría 6ª de Florencio Varela se constituyó en el lugar y constató que no había signos de violencia ni en el cuerpo ni en el interior de la finca. Médicos del SAME, se hicieron presentes y certificaron el óbito.

Todo indica que el hombre habría fallecido como consecuencia de su enfermedad preexistente, aunque la causa de muerte será determinada en el marco de la investigación judicial en curso.

El caso quedó a cargo del doctor Pagliuca de la UFIyJ N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, quien dispuso la carátula de averiguación de causales de muerte y ordenó las diligencias correspondientes. El procedimiento estuvo a cargo del comisario mayor Fernando Barrientos, jefe departamental de Florencio Varela.

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