El luctuoso hecho tuvo lugar a las 9:15 de la mañana de este lunes, cuando Eduardo Aguilera, agente de la Policía Federal Argentina asignado a la custodia de Bullrich, transitaba con su hija en su vehículo por las calles del barrio. Un grupo de delincuentes armados, a bordo de un Toyota Corolla negro, interceptó al agente exigiéndole el automóvil.

Umma recibió un disparo en la nuca

Ante la negativa y en un acto de extrema violencia, los criminales dispararon dos veces contra el vehículo, alcanzando a la pequeña Umma en la nuca y en una de sus manos. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la niña fue trasladada al hospital Gandulfo y, posteriormente, al hospital Churruca, donde lamentablemente falleció.

La ministra Bullrich expresó su profundo dolor a través de las redes sociales, prometiendo encontrar a los responsables: «Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor».

El presidente Javier Milei se sumó a las condolencias y advirtió que los delincuentes no quedarán impunes: «Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron».

El desgarrador testimonio de la mamá

La madre de la víctima, María Eugenia, testigo del atroz suceso, relató que su esposo intentó evitar el robo sin resistirse, pero los agresores abrieron fuego sin piedad. Una vecina corroboró la versión, indicando que la niña recibió el impacto mientras iba en la parte trasera del vehículo.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18, a cargo de Pablo Rossi, inició la investigación y solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. La ministra Bullrich se acercó al lugar para brindar apoyo a la familia en este momento de profundo pesar.

La trágica muerte de Umma ha conmocionado a la sociedad, generando un llamado urgente a abordar la inseguridad en la Argentina. En el dolor, se espera que la justicia actúe con celeridad para hallar a los responsables y que la memoria de la pequeña no sea en vano.

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La oficial Florencia Solis, quien se desempeña en la Comisaría 6ta de Claypole, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas, para relatar el momento en que la familia de la víctima le pedía a la policía que Agustín Lucas Machuca diera explicaciones porque no se sabía nada de Evelyn y él les negaba haberla visto.

En ese sentido, señaló que personal policial se acercó al domicilio de Machuca con la madre de la víctima y una hermana. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Machuca. Le preguntaron si conocía a Evelyn y “él respondió que no”. Según Solis, los efectivos continuaron insistiendo hasta que el muchacho decidió colaborar. Les mostró su celular. “En chat figuraba vacío y sin foto (el contacto), como bloqueado”, afirmó.

Minutos después, narró que Machuca dijo que cerca de las 22 “se tenía que encontrar con Evelyn en la estación de Claypole”. Sin embargo, siendo las 21:30 él le habría enviado un mensaje diciendo que no la podía ver aquel 20 de septiembre de 2022 y “ella se enojó y lo bloqueó”.

La fiscal del caso, Leila Selem, le preguntó a la oficial por qué Machuca no tenía registro de esa conversación. “Me refiere que él tenía novia y que por ese motivo borró al chat. Dijo que su novia en esa fecha estaba en la Escuela de Policía”, contestó la testigo.

Solís explicó que mientras interrogaban al joven, salió del domicilio su padre y dijo que “si su hijo no tenía nada que esconder, se acerque a la comisaría”. En ese momento, otro oficial pidió ingresar al lugar para buscar a la chica. El padre de Machuca les autorizó el ingreso y constataron que la joven no estaba allí.

Por otro lado, la testigo contó que le llamó la atención que en la vereda de la casa de Machuca estaba estacionado un auto Ford Taunus de color negro y que en su interior había una “bolsa blanca”. También observó que había “un buzo blanco de mujer, un celular y una cartera con tachas”. Machuca fue trasladado luego a la comisaría donde se realizó la denuncia.

Solis también participó de la búsqueda de cámaras cercana al lugar de comidas rápidas de Lomas de Zamora donde la pareja había acordado ir a cenar la noche anterior al Día de la Primavera del 2022.

Por su parte, Cristian Acevedo, titular de la Comisaría 6ta de Claypole, narró ante el tribunal el momento en que se presentó en la comisaría el padre de Machuca, un policía retirado, que llegó con el Ford Taunus de su hijo. “El hombre dijo que había encontrado en los asientos traseros del auto prendas con manchas de sangre y una mochila con documentación de Evelyn”, detalló Acevedo.

Y continuó: “Ahí (Machuca) cuenta que había estado con Evelyn en Lomas de Zamora, que estaban en el auto y ella manipuló el arma policial y se disparó. Luego mencionó que se dirigió para el lado de Florencio Varela, donde dejó el cuerpo y se fue para su casa”.

En la segunda jornada también declararon como testigos de la defensa el hermano de Machuca, una vecina y un amigo de la familia. 

La audiencia continúa con la lectura de los alegatos el 6 de diciembre a las 9 de la mañana en sede de los Tribunales de Lomas de Zamora.

Gentileza: DiarioConurbano

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La realización artística y social plantea el recorrido vibrante y colorido en impactantes imágenes a través de los diferentes biomas nacionales, con foco en la protección del Medio Ambiente y la Diversidad Cultural.

Desde Lomas de Zamora a las Islas Malvinas, información gratuita en QR disponible en dispositivos móviles, que se ofrecerá para conocer y conocernos de manera participativa.

La intervención artística de gran envergadura en el barrio, comparable a los recientes grandes murales en La Boca porteña, forma parte de la celebración por los 50 años de la marca, líder de la empresa aerosolista, y propone una activación que lleve arte, educación y comunidad a los vecinos aledaños de la planta.

Paso a paso con los muralistas

Los artistas coordinados por el muralista Julio Casas pertenecen a la zona Sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente seleccionados por su pertenencia territorial y trabajos anteriores a gran escala; uno de los últimos para Edesur en el Barrio Novak. El resto del equipo está integrado por Santiago Maidana, Santiago Vallejos, Carlos Almirón, Nahuel Mamani, Federico Porcel, Nicolás Zabala e Iván Merlo. Entre las calles Juan Domingo Perón, José Ingenieros y Gaucho Rivero, colindantes a Aerolom, se desarrollan los trabajos, y se prevé la finalización en tres o cuatro semanas.
En siguientes etapas, se complementará la activación artística y social de los murales de “Por el país de los argentinos” con un panel central, destinado a un Concurso Nacional de Arte Urbano, en la plaza delantera; y un mural gigante en las tres naves de enfrente de la empresa, con una escena que estampará la alegría, la fiesta y el orgullo lomense y nacional. Una instalación específica y única de Arte Urbano en Lomas de Zamora que quedará en el retina, los corazones y los registros electrónicos de vecinos y visitantes.

Manifiesto que acompaña “Por el país de los argentinos”

La importancia del cuidado y preservación de estos biomas argentinos es fundamental para tomar conciencia de que la explotación de recursos mutila irremediablemente lo único que tiene valor a la vista y a la salud del planeta, que es la belleza de la Naturaleza y su esplendor. Aquí la importancia y responsabilidad de nosotros, siendo los artífices de esta obra de arte social que presenta un país, ante los ojos de jóvenes, niños y adultos. El pasado, presente y futuro golpeando con fuerza una pared. Con la idea de cambiar las palabras violencia y abuso, y enseñar a través de la belleza del arte y la educación, el “RESPETO” y la “COMUNIDAD”.
Lo último, pero no menos importante, es “como se une el grafiti a la naturaleza”. Es muy simple. El ser desde que tiene noción de sí mismo, quiere dejar su marca, quiere ser recordado. El hombre de la caverna apoyando su mano sobre el dibujo de un animalito buscando la eternidad. Todos los grafitis usados en el diseño dicen una palabra: UNIDOS.

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En la primera audiencia que se le sigue a Brenda Fernández (25) y Brandon González (23) acusados de asesinar a golpes a Zamira Domínguez, los familiares de la menor describieron el estado de abandono y los maltratos físicos a los que fueron sometidas la menor y su hermana melliza antes del triste desenlace que terminó con la vida de Zamira.

Fernández, la mamá de la víctima, llegó a juicio oral y público acusada por el delito de “abandono de persona y lesiones leves seguido de muerte agravado por el vínculo” mientras que Damián Brandon González, la pareja de la mujer, está imputado por “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”. El proceso lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora.

¿Qué dijo la familia de Zamira?

La primera en declarar fue Adriana Libonatto, la tía de la víctima, quien afirmó: “Zami tenía muchas ganas de vivir. De todas las veces que estuvo internada salió. Brenda siempre decía que la nena se hacía la tonta. Negaba que ella era sorda y nunca quiso colocarle los audífonos”.

Luego apuntó contra la higiene de las mellizas al sostener que los días que las nenas visitaban a la familia paterna “llegaban sucias y con la cabeza llena de piojos”.

Además, Libonatto contó que en el día más frío del año, llegaban a la escuela sin abrigo. “Zamira iba a un jardín común con su hermana y después tenía que ir a una escuela para sordomudo donde aprendía lenguaje de señas. La mayoría de las veces no iba y cuando iba Brenda se la olvidaba y las maestras nos llamaban para que la fuéramos a buscar”.

Los golpes y el día del hecho

Libonatto contó que un día la menor llegó a su casa “toda mordida en los brazos, las piernas y el cuello. Golpeada en todo el cuerpo. No lo podía creer y saqué fotos para llevarlo al juzgado. Nunca investigaron nada. La madre decía que Zami era inquieta, que se cayó, hasta que su hermana empezó a hablar”.

Por su parte, la abuela paterna de la menor, declaró que la acusada “la amenazaba” con no dejarla ver a sus nietas. “Brenda nos amenazaba con llevarlas a vivir a Necochea donde estaba su madre”, explicó y, agregó: “Las maestras nos decían que se daban cuenta cuando ellas estaban con la abuela porque llegaban limpias y cuidadas”.

De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2018, entre las 12.30 y las 15 horas. En ese contexto, Brandon González quien estaba al cuidado de las mellizas le propinó golpes en el cuerpo a Zamira. Luego Fernández la llevó al Hospital Santamarina, de Monte Grande, donde la nena ingresó muerta.

La autopsia determinó que Zamira tenía golpes y había sufrido un pisotón que dañó varios de sus órganos y una vena, lo que generó una hemorragia interna que le causó la muerte.

Este miércoles, Marcos Frías, el perito que analizó la autopsia aseguró que “la muerte se originó por mecanismo violento” y que estaban “dañados las vísceras y los órganos internos (el riñón y el hígado)”. Cuando el fiscal de la causa, Andrés Procopio le consultó ¿qué hubiese pasado si fuera asistida en cuestión de horas?, el médico señaló que “se hubiera recuperado el estado de salud de la víctima”.

“Brenda nos dijo que se atragantó comiendo pizza”, declaró Ricardo, el tío de Zamira. Luego contó que el papá de Brenda le dijo que “pidiera que se le realizara una autopsia a Zamira” porque cuando vio a su nieta en el hospital notó que tenía “moretones en su cuerpo”.

Por su parte, Julio, el padre de Brenda, contó que el día del hecho llegó del trabajo  -Brenda y las mellizas vivían con él- “Tenía picaduras como de mosquitos en la cara y en el brazo. Le levanté la remerita y tenía una mancha roja en el pecho. Cuando llegó mi hija le pregunté (sobre la mancha) y me dijo que se cayó en el jardín”, señaló.

Minutos después, agregó que le dejó dinero para que llevara al médico a su nieta porque, además, la nena estaba resfriada. Se fue a dormir y luego una amiga de Brenda lo llamó para avisarle que tenía que ir «urgente» al hospital. El debate oral continúa este jueves con la declaración de las maestras de Zamira y la próxima semana será el momento de los alegatos de las partes

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El hecho denunciado habría ocurrió el pasado  sábado por la mañana en la feria “Urkupiña” cuando la joven se dirigió a retirar mercadería que había comprado, como lo hacía habitualmente, y fue drogada presuntamente con burundanga, secuestrada y luego abusada sexualmente.

La mujer, que fue acompañada de su papá quien la esperó en el auto, no debía tardar más de 40 minutos. Al pasar el tiempo y ver que su hija no regresaba, el hombre ingresó a buscarla y no la encontró.

“Ella normalmente entra al pasillo 4 de la “Urkupiña”, retira los pedidos que hace y sale enseguida”, comentó Sergio, el papá de la víctima en diálogo con Crónica Tv. “Ya cuando pasa más de una hora la hago anunciar por los autos parlantes que yo la estaba esperando afuera”, agregó.

Según contó el padre, la víctima primero fue drogada y alí la llevaron a un estacionamiento, donde le pusieron una bolsa en la cabeza. Le robaron la riñonera donde tenía el efectivo para retirar su mercadería y luego la golpearon. La joven se encontraba completamente indefensa y en ese momento abusaron sexualmente de ella.

La joven logró escapar cuando la camioneta en la que la llevaban secuestrada paró en un semáforo, en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, ella abrió la puerta y salió corriendo semidesnuda. En ese momento fue auxiliada por una persona que la vio y se contactó con la Policía.

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La movilización fue convocada por la Multisectorial Santa Catalina que acusa que existió una reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de La Plata a principios de mes para tratar el posible loteo de parte de las hectáreas que conforman la reserva.

Patricia Muñoa, vecina de la zona e integrante de la organización para la conservación del medioambiente “Vecinos autoconvocados en Defensa de Santa Catalina”, explicó a AUNO que la manifestación busca expresar “repudio” por el intento de venta y resaltó la importancia de “demostrar que Santa Catalina está más viva que nunca y de pie”.

Otra de las razones por las que impulsan esta medida es reclamar que se reglamente la Ley provincial 14.294, que luego de su sanción en 2011 declaró al predio como reserva natural, contó la vecina de Santa Catalina y agregó que esperan que “sea considerada en la gestión del flamante Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires”.

 Sostuvo, además, que “la lucha ambiental va de la mano con la social” y que, por esta razón, desde distintos espacios se hace un llamado a participar de la marcha para defender el predio natural.

La caminata por la Reserva Natural Santa Catalina del próximo sábado 25 de junio comenzará a las 11 de la mañana desde dos puntos de concentración: el Parque Municipal Llavallol, en las calles Libres del Sur y Santa Catalina, y la estación de tren de Llavallol, para culminar con un abrazo simbólico al Instituto Fitotécnico.

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El reclamo se realizó luego de que un grupo de estudiantes denunciaran que este martes alrededor de las 21 cuando estaban estudiando en el Instituto, ubicado en Gabriel Miró, entre Figueredo y Baradero, en Fiorito, siete delincuentes armados quisieron ingresar al lugar.

En la puerta, le terminaron robando una moto a un estudiante y un celular a otro. En tanto, le gatillaron sus armas a dos alumnas. La reacción de los estudiantes permitió la detención de dos de los asaltantes. El resto huyó y sigue prófugo.

Ayer por las tarde estudiantes y docentes decidieron marchar desde el Instituto al Camino negro para visibilizar el reclamo por mayor seguridad.

Cuando se acercaban al Camino Negro se toparon con un fuerte operativo policial que les impidió el paso. Comenzaron los forcejeos y gritos por parte los manifestantes.

Sorpresivamente, algunos policías comenzaron a disparar postas de goma y a arrojar gas pimienta a docentes y estudiantes.

En ese contexto, varios estudiantes y docentes fueron perseguidos, y dos de ellos detenidos y subidos a móviles policiales. En tanto, otros manifestantes mostraban a los medios de comunicación presentes las heridas por las balas de goma recibidas.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Villa Centenario y el fiscal Gerardo Loureyro dispuso su libertad pasadas las 20hs.

 “Detuvieron a una alumna y a un docente. Además, hay tres estudiantes y profesor heridos por las balas de goma y el gas pimiento que tuvieron que ser asistidos por una ambulancia. También un chico del barrio que salió a la puerta recibió un balazo de goma”, detalló Laura Márquez, presidenta del Centro de estudiantes del Instituto 103.

La estudiante explicó que mantuvieron reuniones con autoridades municipales y provinciales que se comprometieron a reforzar la seguridad en las adyacencias al establecimiento, con móviles policiales. “Igualmente mantuvimos la decisión de cortar para visibilizar el problema y porque aún son promesas”, destacó.

Luego de la represión, el Suteba Lomas de Zamora decretó un paro docente para este jueves. En tanto, alumnos y profesores del Instituto 103 realizarán un corte de calles este jueves, a las 17, en Pio Baroja y Recondo. “Queremos soluciones concretas y repudiamos la represión que sufrimos”, destacó Márquez. Y agregó: “Ayer nos gatillaron los delincuentes, hoy los policías”.

 “Queremos defender el Instituto porque en un barrio carenciado es la única oportunidad que tienen muchos compañeros de crecer”, expresó.

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Los abogados y sus “colaboradores” fueron detenidos el mes pasados tras una serie de allanamientos en distintos estudios jurídicos del sur del Conurbano bonaerense. Tras la decisión del juez Gaig se espera que la defensa de los imputados apele la medida e insista con la excarcelación de los imputados. 

Actualmente, los abogados se encuentran detenidos en la Comisaría de Villa Galicia, donde se debieron adecuar espacios para su alojamiento, evitando el contacto con otros presos.

 El modus operandi Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com que la investigación comenzó en 2018 a raíz de una denuncia realizada por un grupo de compañías de seguros que habían detectado falsas denuncias, que incluían pericias apócrifas de distintos tipos de siniestros (robos, accidentes, destrozos).

El común denominador era que en todos los casos intervenía el mismo grupo de estudios jurídicos. La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Coordinación para Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Sebastián Scalera y Pablo Rossi. 

De acuerdo a la hipótesis fiscal serían los abogados de los estudios jurídicos, quienes “resultarían ser los encargados de la toma de decisiones centrales de las maniobras ilícitas y de la distribución de los roles de los restantes integrantes en la estructura criminal.

Tal el caso de los denominados “punteros”, quienes, además de cumplir con las tareas encomendadas por los jefes, serían aquellos encargados de organizar las maniobras delictivas, que habría consistido en obtener, a través de la instigación, el consentimiento de las víctimas, asegurados y testigos, para luego llevar a cabo las defraudaciones, falsificaciones o adulteraciones de documentación y en algunos casos, realizar una falsa denuncia, entre otras maniobras tendientes a generar las “carpetas” alusivas a los falsos siniestros, las cuales se perfeccionarían con las presentaciones y reclamos realizados por los letrados jefes ante los estrados judiciales, extrajudiciales o administrativos. Estos últimos, realizarían su tramitación y seguimiento desde las referidas presentaciones (judiciales, extrajudiciales o administrativas) hasta lograr el cobro indebido de las sumas de dinero reclamadas en base a los inexistentes y/o falsos y/o adulterados siniestros”. 

Entre las empresas afectadas se encuentran Caja Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., Seguros Sura (ex Royal & Sun Allience) Seguros Argentina S.A. y Compañía de Seguros La Mercantil S.A., entre otras.

 Los allanamientos se hicieron este miércoles en estudios jurídicos de Lomas, Banfield, Burzaco, Avellaneda y Lanús. Intervino personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

Fuentes judiciales informaron que los abogados detenidos en la causa son Fabián Contino; María Laura Brea; Jorge Messina; Walter Damián Lobo; Alfredo Truglio; Pedro Pellicori; Carla Pellicori; y Jacqueline Hernández. También fueron apresados Alejandro Cheves Ariel Ledesma; Gustavo Viceconte; Julio César Gaito, quienes, según los fiscales, actuarían como “punteros” de la banda.

Además de las pruebas presentadas por las compañías de seguros, en el expediente se acumulan informes de organismos oficiales, investigaciones en redes sociales y escuchas telefónicas.

 Tras una negativa parcial a los allanamientos por parte del juez de Garantías 3 de Lomas, Gustavo Gaig, los fiscales apelaron y la Cámara de Apelaciones ordenó que se realizaran esos operativos.

En los 26 alllanamientos, además de las detenciones, se secuestraron computadoras y documentación relacionada con la acusación original. Los detenidos se encuentran acusados de asociación iícita para cometer estafas y defraudaciones reiteradas.

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«Declárase lugar histórico nacional a la casa natal de Diego Armando Maradona, sita en la calle Azamor Nº 523 (Datos catastrales: Circunscripción: XII, Sección: D, Manzana: 32, Parcela: 18) de la Ciudad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires», dice el Decreto 733, firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado hoy en el Boletín Oficial.

La norma establece que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos «realizará las gestiones y procedimientos establecidos para su reglamentación».

En los considerandos, se señala que la «casa natal de Diego Armando Maradona -quien murió el pasado 25 de noviembre- representó para él, durante toda su vida, la fidelidad a sus orígenes y los profundos lazos que lo unían con su familia».

Se destaca la «enorme influencia del impar futbolista en la cultura popular argentina trasciende sus méritos deportivos y lo constituye a la luz de su reciente fallecimiento como uno de los símbolos más reconocibles de nuestra identidad».

Describe que el astro «transitó sus primeros años de vida en la vivienda de la calle Azamor Nº 523, que fue su casa natal» y que «allí se habían instalado sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, más conocidos como “Don Diego” y “Doña Tota”, oriundos de Esquina, Corrientes con sus hijas Ana Estela y Rita Mabel, hermanas mayores de Diego».

Asimismo, el decreto hace mención a que ahí «nacieron los hermanos mayores de Diego, Elsa Lucía y María Rosa y luego, sus hermanos menores Raúl Alfredo, Hugo Hernán y Claudia Nora».

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La especialista remarcó que para el régimen represor «las mujeres eran malas madres, malas esposas, además eran asesinas, guerrilleras y putas; hay innumerables testimonios de que así eran nombradas y agredidas, a diferencia de los varones. Había una diferenciación en cómo se dirigían a las mujeres, un mayor castigo».

Paolini y la investigadora Maria Sondereguer, ambas especialistas en género y en delitos sexuales cometidos por el Terrorismo de Estado, declararon hoy como testigos de contexto en el marco del juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los tres centros clandestinos de detención.

Los centros investigados son los que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense: el Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y el que funcionó en en la Brigada de Lanús y fue conocido como «El Infierno».

Paolini destacó que las agresiones sexuales se cometieron «de forma continua, reiterada y masiva», y aseguró que las violencias sexuales tenían como finalidad causar dolor, castigar, disciplinar» y se ejercía en patota «y en la clandestinidad y con impunidad».

Por su parte, María Sondereguer, explicó que «es en el cuerpo de las mujer donde los varones inscriben su rol de poder». Aseguró que las violencias sexuales «eran un disciplinamiento hacia mujeres que se habían salido de su rol tradicional».

«Bajo un paradigma que consideraba a la violación como un delito contra la honestidad este tipo de violencia buscaba destruir la moral, la honestidad, la dignidad, el honor de la mujer y el honor de los hombres ligados a esa mujer», precisó.

Sostuvo que muchas víctimas no pudieron denunciar estas violencias sexuales sufridas en centros clandestinos «para proteger su dignidad, su honor y el honor de los varones ligados a esa mujer dentro del paradigma patriarcal, pero hoy esas mujeres son grandes, sus hijos ya han crecido, no tienen que proteger a sus hijos».

«Hoy sienten la necesidad de denunciar porque hay una transformación profunda de marcos interpretativos de la violencia de género y porque una forma de reparación la da el espacio de la justicia, que dice qué está bien o mal e indica quien es el culpable de una conducta», apuntó. Ya se cumplieron dos meses de iniciado este juicio unificado que juzga a 17 represores, entre ellos al represor multicondenado Miguel Ángel Etchecolatz.

El fiscal de juicio Juan Martín Nogueira expresó que el balance del juicio, realizado de manera online debido a la pandemia, es «altamente positivo». «Se exhibieron muchos testimonios de personas ya fallecidas, tuvimos la posibilidad de escuchar de vivenciar declaraciones claves en otros juicios, como la declaración de Nilda Eloy, Adriana Calvo, Chicha Mariani, fue muy importante poder vivenciarlos», destacó.

Consideró que la proyección de esos testimonios realizados por los sobrevivientes de centros clandestinos en anteriores juicios «tienen algo de reparatorio, de alguna manera eso (su visualización) compensa el derecho a declarar que por razones biológicas hoy no pudieron ejercer».

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Calvo y Gioglio fueron secuestradas y estuvieron cautivas en varios centros clandestinos de detención, entre ellos el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, que junto al conocido como El Infierno, que funcionó en la Brigada de Lanús, constituyen los lugares donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que son juzgados ahora por videoconferencia por el TOF 1 de La Plata, desde el 27 de octubre último.

El tribunal, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, resolvió proyectar e incorporar los testimonios brindados por ambas sobrevivientes en otros juicios, en una audiencia en la que estuvieron presentes los 18 imputados, entre ellos Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y el jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk.

Salvo Etchecolatz y el imputado Jorge Di Pasquale, que cumplen prisión en el penal de Campo de Mayo, los restantes imputados gozan de arresto domiciliario y siguen el juicio desde los livings o dormitorios de sus viviendas, según se observa a través de la pantalla de la videoconferencia.

El primer testimonio en ser proyectado fue el que brindó Calvo en el juicio que se siguió a Etchecolatz en el 2006, en La Plata. Calvo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, estuvo tres meses detenida ilegalmente, dio a luz en cautiverio a su hija Teresa Laborde y tras ser liberada fue presidenta y cofundadora de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), desde donde realizó una investigación sobre los centros clandestinos a partir de los datos aportados por las víctimas sobrevivientes.

Al brindar testimonio en el 2006, la mujer comenzó su exposición proyectando varias filminas con el organigrama del Circuito Camps de centros clandestinos y detalló el perfil y la cantidad de personas secuestradas, desaparecidas y dadas a luz en dichos centros.

«Esto tiene como uno de sus objetivos exigir justicia para nosotros y para los compañeros desaparecidos, hemos dedicado la totalidad de estos años a tratar de reconstruir lo que fueron los campos de concentración en Argentina», dijo Calvo al empezar su declaración ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido en esa oportunidad por Carlos Rozanski.

Calvo expuso sobre «los 8 campos de concentración donde estuvieron prisioneras unas 1486 personas, de las que 25 son jóvenes nacidos en cautiverio, dos de ellos liberados inmediatamente, uno de ellos mi hija (Teresa), otros 9 recuperaron su identidad, de 5 no conocimos el destino y otros 9 siguen desaparecidos».

La mujer relató su secuestro el 4 de febrero de 1977, en su casa de Tolosa; contó cómo una vecina logró arrebatar a su hijito de un año y medio de «la patota» que la llevaba capturada con seis meses de embarazo y cómo fue trasladada a la Brigada de Investigaciones de La Plata, luego al Destacamento de Arana y a la comisaría 5ta de La Plata.

Durante su cautiverio en dicha comisaría comenzó su labor de parto y los efectivos la cargaron en un patrullero para trasladarla al Pozo de Banfield, donde funcionaba una «maternidad clandestina», pero la beba nació en el trayecto, estando su madre con los ojos vendados y las manos atadas.

Al llegar al Pozo de Banfield, relató que la recibió el médico policial Bergés, quien cortó el cordón umbilical de su hija y de manera violenta le sacó la placenta, tras lo cual le hizo limpiar el piso y su vestido ensangrentado antes de poder tomar en brazos a su beba.

La mujer y su hija Teresa estuvieron en el Pozo de Banfield trece días y, en su relato, Adriana detalló las agresiones y los padecimientos a los que fue sometida y el apoyo que recibió de sus compañeras de cautiverio, quienes impidieron que le quitaran a su beba.

«Hoy Teresa tiene 29 años y está por hacerme abuela», dijo emocionada en el video y agregó con voz temblorosa: «Quiero expresar mi agradecimiento y homenaje a esas compañeras y mi absoluto compromiso de seguir luchando hasta que todos los genocidas vayan a parar a la cárcel».

Consideró que muchos de los secuestrados fueron liberados para que contaran que «había campos de concentración donde la gente podía estar viva mucho tiempo» y agregó: «Lo que no previeron es que además de contar íbamos a pedir justicia».

A continuación se proyectó el testimonio que Gioglio brindó durante el juicio al Circuito Camps y su padecimiento desde su secuestro el 6 de diciembre de 1977 en su casa de la localidad de Ranelagh y en el recorrido por varios centros clandestinos hasta terminar como presa política en el penal de Devoto.

«Mi secuestro se dio en el marco del ‘Operativo Escoba’, destinado a mutilar al Partido Comunista Marxista Leninista con el que tenía vinculación», sostuvo la mujer, que al momento de ser secuestrada era docente de la Escuela 501 de Berazategui y educadora alfabetizadora a domicilio.

Gioglio recordó que en el Pozo de Quilmes «permanentemente entraban autos con detenidos» y detalló que eran sometidos a interrogatorios bajo tortura.

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Presentada en formato de objeciones jurídicas y plagada de adjetivaciones incluso de tipo personal, la disputa revela, en rigor, una feroz pulseada política por las partes en pugna. De un lado, un puñado de fiscales que apuntaron sus investigaciones contra dirigentes políticos identificados o con vínculos con el peronismo, como el líder camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, contra quienes, según la versión de Conte Grand, buscaron protegerlos.

En la ampliación de su denuncia, Conte Grand insistió en los “perjuicios” que ocasionó la decisión de Ferrari de eliminar la Unidad de Coordinación General para Delios Complejos y Crimen Organizado, casi una trinchera desde la que sus fiscales apuntaron cañones contra dirigentes vinculados o relacionados con el peronismo. Una práctica habitual de la Procuración durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En un escrito de 36 páginas presentado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia a cargo de Ulises “Coco” Giménez, el Procurador ensaya una férrea defensa de los fiscales a los que el kirchnerismo acusa de haberlos perseguido durante la gestión de Cambiemos, y pide la “destitución” del ‘licenciado’ Ferrari.

De forma detallada, el Procurador repasa una serie de denuncias y quejas elevadas ante el Ministerio Público, y presentadas en la Justicia contra Ferrari por parte del propio Scalera, pero omite, deliberadamente, lo que la Corte bonaerense interpretó al analizar la disputa: que existen denuncias cruzadas entre las partes, y que validar unas y ocultar las otras además de arbitrario, supone tomar partida a favor de una de ellas. Casualmente, la que apuntó contra el kirchnerismo.

Conte Grand le reprocha a Ferrari haber cerrado la Unidad de Coordinación General para Delitos Complejos, “por intereses personales y vinculaciones políticas”, con la intención de “encubrir diversas causas”. En llano, que intentó entorpecer, por ejemplo, la investigación contra Hugo y Pablo Moyano, Ambos, según el propio Procurador dijo en televisión, deberían haber sido detenidos, por aplicación de un razonamiento similar a la doctrina Irurzun: con la prueba reunida, “mis fiscales tienen la instrucción muy cara y categórica como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”.

Según la versión del Procurador, la disolución de la unidad “estuvo acompañada de la remisión indiscriminada de las investigaciones en curso, a las fiscalías de grado”, una situación que –interpreta el Jefe de los fiscales- “trajo consecuencias perniciosas” en la causa, que, concluye, podría ser la motivación que tuvo Ferrrari con su decisión, “con fines menos confesables”.

Como ejemplo del ‘prejuicio’ que ocasionó la decisión de Ferrari sobre causas en curso, Conte Grand transcribe un audio de una supuesta escucha ‘filtrada’ en el marco de una investigación de una mega estafa a compañías de seguro, en la que “un masculino” involucrado, menciona a un tal “Aníbal”. No le atribuye ninguna responsabilidad a la figura de quien parece ser el ex Jefe de Gabinete, ni lo compromete más que en un cometario de pasillo: “le voy a decir a sus empleadas que averigüen en la fiscalía, que cambiaron el fiscal, que es amigo de Julián Álvarez, el cuál es íntimo de Aníbal”, pero el Procurador General consideró indispensable transcribir esa escucha.

El resto de la presentación de la máxima autoridad del Ministerio Público fiscal de la Provincia que busca desplazar a Ferrari del cargo antes de que venza legalmente su licencia forzada, acumula acusaciones de todo tipo y ensaya una defensa categórica del resto de los integrantes de esa fiscalía General, entre ellos el polémico fiscal Sebastián Scalera.

La respuesta de Ferrari

En su defensa, el Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, atribuyó al Procurador Conte Grand la pretensión de perseguirlo, y le endilgó “abuso de autoridad” en su contra, que –interpretó- “resulta funcional a sus ambiciones: lograr que cese en mi función, y constituir pruebas para defenderse en los procesos judiciales en los que está imputado”. Causa que calificó de “graves” y con “concretas imputaciones” en su contra.

“Su escrito no es más que el resultado de buscar basura debajo de la alfombra”, aseguró Ferrari en su presentación, al analizar la ampliación de la denuncia de Conte Grand, a quien le atribuyó “la ansiosa necesidad de encontrar algo con qué mancillarme, tanto en lo funcional como en lo personal”.

En la presentación el licenciado jefe de los fiscales de Lomas de Zamora, acusó al Procurador de “armar” de forma “incoherente”, una serie “de amistades, intereses y vinculaciones espurias con personas que jamás he tratado, y que tampoco conozco”.

En su descargo, Ferrari remarca que las acusaciones en su contra de parte del jefe de los fiscales son, en realidad, “una serie de conjeturas y de hipótesis incomprobables, para sostener conspiraciones y nefastos intereses que me atribuye sin más elementos que manifestaciones de otras tantas personas que dicen haber padecido algo de mí”, y califica el relato de la presentación de Conte Grand, como una “absoluta ridiculez”. En ese sentido, consigna “como ejemplo” de lo que considera “una persecución” en su contra, “el hecho de que me atribuye una filtración ocurrida en un expediente durante su trámite en la Unidad de Instrucción –no en la Fiscalía General a su cargo-, pero no se ocupa de buscar allí al responsable, sino que me endosa a mí el comportamiento de otro agente, todavía desconocido”, bajo su conducción.

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El comienzo del debate por el Pozo de Banfield y El Pozo de Quilmes ya se encontraba con fecha de inicio fijada para el 27 de octubre, por lo que el nuevo juicio unificado, que incluye los hechos ocurridos en ex CCDyT El Infierno, debería comenzar en esa fecha.

El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes ya había sido unificado y el TOF N 1 de La Plata decidió sumar también al debate oral la causa que investiga los delitos cometidos por la dictadura cívico militar en El Infierno, como se conocía a la Brigada de Investigaciones de Lanús (con sede en Avellaneda) que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención del Circuito Camps.

En este sentido la Dirección de Querellas y Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos manifestó que no se opone a la unificación de las causas, pero insiste con la necesidad de garantizar la celeridad del juicio por lo que propondrá que las audiencias se realicen tres veces por semana.

A su vez, oportunamente presentará al tribunal una propuesta para que las audiencias sean transmitidas por un canal de YouTube y de esta manera garantizar el carácter público de las mismas.

Los hechos que se juzgarán

El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. La investigación llega a juicio oral con 429 víctimas identificadas y declararán alrededor de 400 testigos.

En este juicio oral y público se investigará la responsabilidad de 19 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.

En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cinco personas, 4 policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil, todos condenados en causas anteriores, por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda. Se juzgarán responsabilidades por 62 víctimas de ese centro, de los cuales 15 se encuentran desaparecidos, 37 sobrevivientes, 2 víctimas cuyos restos fueron identificados y otros 8 de los cuales no se conoce del destino ulterior tras su paso por El Infierno.

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Gabriela era docente de inglés en las escuelas N°11 y N° 103 del humilde barrio Villa Fiorito de Lomas de Zamora, había creado su propia marca de ropa y amaba la decoración de interiores.

El 26 de febrero de 2018 a las 4 de la madrugada la maestra fallece a sus 46 años en el Hospital Santojianni después de luchar contra un cáncer de médula ósea y, fundamentalmente, contra la desidia del IOMA.

Sucede que, Gabriella esperó más de dos meses que la mutual bonaerense le autorice la medicación que necesitaba para detener el avance de su enfermedad, pero eso nunca ocurrió.

Por eso, este viernes familiares, amigos y docentes se movilizaron a las oficinas del IOMA en Lomas de Zamora para homenajear a Gabriela y para que nunca más se repita un caso similar.

“Marchamos para que haya memoria sobre lo que pasó, para que la gente no se olvide del tendal de muertos que dejó Vidal en el IOMA”, dijo a Diputados Bonaerenses su cuñada, Gabriela del Valle Fantín. El pedido de justicia que levantaron ayer en la localidad bonaerense se hace extensivo a los 23 afiliados muertos que se contabilizaron durante la gestión de Di Liscia.

Recientemente los familiares de víctimas le presentaron una carpeta con todos los casos al nuevo presidente de la mutual Homero Giles, para que tome cartas en el asunto. «La hacemos totalmente a Vidal por lo que pasó. Vamos a seguir hasta el final el juicio para que paguen los responsables aunque se trata de monstruos muy grandes”, agregó Fantín.

La que también habló Mónica, la hermana de la docente, quien explicó que la marcha tuvo como objetivo lograr que “esta gestión no haga lo mismo que la anterior y que mejoren el tema de las autorizaciones”.

“Reclamamos que se entreguen de inmediato las drogas para enfermos oncológicos, el pago rápido a los prestadores y una buena atención para los afiliados”, sostuvo. En este sentido, el colectivo de familiares de víctimas del IOMA le pone la vara alta a la nueva gestión de Giles, que recién da sus primeros pasos, para nunca más haya una Gabriela Ciuffarella.

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