Miriam Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar el dolor de la familia y cuestionar las palabras del exjefe policial, quien días atrás había hablado públicamente sobre el expediente judicial.

“A Lauty no lo dejaron vivir”, escribió la mujer en un extenso posteo cargado de angustia, recuerdos familiares y reclamos de justicia.

En el mensaje, la abuela recordó momentos íntimos de Lautaro Morello junto a su familia, mencionó el nacimiento de nuevos integrantes que el joven no pudo conocer y volvió a apuntar contra los acusados por el crimen.

“Lauty no falleció, lo asesinaron Maximiliano y Cristian Centurión. No hay otra verdad”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Francisco Centurión rompiera el silencio desde prisión y desplegara una estrategia pública de defensa en medio de la espera por el futuro juicio oral.

“No nos van a amedrentar”

En otro tramo del mensaje, Miriam Aguilar cuestionó que se intente “defender lo indefendible” y sostuvo que la familia continuará reclamando justicia.

“No nos van a amedrentar. Queremos justicia”, escribió.

La mujer también describió el profundo impacto emocional que el crimen provocó dentro de la familia Morello y recordó la muerte del abuelo de Lautaro, ocurrida un año después del asesinato.

“Ya no soportaba lo que te habían hecho y ver a tu mamá sufriendo”, señaló.

Una causa que sigue conmocionando a Varela

El caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante continúa generando fuerte repercusión en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022.

La investigación avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en la detención del excomisario Francisco Centurión y otros acusados vinculados al expediente.

Mientras las defensas comienzan a moverse de cara al futuro juicio, las familias de las víctimas mantienen activo el reclamo de justicia y continúan denunciando un entramado de encubrimiento detrás del caso.

El posteo de la abuela de Lautaro volvió a exponer el dolor que atraviesa la familia Morello y reavivó el fuerte impacto social que el expediente mantiene en Florencio Varela.

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Las recientes declaraciones del exjefe policial desde prisión no aparecieron de manera aislada. En el entorno judicial del caso son leídas como parte de un movimiento defensivo previo al futuro juicio, en una causa marcada por fuertes tensiones, demoras procesales y un enorme impacto público en el sur del conurbano.

Centurión, uno de los principales acusados en el expediente, eligió romper el silencio después de años. Lo hizo con un discurso donde buscó presentarse como víctima de una causa armada, apuntó contra fiscales y jueces, y dejó entrever una estrategia orientada a disputar no sólo el terreno judicial, sino también la opinión pública.

El movimiento no pasa desapercibido. En causas de alto impacto mediático, la construcción de sentido alrededor de los acusados suele convertirse en un elemento clave antes de la etapa de juicio oral, especialmente cuando existe la posibilidad de un juicio por jurados.

La apuesta de Centurión por el juicio por jurados

Uno de los puntos que aparece detrás de las declaraciones de Centurión es la eventual llegada del expediente a un jurado popular, escenario donde las defensas suelen intentar humanizar a los imputados y cuestionar la legitimidad de la investigación. Sobre todo ante la contundencia técnica de los indicios.

En ese contexto, las entrevistas públicas, los mensajes desde prisión y las críticas al proceso judicial pueden transformarse en herramientas para instalar dudas o generar empatía social antes de que el caso llegue a debate.

El expediente por Lautaro Morello y Lucas Escalante arrastra además un fuerte desgaste producto de las demoras judiciales, audiencias suspendidas y discusiones procesales que marcaron la causa desde el comienzo.

Mientras las familias de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y apuntan a un entramado de encubrimiento policial, las defensas comenzaron a reforzar otra línea narrativa: la existencia de irregularidades y supuestas inconsistencias en la investigación.

Una causa que conmocionó a Florencio Varela

El caso tuvo un enorme impacto en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022, cuando Lautaro Morello apareció asesinado y Lucas Escalante desapareció luego de salir juntos rumbo a un encuentro vinculado a la compra de drogas.

Con el correr de la investigación, la causa avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en detenciones de alto perfil, entre ellas la de Francisco Centurión, excomisario de la policía Bonaerense

Desde entonces, cada movimiento judicial alrededor del expediente genera fuerte repercusión pública y política en la región.

Las recientes declaraciones de Centurión volvieron a poner el caso en el centro de la escena y dejaron al descubierto que la pelea ya no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno de la construcción pública del relato sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Florencio Varela.

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Habló, pero no respondió lo que importa

El comisario Francisco Centurión eligió el programa Se Presume Inocente, que conduce la periodista Alejandra Ojeda Garnero por FM Wox con el acompañamiento de la ONG Inocente Colectivo, para romper el silencio. Un espacio que, ya desde su nombre, anticipa el tono del relato.

En poco más de veinte minutos de comunicación entrecortada desde la unidad carcelaria donde está detenido, Centurión repasó sus argumentos de siempre: que la investigación está viciada, que el fiscal lo persigue, que los jueces no son los naturales, que su domicilio fue allanado cinco veces sin encontrar nada, y que él estaba de vacaciones en Entre Ríos cuando todo ocurrió.

Lo que no explicó —ni le preguntaron con la insistencia que el caso merece— es por qué la Justicia lo tiene sentado en el banquillo junto a su hijo, su sobrino y otros efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Bosques. Por qué, pese a todos sus reclamos, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló hasta ahora su liberación. Y por qué el juicio, lejos de derrumbarse, sigue en pie con una elevación a juicio oral ya firme.

Lo que dice la Justicia: una acusación que sobrevivió todas las impugnaciones

El 9 de diciembre de 2022, mientras la Argentina entera miraba el partido contra Países Bajos en el Mundial de Qatar, Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron en Florencio Varela. Lautaro apareció muerto. Lucas sigue sin aparecer.

La investigación apuntó desde el principio al entorno policial de la zona. El hijo de Centurión, Cristian, tenía contacto con Lucas Escalante: se conocían del gimnasio, según reconoció el propio comisario. Ese vínculo, sumado a otros elementos probatorios que el expediente contiene y que las defensas no pudieron hacer caer, derivó en la elevación a juicio de toda la cadena acusada.

Las defensas impugnaron prácticamente todo: al fiscal original, al fiscal sustituto, al primer juez, al segundo juez. La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos y el proceso siguió adelante. Centurión interpretó eso como una conspiración. La Justicia lo interpretó como que no había nulidades que prosperaran.

El comisario Argañaraz —jefe de la Comisaría 4ª al momento de los hechos y también imputado— ya tiene su propio historial judicial en la zona. Como publicó Infosur, el oficial que era su segundo en la Cuarta de Bosques fue recientemente designado al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela, un dato que habla de las tensiones que todavía recorren la estructura policial local.

«Me dispararon por la espalda»: el relato de su detención

Centurión dedicó un tramo extenso de la entrevista a narrar cómo fue detenido, meses después de que su hijo y su sobrino ya estuvieran presos. Dijo que salía a pie hacia el cardiólogo cuando una comisión de la Policía Federal, en una camioneta negra sin identificación, lo interceptó a metros de su domicilio.

«Me apuntaron con el arma, me embistieron con la camioneta. Intenté escapar pensando que era un robo», relató. Treinta metros después, dos disparos. Uno le impactó en la pierna izquierda. Fue ahí cuando se enteró de que había una orden de detención en su contra.

La versión policial del operativo es, naturalmente, diferente. Y el hecho de que hubiera una orden judicial vigente —emitida por el juez de garantías luego de la investigación— es el dato que Centurión prefirió enmarcar como «intento de eliminación» antes que como una detención ordenada por la Justicia.

El fiscal armó una comisión especial para ir contra nosotros»

Centurión apuntó con dureza al fiscal Daniel Ichazo, quien no fue el fiscal original de la causa —ese rol lo ocupó la doctora Don Giovanni, luego apartada— sino que fue designado posteriormente. Según el comisario, no fue asignado por sorteo sino «a dedo», y con él «se descartaron todas las líneas de investigación alternativas».

«Hay cinco o seis hipótesis que estaban en la causa y que nunca se siguieron. El fiscal sólo miró hacia nosotros», afirmó. Entre esas líneas, mencionó testimonios que habrían ubicado a Lucas Escalante con vida en días posteriores al 9 de diciembre, y referencias a un presunto secuestro previo que habría sufrido el joven, vinculado a la familia de un empresario de la construcción.

También cuestionó la remoción del juez original, el doctor Bustero, quien había ordenado su excarcelación luego de que Centurión prestara declaración. Tras un escrache frente al juzgado de garantías —con pintadas y presión pública—, Bustero se excusó. La Cámara de Apelaciones designó al doctor Agüero, quien revirtió la decisión y ordenó la detención.

«Tanto el fiscal como el juez fueron designados especialmente. Se armó una comisión especial para gestionar esta investigación puntualmente en mi contra», denunció.

Cinco allanamientos, ninguna prueba

Uno de los argumentos más contundentes que esgrimió Centurión es que su domicilio fue allanado en cinco ocasiones. En ninguna de ellas —afirmó— se encontró un solo elemento que vinculara a las víctimas con el lugar: ni muestras periciales, ni movimientos de suelos, ni objetos secuestrados de relevancia.

«Vinieron los especialistas más destacados, levantaron muestras, revisaron todo. No encontraron nada», sostuvo. Y recordó que al momento del hecho se encontraba en la provincia de Entre Ríos, pasando un fin de semana largo con su novia, y que regresó el 10 de diciembre.

El juicio: sin fecha, entre jurado popular o técnico

La causa tiene previstas unas 300 declaraciones testimoniales. Sin embargo, la fecha del debate oral sigue sin confirmarse. Centurión atribuyó las postergaciones a cuestiones procesales vinculadas a las distintas defensas —incluyendo un cambio de abogado en su propio caso— y a la evaluación de un factor clave: si el juicio será técnico o por jurado popular.

«Si hay muchas irregularidades, un jurado de ciudadanos va a ser más objetivo para evaluar las pruebas. Ellos escuchan, no tienen compromisos», reflexionó. Los plazos máximos de la prisión preventiva —dos años— ya vencieron para los tres detenidos principales, sin que el proceso haya avanzado al debate.

«Hay personas que terminan aceptando condenas para terminar con el calvario»

En el cierre de la entrevista, Centurión amplió su mirada hacia lo que describió como un patrón que se repetiría en casos similares: investigaciones mediáticas, abogados querellantes siempre presentes —mencionó a la Comisión Provincial por la Memoria y sus representantes legales— y fiscales que «direccionan la causa para tranquilizar el clamor social».

«Hay personas que terminan aceptando condenas en juicios abreviados para que se termine el calvario de la detención. Eso está muy mal y debe ser replanteado», advirtió. Y concluyó: «No tenemos absolutamente nada que ver con este hecho. Y eso se va a demostrar en el juicio».

Tres años y medio preso, juicio sin fecha: la estrategia de la demora

Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Los plazos legales máximos de dos años ya se cumplieron, lo que obliga al Estado a acelerar el proceso o liberarlos. Hasta ahora, la Justicia optó por sostener las detenciones argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.

El debate oral debía comenzar el 14 de abril pasado. No empezó. Centurión atribuyó la postergación a cuestiones procesales —cambio de abogado, definición entre juicio técnico o por jurados— pero el patrón de dilaciones lleva ya seis audiencias preliminares caídas. Las familias de las víctimas esperan.

Sobre el juicio por jurados, Centurión se mostró abierto. No es casual: un jurado popular que desconozca los detalles técnicos del expediente puede ser más permeable a un relato emotivo. La defensa lo sabe. La Fiscalía también.

Lo que Centurión no dijo

En ningún momento de la entrevista el comisario explicó qué hacía el personal de la Comisaría 4ª de Bosques en el contexto en el que los jóvenes desaparecieron. No habló de las comunicaciones que el expediente registra. No explicó por qué la Fiscalía —con todos los recursos del Estado a su disposición y bajo el escrutinio de múltiples defensas— sostuvo la acusación durante casi cuatro años si, como él dice, «no hay ningún elemento probatorio contundente».

Sí dedicó tiempo a describir un supuesto patrón de casos armados, con fiscales, medios y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria actuando en conjunto para «tranquilizar el clamor social». Una teoría que, de ser cierta, implicaría una coordinación criminal de proporciones extraordinarias. Y que, de ser falsa, sería simplemente lo que suelen decir quienes tienen mucho que perder cuando llega el juicio.

El juicio se acerca. Centurión habló. Pero las preguntas que importan siguen sin respuesta.

Francisco Centurión habló desde la cárcel en el programa Se Presume Inocente, emitido por FM Vox los sábados a las 9 de la mañana, conducido por Alejandra Ojeda Garnero con la participación de la ONG Inocente Colectivo. Infosur sigue la cobertura del caso desde 2022.

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El nuevo operativo se concretó en las últimas horas y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela, donde en menos de un mes ya se registraron múltiples detenciones de personal jerárquico.

Según pudo saber Infosur, el procedimiento se activó luego de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto a personal de Asuntos Internos.

De acuerdo al expediente, un vecino fue interceptado en la zona de avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz por efectivos que se desplazaban en un móvil policial identificado y un vehículo particular. En ese contexto, le habrían realizado una inspección vinculada a la supuesta investigación de robo de cableado, detectando material de cobre en su poder, presuntamente adquirido en una chatarrería.

La denuncia sostiene que, tras esa situación, los efectivos habrían exigido dinero para evitar consecuencias judiciales, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía y la posterior aprehensión de personal policial de la seccional.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaria primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo, el jefe del GTO Diego benítez y otros integrantes del gabinete operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos acusados en el marco de la causa por robo agravado.

ANTECEDENTE INMEDIATO: OTRO CASO EN MENOS DE UN MES

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido a mediados del mismo mes en otra dependencia policial de Florencio Varela, donde también fue detenido un comisario junto a personal de calle en el marco de una investigación interna.

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Aquella causa, que también contó con intervención judicial y de Asuntos Internos, generó un fuerte impacto institucional dentro de la fuerza y abrió un proceso de revisión sobre el accionar de distintas comisarías del distrito.

La reiteración de estos hechos en un corto período de tiempo profundiza la percepción de crisis dentro de la estructura policial local, con expedientes abiertos que continúan en trámite y bajo estricta reserva.

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Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del sábado en los domicilios de César Parra y Cristian Miño, señalados en la causa que lleva adelante la fiscalía.

De acuerdo a la denuncia, varias personas habrían abonado sumas cercanas a los 20 mil dólares por lote, pero posteriormente se les habría impedido el ingreso al predio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 5, bajo la intervención del fiscal Pagliuca, quien dispuso las medidas que fueron autorizadas por el juez de Garantías Julián Busteros.

Durante los allanamientos, realizados por personal de la Sub DDI de Florencio Varela con apoyo de otras dependencias, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Parra es titular de una inmobiliaria local y presidente de la Cooperativa Orqueta Cura, mientras que Miño integra la misma organización como tesorero y cuenta con participación en espacios vinculados al cooperativismo.

El caso se originó a partir de denuncias de presuntas víctimas, quienes sostienen que realizaron pagos por terrenos en el loteo sin poder tomar posesión de los mismos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales.

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La bronca se mezcla con el cansancio y la angustia. Otra vez. En Florencio Varela, las familias de Lucas Escalante y Lautaro Morelli volvieron a quedar atrapada en los tiempos de la Justicia. Y esta vez, con un temor concreto: que el juicio por su desaparición y el crimen de Lautaro recién se realice en diciembre.

“Nos dijeron que la fecha estimativa sería en diciembre. Es mucho tiempo”, expresó Romina Escalante, hermana de Lucas, en medio de la angustia que atraviesa la familia tras la reciente suspensión del proceso judicial.

Un juicio que no arranca

La audiencia prevista fue postergada luego de que los acusados no completaran la presentación de pruebas. Según denunciaron, los cambios en la defensa volvieron a trabar el avance de la causa.

El expediente arrastra demoras desde hace meses. La última audiencia se había realizado en septiembre del año pasado y aún quedaban instancias pendientes antes de llegar al juicio oral.

“Se siguen tirando la pelota entre fiscales, jueces y defensas. Y los que quedamos en el medio somos nosotros”, apuntó Romina.

El peso del tiempo

El caso se remonta a diciembre de 2022, en pleno clima mundialista. Mientras el país celebraba, dos familias comenzaban una pesadilla: Lucas desaparecía y días después se confirmaba el crimen de Lautaro.

A más de tres años y medio, la causa todavía no tiene una resolución judicial firme.

Por eso, la posibilidad de que el juicio se realice en diciembre vuelve a cargar de simbolismo el calendario. “No queremos pasar otro fin de año o un contexto así esperando respuestas”, deslizaron desde el entorno familiar.

La búsqueda que no termina

Mientras el expediente avanza a paso lento, la búsqueda de Lucas continúa abierta. No hay certezas sobre su paradero.

“Yo necesito encontrar a mi hermano. Que haya una condena puede abrir una puerta, que alguien diga algo”, sostuvo Romina.

La causa, que involucra a ex efectivos policiales, sigue siendo uno de los casos más sensibles de los últimos años en el sur del conurbano.

Un reclamo que no se apaga

En las puertas del tribunal, la escena se repite: familiares, carteles, pedidos de justicia.

El reclamo es el mismo desde hace más de tres años.

Que el juicio empiece. Y que no se siga postergando.

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El pasado 10 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela condenó a cinco efectivos de la Policía Bonaerense por su responsabilidad en la muerte de Francisco Valentín Cruz. Las penas van desde un año hasta seis años y seis meses de prisión, en el marco de un juicio por abandono de persona seguido de muerte y otros delitos.

El hecho ocurrió a mediados de marzo de 2020, cuando el joven, de 29 años, fue subido a un patrullero mientras se encontraba en un evidente estado de desorientación y confusión, producto de un padecimiento de salud mental.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocinó a la familia de la víctima, valoró el fallo al considerar que se ajusta a las pruebas producidas durante el debate y que expone la responsabilidad policial en la muerte de Cruz. Tras la lectura del veredicto, tres de los cinco policías fueron detenidos en la sala de audiencias.

“Es un veredicto que se acercó bastante a lo que habíamos solicitado en nuestros alegatos, especialmente porque los cinco agentes imputados fueron hallados culpables. La familia de Francisco recibió positivamente este resultado luego de tanta lucha por acceder a la justicia”, señalaron desde la CPM.

Además, remarcaron que “la muerte de Francisco no debió haber ocurrido y no pudo haberse concretado sin la intervención de los policías, quienes lo subieron al patrullero sin motivo y no informaron el lugar donde supuestamente lo dejaron”.

Las condenas

Sergio Esteban Barboza y Emanuel Maximiliano Peralta fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por abandono de persona seguido de muerte —en la modalidad de puesta en situación de desamparo—, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

Ezequiel Carlos Rodríguez recibió una pena de seis años de prisión por el mismo delito. Los tres fueron detenidos tras el veredicto y cumplirán pena efectiva.

Por su parte, la agente Virginia Noemí de la Vega fue condenada a dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de abandono de persona, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

En tanto, Facundo Alan Iván Rolón recibió una pena de un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tribunal, integrado por los magistrados Santiago Zurzolo Suárez, Patricio Gandulfo y Natalia González Aguirre, dará a conocer en las próximas semanas los fundamentos de la sentencia.

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El autor fue Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval. La condena fue de 13 años de prisión efectiva, confirmada por el Tribunal de Casación. Caso cerrado, en apariencia.

Pero Gorgonio Díaz no se resignó. Y al parecer encontró aliados dispuestos a todo.

El plan

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, mientras el juicio oral contra Díaz se preparaba en el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, pareciera que tomó forma una maniobra sofisticada y temeraria: fabricar prueba falsa para desacreditar las actuaciones policiales y fiscales que habían armado el caso. El objetivo era claro: sembrar dudas suficientes para voltearlo.

Para la Justicia, el eje del plan fue Washington Palacios, entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar. Cuando llegó a su escritorio una denuncia por amenazas presentada por César Jaunarena —un ciudadano que había sido convocado como testigo de actuación en los allanamientos mientras esperaba el colectivo— Palacios vio una oportunidad. En lugar de investigar las amenazas, desvió deliberadamente la causa hacia otro destino: desacreditar todo lo actuado en el caso Díaz.

Siempre según la resolución judicial los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español completaron el esquema. Fueron ellos quienes instruyeron a Jaunarena sobre qué decir. El testigo, descripto en la sentencia como una persona en situación de vulnerabilidad, terminó declarando falsamente ante la Fiscalía de Pilar y luego ante el propio tribunal del juicio oral: que en los allanamientos se había secuestrado más dinero del consignado en el acta, y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio. Nada de eso había ocurrido.

Pero hubo un eslabón que no resistió. El comisario Gabriel Natiello, uno de los policías que había intervenido en los allanamientos, relató ante la justicia que Palacios y Pérez Bodria le habían pedido directamente que cambiara su versión de los hechos antes del juicio oral. No lo hizo. Y su testimonio fue una de las piezas que desarmó todo el andamiaje.

Las pruebas

Para la Justicia, la coordinación entre los cuatro acusados quedó expuesta por registros de llamadas telefónicas y, de manera quizás más elocuente, por grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate —esposa de Gorgonio Díaz— con su marido detenido y con el fiscal Palacios. Las voces hablaban solas.

En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dado el primer golpe: destituyó a Palacios por unanimidad. El jurado tuvo por acreditado que había llevado adelante conductas irregulares y anómalas, contrarias al criterio objetivo que debía guiar su función. Esa destitución no fue solo un antecedente administrativo: la sentencia penal de hoy la receptó como elemento determinante para configurar el delito de violación de los deberes del funcionario público.

La condena

Este martes 7 de abril de 2026, el juez Hernán Sergio Archelli del Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro leyó su veredicto. Las penas:

— Washington Palacios: 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

— Tomás Pérez Bodria y Esteban Español: 5 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía, cada uno.

— César Jaunarena: 4 años de prisión.

Al ponderar las penas, Archelli no encontró atenuantes. Los agravantes que enumeró dicen mucho sobre la naturaleza del caso: la gravedad institucional de los hechos, la erosión al sistema de administración de justicia, el entrecruzamiento de vínculos ilícitos, la participación de más de tres personas, la instrumentalización de una persona vulnerable, y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.

Once años

Desde aquella noche de julio de 2013 en Tigre hasta este fallo, pasaron casi once años. Gorgonio Díaz sigue preso por el robo original. Ahora, los que intentaron salvarlo también enfrentan la cárcel.

La sentencia de hoy no es solo el cierre de una causa penal. Es el retrato de cómo una red de funcionarios y operadores puede intentar capturar la maquinaria judicial desde adentro, usando sus propias herramientas. Y, en este caso al menos, fracasar.

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Tres días después, su cuerpo apareció tendido sobre un charco de brea en una tosquera de la zona.

Seis años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela está a punto de emitir su veredicto. El 10 de abril se sabrá si los cinco policías imputados son condenados por el delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los imputados y los roles

Los cinco policías que enfrentan el juicio son Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí De la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón, todos integrantes del Comando de Patrullas de Florencio Varela al momento de los hechos.

Tanto la fiscalía como la Comisión Provincial por la Memoria —que patrocina a la familia de Francisco en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura— coinciden en los roles: Rodríguez, Peralta y Barboza son considerados coautores, mientras que Rolón y De la Vega son señalados como partícipes necesarios con un rol menor en los hechos.

Lo que pasó aquella madrugada

La escena de esa madrugada la reconstruyeron los propios vecinos que llamaron al 911. Francisco estaba desorientado, balbuceaba, no se le entendía lo que decía. Horas antes había estado en una guardia de salud mental y cursaba un tratamiento ambulatorio. No representaba ningún riesgo para nadie, algo que los vecinos pudieron interpretar con claridad y que, sin embargo, los cinco policías ignoraron. Lo cargaron al patrullero con la excusa de trasladarlo a un centro de salud. Nunca llegó a ninguno.

Las pruebas que marcaron el juicio a los cinco policías

Entre los testimonios más contundentes del juicio estuvieron los de las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el cuadro de salud de su hermano y el tratamiento que seguía. También declaró una médica que lo había atendido en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, bomberos y policías que participaron en el hallazgo del cuerpo, y los vecinos que presenciaron el momento en que lo subieron al patrullero.

Pero quizás el testimonio más revelador fue el del propio jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien señaló ante el tribunal que los cinco policías actuaron por fuera de la ley durante aquella madrugada. Una admisión que viene de adentro de la propia institución.

A eso se sumó la prueba documental: el resultado de la autopsia, un informe de Gendarmería sobre el hallazgo del cuerpo y los datos del sistema de geolocalización automática del patrullero, que permiten reconstruir con precisión los movimientos del móvil policial aquella noche.

Las penas que piden fiscalía y CPM

La CPM y la fiscalía solicitan 8 años de prisión para Rodríguez, Peralta y Barboza como coautores del delito de abandono de persona seguido de muerte. Para Rolón y De la Vega, como partícipes necesarios, piden 7 años y 6 meses.

Francisco Valentín Cruz tenía padecimiento mental. Estaba en tratamiento. Necesitaba contención, no un patrullero. El sistema que debía protegerlo fue el mismo que, según la acusación, lo abandonó a su suerte en algún punto entre aquella esquina de Ingeniero Allan y la tosquera donde lo encontraron.

El 10 de abril, el tribunal hablará. La familia de Francisco lleva seis años esperando esa palabra.

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Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Francisco Valentín Cruz, 29 años, caminaba desorientado por las calles de Ingeniero Allan en medio de una crisis de salud mental. Había sido atendido por guardia médica pocas horas antes. Tenía diagnóstico. Tenía tratamiento.

Cuando los policías lo subieron al patrullero, todos podían ver que algo no estaba bien. Los vecinos que lo habían reducido —creyendo que era un ladrón— decidieron no hacer la denuncia porque se dieron cuenta de que el hombre no comprendía lo que pasaba, no se le entendían las palabras, no registraba lo que ocurría a esa hora de la noche.

La policía lo subió igual. Y en lugar de llevarlo a la comisaría, derivarlo a un centro de salud o dar intervención a la autoridad judicial, lo bajaron en una esquina oscura a las 0.57 de la madrugada.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo apareció en una tosquera de Villa Hudson.

Este lunes arrancó el juicio oral. Y este martes, el jefe de los propios imputados confirmó lo que la familia lleva seis años diciendo.

«No hay ningún elemento legal que lo justifique»

Según publicó la agencia ANDAR, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela, el jefe del Comando de Patrullas fue categórico: los policías imputados debían haber trasladado a Francisco a la comisaría y dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Y remató con una frase que quedó flotando en la sala: no hay ningún elemento legal que justificara la decisión de llevarlo a un lugar distinto.

En pocas palabras: el superior jerárquico de los cinco acusados confirmó que lo que hicieron esa noche no tenía ningún amparo en la ley.

Lo que dijeron los testigos

En la primera jornada del lunes declararon las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el padecimiento de salud mental de su hermano y el tratamiento indicado por guardia pocas horas antes de la aprehensión.

Tres vecinos que presenciaron el momento en que la policía se llevó a Francisco dijeron lo mismo: estaba perdido, desorientado, incoherente, balbuceaba y no se le entendía lo que decía. Uno de ellos lo resumió con una frase simple y contundente: «Era notorio que no había ido a robar, sino que era otra la cuestión.»

Este martes declaró además la médica que lo atendió en el Hospital Alejandro Korn, quien confirmó que el estado de desvalimiento, pérdida y alucinaciones que describieron los testigos se correspondía exactamente con su cuadro clínico.

Los imputados

Los cinco efectivos del Comando de Patrullas acusados de abandono de persona seguido de muerte son Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí De la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón.

La acusación sostiene además que los efectivos intentaron desviar la investigación aportando testigos falsos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de Francisco y califica el caso como un grave episodio de violencia institucional y encubrimiento policial y judicial.

El viernes, los alegatos

La jueza dispuso cuarto intermedio hasta el viernes 20 de marzo a las 13 horas, cuando será el turno de los alegatos de fiscalía, defensa y CPM.

📎 Cobertura del caso Cruz en Infosur:

• La alarmante hipótesis de los peritos: ¿la policía usó picana?
• Exclusivo: habla la madre de Francisco Cruz

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La última imagen que existe de Francisco Valentín Cruz con vida es adentro de un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Argentina llevaba apenas horas bajo el primer confinamiento por la pandemia. Las calles de Florencio Varela estaban vacías, los colectivos no corrían, no había nadie. Francisco, un correntino de 29 años que había venido a Buenos Aires a trabajar de albañil para ayudar a su madre y a sus hermanos con discapacidad, tenía un trastorno psiquiátrico y en ese momento atravesaba una descompensación.

Efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela lo aprehendieron en calle Ecuador 2551, en Ingeniero Allan, pasada la medianoche. Lo subieron al patrullero.

Y según investiga la Justicia y se debatirá en juicio oral y públicodespués lo bajaron. Solo. En la intersección de la Avenida Hudson y la calle 1356, a las 0.57 de la madrugada, en un lugar donde no había colectivos, no había casas cerca y no había nadie que pudiera auxiliarlo.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo fue encontrado en una tosquera sobre Avenida Hudson y Pinzón. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio por asfixia.

Este lunes, seis años exactos después de aquella noche, cinco policías se sientan ante el Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela. La familia de Francisco, patrocinada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), espera que la Justicia diga por fin lo que Ramona Espinosa, su madre, lleva años diciendo en voz alta: «A mi hijo lo mató la policía.»

Vino a trabajar. Se lo llevó un patrullero

Francisco tenía 29 años y había dejado Corrientes con una misión simple: trabajar, juntar plata, mandar dinero a casa. Su madre, Ramona Espinosa, tenía a otros dos hijos con discapacidad. Francisco era el sostén.

En Ingeniero Allan se ganaba la vida como albañil y cosechero golondrina. Tenía un trastorno psiquiátrico diagnosticado y seguía tratamiento. La noche del 13 al 14 de marzo tuvo una crisis.

Los policías que lo encontraron en la calle Ecuador lo subieron al patrullero. Lo que debió ser una derivación a un hospital, a su domicilio o, en último caso, a una comisaría, terminó siendo otra cosa: un viaje de menos de una hora que lo dejó abandonado en una esquina oscura, sin que nadie supiera dónde estaba.

Su familia empezó a buscarlo esa misma noche. Fueron a la Comisaría 6ª. Recién les tomaron la denuncia en la madrugada del 15, más de 24 horas después. Durante días rastrillaron el barrio. Pasaron varias veces frente a la tosquera. Pidieron que la revisaran. No quisieron bajar.

El 17 de marzo encontraron el cuerpo.

La hipótesis que quemaba: ¿hubo picana?

Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por irregularidades. La CPM, que tomó el patrocinio de la familia, denunció dilaciones sistemáticas y una fiscalía que, en lugar de investigar a la policía, le delegó las tareas investigativas a la misma fuerza sospechada.

Pero lo más perturbador llegó con la pericia. La perito de parte presentada por la CPM, Virginia Creimer, que participó de la autopsia, señaló que Francisco presentaba lesiones producidas por terceras personas, heridas post-mortem y —el dato más alarmante— lesiones en el abdomen compatibles con el paso de electricidad por el cuerpo.

«Si se confirma eso, ¿quién pudo hacer algo así si no es la policía?», preguntó Esther, una de las hermanas de Francisco.

La versión policial nunca fue sólida. Los efectivos declararon que, por pedido del propio Francisco, lo habían dejado en una parada del colectivo 324. El problema: ese lugar está en dirección contraria a su casa y a la comisaría, y no hay ningún colectivo que circule por allí de madrugada.

Un testigo que había declarado haber visto a Francisco caminando hacia la tosquera reconoció luego, en sede judicial, que los propios policías de la Comisaría 6ª le pidieron que declarara eso. Que él nunca pudo identificar que la persona que vio fuera Francisco.

Seis años de pelea judicial

Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, fue categórico en su momento: la responsabilidad policial es innegable porque «la última vez que se lo vio con vida a Cruz fue arriba de un móvil policial».

La familia recorrió despachos, se reunió con el Procurador General, con el Fiscal General de Quilmes, con el fiscal de la UFI 1 de Florencio Varela. Ramona Espinosa viajó desde Corrientes con lo poco que tenía. En cada reunión le pedían más tiempo.

«Tiempo es el que le sacaron a mi hijo cuando le quitaron la vida», respondió ella.

Los acusados y los cargos

Los cinco efectivos que este lunes se sientan ante el Tribunal son:

Oficial Sergio Esteban Barboza (legajo 422418), Oficial Emanuel Maximiliano Peralta (legajo 420410), ambos a cargo de las zonas 36 y 37 en el móvil 25303; Sargento Ezequiel Rodríguez (legajo 192178) y Oficial Virginia De la Vega, zona 33, móvil 25291; y Oficial Ayudante Facundo Alan Iván Rolón (legajo 181081), de la Seccional 6ª.

La acusación principal es abandono de persona seguido de muerte. La subsidiaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber violado la Ley Provincial 13.482 y el Decreto 1050/2009, que obligan expresamente a los efectivos a proteger a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

Lo que viene

El juicio oral que arranca este lunes es el final de un camino larguísimo. Para la familia de Francisco, para la CPM y para quienes seguimos este caso desde el principio, representa algo más que un proceso judicial: es la última oportunidad de que el Estado reconozca lo que le hicieron a un hombre vulnerable en la madrugada más silenciosa de la pandemia.

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Cinco medidas de protección por día, en promedio. Cinco situaciones diarias en las que una mujer del distrito necesitó que la justicia pusiera un límite entre ella y quien debería haberla cuidado.

Cuando la perimetral no alcanza sola

Entre los doce detenidos hay un caso que ilustra el funcionamiento del sistema en su versión más concreta: un hombre con medida perimetral vigente decidió ignorarla. Se acercó donde no debía. El juez Agüero ordenó su detención de inmediato.

La perimetral es un papel. Lo que la hace efectiva es la respuesta institucional cuando ese papel es violado. En este caso, esa cadena funcionó. No siempre funciona.

El contexto: San Valentín y los números del juzgado

Los datos corresponden al turno de quince días que cerró la semana del 14 de febrero. Mientras el almanaque marcaba el Día de los Enamorados, el juzgado procesaba doce detenciones y setenta y nueve medidas de protección. La violencia doméstica no reconoce fechas especiales.

El dato que no figura en ningún expediente

Detrás de cada una de las 79 medidas hay una mujer que tomó la decisión más difícil: hablar. Denunciar. Confiar en que el sistema haría algo. El dato más importante, sin embargo, es el que no aparece en ninguna estadística judicial: cuántas no lo hicieron.

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Con la resolución ya firmada por las autoridades peruanas, ahora resta definir cuándo y cómo será el traslado del imputado al país, un trámite que deberá coordinarse entre ambos Estados en los próximos días.

Valverde Victoriano está acusado de haber participado en los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurridos en Florencio Varela. La causa lo imputa por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

Tras el triple crimen, el acusado logró escapar del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre del año pasado. Sin embargo, el imputado se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que obligó a avanzar con el procedimiento formal que este fin de semana quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

Según detallaron medios peruanos, el documento establece que antes de concretar la entrega, la Autoridad Central deberá verificar que el detenido no tenga causas penales pendientes en Perú. En caso de existir procesos abiertos o sentencias firmes, la extradición podría quedar momentáneamente aplazada.

Superado ese paso, se definirá la logística del traslado a la Argentina, donde “Pequeño J” deberá enfrentar el proceso judicial por uno de los crímenes más graves registrados en Florencio Varela en los últimos años.

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Una rosa roja ocupa el centro de la escena. Detrás, una secuencia de carteles escritos a mano va poniendo palabras a un dolor que no encuentra alivio. A un año exacto de la desaparición de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, brutalmente asesinados, Alicia Pita, la mamá de Paloma, difundió un mensaje en video que volvió a sacudir conciencias.

“365 días sin Justicia. No a la impunidad”, se lee en uno de los primeros carteles. La frase resume un año entero de espera, duelo y reclamo. No hay voz en off: hablan los papeles, la imagen y el silencio. Cada mensaje aparece y desaparece, como una herida que se abre una y otra vez.

El video continúa con un pedido que atraviesa a ambas familias:
“Por la Verdad, la Justicia y la Memoria para Paloma y Josué”.
El recuerdo de los jóvenes no se apaga, pero el paso del tiempo tampoco trajo las respuestas que se esperan.

Un reclamo que no cesa

En otro de los carteles, Alicia apunta directamente al trato recibido tras el crimen:
“Exigimos respeto por la Memoria y nombre de nuestra hija”.
Y luego, con crudeza, suma una denuncia que expone el desgaste emocional que atraviesa la familia:
“Basta de revictimizar y hostigar a la familia”.

Cada frase es un golpe seco. No hay eufemismos ni rodeos. El mensaje no busca conmiseración, sino respeto, memoria y justicia.

Amor, fe y justicia terrenal

El tramo final del video combina amor y fe. “Siempre vivirás en nuestros corazones, te amaremos por siempre”, expresa uno de los carteles, antes de un pedido que sintetiza el anhelo más profundo de la familia:
“Pido a Dios que se haga Justicia, no solo en el cielo sino también en la tierra”.

El último mensaje es directo, firmado y sin intermediarios:
“Justicia para nuestra hija Paloma. Familia Gallardo”.

El video cierra con la imagen de Paloma. Su rostro vuelve a ocupar el centro, recordando que detrás de cada causa hay una vida truncada, una historia interrumpida y una familia que no baja los brazos.

A un año de aquel día en que Paloma y Josué desaparecieron, el mensaje de su mamá vuelve a marcar una certeza dolorosa: el tiempo pasa, pero la búsqueda de justicia no se detiene.

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Se trata de Matías Marcello, abogado de Omar Gallardo, padre de Paloma, quien a través de un extenso descargo público expuso una serie de cuestionamientos al desarrollo de la investigación, denunció demoras injustificadas, irregularidades procesales y una persecución sistemática contra la familia.

Según detalló el letrado, la causa tuvo serios problemas en su etapa inicial, con cuestionamientos al accionar del primer fiscal interviniente, Bustos Rivas, quien luego se excusó de continuar en el expediente.

En ese contexto, señaló la causa contra el abogado Carlos Diegues, asesor de la familia Salvatierra, que se encuentra elevada a juicio, pero sin fiscal sorteado, lo que —según explicó— genera nuevas dilaciones en un expediente ya marcado por la falta de avances durante meses.

El abogado remarcó además que desde su intervención, en junio de 2025, la investigación comenzó a tomar un impulso procesal que antes “era inexistente o casi nulo”, aunque advirtió que aún persisten pruebas clave pendientes de producción, incluso vinculadas al mismo 30 de enero de 2025, día de la desaparición de los adolescentes.

“Resulta increíble que, a casi un año, todavía estemos solicitando medidas de prueba básicas”, expresó, al tiempo que señaló que existen numerosos pedidos sin respuesta por parte del sistema judicial.

Otro de los ejes más sensibles del descargo fue la denuncia de hostigamiento contra la familia Gallardo, que —según sostuvo— sufrió durante todo este tiempo una verdadera “cacería de brujas” a través de redes sociales, plataformas de YouTube y algunos espacios mediáticos, con injurias, calumnias e incitaciones al odio, muchas de ellas realizadas desde cuentas anónimas.

En esa línea, Marcello también repudió la difusión de imágenes de la causa con fines sensacionalistas, una situación que aseguró fue denunciada judicialmente, y advirtió sobre la existencia de más de una decena de causas conexas abiertas a raíz del doble crimen, algunas de ellas por delitos de instancia privada que aún no prescribieron.

El abogado describió además un escenario de profunda división entre los particulares damnificados, con dos familias atravesando el duelo de maneras muy distintas, y denunció que una de ellas —la familia Gallardo— enfrenta no solo la pérdida de Paloma, sino también una persecución sostenida “sin sustento fáctico ni jurídico”.

“De Paloma se dijeron cosas muy graves y dolorosas. Se construyó una falsa memoria colectiva para demonizar a su familia”, sostuvo Marcello, quien remarcó que su trabajo apunta a que “se investigue todo y a todos”, sin excepciones.

Finalmente, el letrado aseguró que, pese al dolor y a las dificultades, mantiene la convicción de que la Justicia llegará, y afirmó que continúa trabajando “sin descanso”, agotando todas las herramientas legales disponibles para que el caso tenga un esclarecimiento completo.

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