Una oficina estatal en el centro de la denuncia

Hay una oficina dentro de la Unidad 31 de Florencio Varela que ocupa un lugar central en la denuncia presentada ante la Justicia de Florencio Varela, departamento de Quilmes.

Es la Oficina de Ayudantía y Tratamiento.

Según el escrito, allí habría ocurrido una situación que, de comprobarse, modificaría sustancialmente la gravedad del caso: un interno habría tenido acceso a las instalaciones, a computadoras oficiales y a información de otros detenidos.

La denuncia sostiene tendría incluso las llaves físicas de acceso a la oficina y que ingresaría en distintos horarios, incluidos momentos nocturnos y de madrugada.

A partir de allí aparece una de las acusaciones más sensibles de toda la presentación: la supuesta confección de “avales de traslado” falsos.

Pero hay una diferencia fundamental entre lo que denuncia el escrito y lo que está probado.

La denuncia afirma que ocurrió. La investigación judicial deberá determinar si efectivamente ocurrió.

¿Qué es lo que supuestamente hacía el interno?

El relato presentado ante la UFI 9 de Florencio Varela describe una secuencia concreta.

Según la denuncia, el interno debidamente identificado ingresaba a la oficina, encendía los ordenadores oficiales y accedía a bases de datos que contendrían información filiatoria, registros criminológicos y legajos de personas privadas de su libertad.

Desde esas terminales, siempre según la acusación, habría confeccionado solicitudes de traslado que presentaban como motivo supuestos “graves problemas de convivencia”.

El escrito sostiene además que en esos documentos se habrían utilizado firmas atribuidas a funcionarios y sellos oficiales.

La acusación incluye específicamente el denominado “Sello Medalla” de la institución penitenciaria.

Si esta hipótesis fuera corroborada, el problema excedería ampliamente una disputa entre internos.

La pregunta sería entonces si documentación producida dentro de una dependencia oficial pudo haber sido utilizada para provocar decisiones administrativas y eventualmente judiciales sobre personas privadas de su libertad.

La expulsión como mecanismo de castigo en la Unidad 31

La denuncia vincula el supuesto funcionamiento de ese mecanismo con otro de los ejes de la investigación: la expulsión de internos que se resistían a las reglas impuestas por “La Comitiva”.

Según el escrito, los referentes del pabellón decidirían qué interno debía ser apartado y luego se activaría una instancia burocrática para justificar formalmente el traslado.

El mecanismo denunciado sería el siguiente:

conflicto dentro del pabellón → agresión o presión → supuesto problema de convivencia → pedido de traslado → documentación oficial → intervención judicial.

La presentación incluso afirma que algunos internos habrían sido enviados a otras unidades luego de este procedimiento.

Pero esa cadena todavía necesita ser demostrada documentalmente.

Hay dos internos que la denuncia pide citar

En este punto aparece una de las posibilidades más importantes para una investigación independiente.

La propia presentación solicita que sean citados como testigos dos internos que habrían sido trasladados después de episodios de violencia:

• M. G., actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 9 de La Plata.
• A. L, alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 36 de Magdalena.

El escrito sostiene que ambos podrían aportar información sobre una supuesta golpiza y sobre las maniobras de documentación vinculadas con sus posteriores traslados.

La prueba que la propia denuncia pide buscar

Hay algo particularmente llamativo en esta parte del expediente.

La presentación no se limita a afirmar que existen computadoras y registros.

Pide expresamente un allanamiento de la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, el secuestro de los ordenadores y la realización de pericias informáticas.

El objetivo solicitado es verificar los accesos atribuidos al preso, determinar el uso de claves oficiales y analizar la presunta falsificación de firmas y sellos.

Esto convierte a la oficina en una suerte de escena documental.

Porque si la acusación tiene sustento, podrían existir rastros:

• usuarios;
• horarios de acceso;
• registros informáticos;
• archivos creados o modificados;
• documentos impresos;
• metadatos;
• cámaras;
• registros de ingreso;
• huellas;
• firmas;
• sellos.

La diferencia entre una acusación difícil de comprobar y una investigación documental puede estar allí.

Los avales que llegaron a los juzgados

La denuncia sostiene que los documentos presuntamente confeccionados en la oficina no quedaban dentro del penal.

Según el escrito, esos avales eran elevados a los juzgados y tribunales correspondientes a los internos afectados para respaldar los pedidos de traslado.

Si esto pudiera comprobarse, aparecería una segunda fuente documental completamente independiente del penal.

Los expedientes judiciales podrían permitir reconstruir:

quién pidió el traslado, qué motivo invocó, qué documentación acompañó, quién firmó, qué funcionario intervino y qué decidió finalmente el juez.

Y allí aparece una de las preguntas centrales de esta investigación:

¿Los documentos que llegaron a los juzgados fueron efectivamente confeccionados por quienes figuraban como sus autores?

Un dato que podría ser decisivo: los accesos informáticos

La denuncia afirma que el interno habría utilizado las claves de funcionarios identificados en la presentación.

Pero esto no puede establecerse a partir del escrito.

Necesitaría una prueba técnica.

Por eso el pedido de peritaje informático adquiere tanta importancia.

Si existen registros de acceso, podrían establecer:

• qué usuario ingresó;
• desde qué terminal;
• en qué fecha;
• a qué hora;
• qué sistema utilizó;
• qué información consultó;
• qué documentos generó o modificó.

Y si no existen esos registros, también será un dato relevante.

La ausencia de una huella informática no prueba por sí misma que el hecho no ocurrió, pero puede modificar sustancialmente la posibilidad de corroborarlo.

La denuncia también habla de sellos y firmas

Otro aspecto particularmente delicado es el supuesto uso de elementos oficiales.

El escrito menciona firmas presuntamente apócrifas y el uso del Sello Medalla de la institución penitenciaria.

Esto abre una segunda vía de comprobación.

Una pericia documental podría determinar:

• autenticidad de las firmas;
• características de los sellos;
• fecha de elaboración;
• correspondencia entre el documento y los registros oficiales;
• y eventualmente quién imprimió o generó la documentación.

La denuncia incluso solicita que se investigue específicamente este aspecto.

Una hipótesis que conecta varios capítulos

El supuesto mecanismo de los avales no aparece aislado en la presentación.

Está conectado con otras acusaciones:

control de los internos → cobros → conflictos → represalias → expulsiones → traslados.

Y también con el capítulo anterior de esta investigación.

La denuncia sostiene que uno de los conflictos relacionados con el control de una antena Starlink habría terminado con la expulsión de un interno y que contra otro de los involucrados se habrían intentado impulsar traslados mediante documentación cuestionada.

Por ahora, esa conexión forma parte de la hipótesis denunciada.

La computadora como punto de partida

Hay una paradoja en el corazón de esta denuncia.

El supuesto “escribano” clandestino no necesitaría, según el relato presentado, una estructura sofisticada.

Le alcanzaría con algo mucho más simple:

una oficina estatal, una computadora, una clave, documentación y sellos.

Por eso, esta historia no se resolverá solamente preguntando qué dicen los internos.

La respuesta puede estar dentro de los propios sistemas del Estado.

Qué debería comprobar la Justicia

La presentación pide distintas medidas para verificar esta parte de la denuncia.

Entre ellas:

1. Allanamiento de la Oficina de Ayudantía.

2. Secuestro de las computadoras oficiales.

3. Pericias informáticas.

4. Análisis de los accesos a los sistemas.

5. Investigación sobre las claves utilizadas.

6. Peritaje de firmas y sellos.

7. Reconstrucción de los avales de traslado.

8. Declaración de internos trasladados.

El propio escrito solicita esas medidas precisamente para determinar si las acusaciones tienen sustento.

La pregunta que queda abierta

La denuncia que sacudió a la Unidad 31 plantea una hipótesis extraordinariamente grave: que un interno habría podido ingresar a una oficina penitenciaria, utilizar recursos informáticos estatales y confeccionar documentación destinada a justificar el traslado de otros presos.

Pero todavía hay una distancia enorme entre esa acusación y una prueba judicial.

La distancia se puede medir en un usuario, una computadora, un archivo, una firma, un sello y un expediente judicial.

Por eso, la pregunta que queda abierta para el próximo paso de esta investigación es concreta:

¿Existen en los sistemas y expedientes oficiales las huellas de los supuestos avales de traslado?

Si existen, habrá que determinar quién los confeccionó.

Si las firmas no corresponden a quienes aparecen como autores, habrá que establecer quién las falsificó.

Y si los documentos fueron efectivamente generados desde una computadora oficial de la Unidad 31, habrá que explicar cómo y bajo qué autorización un interno pudo acceder a ella.

La respuesta a esas preguntas podría transformar una acusación contenida en una denuncia en una evidencia documental verificable.

LEÉ LA INVESTIGACIÓN COMPLETA

Capítulo 1 — [La grave denuncia que sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela]

Capítulo 2 — [Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la cárcel]

Capítulo 3 — La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado

Próximamente — Capítulo 4: La caja del Pabellón 1

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👉 LEÉ EL PRIMER CAPÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La grave denuncia que sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela

Internet: el nuevo negocio dentro del pabellón

En el Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela, el acceso a Internet aparece señalado en la denuncia judicial como uno de los principales negocios alrededor de los cuales se habría construido una economía interna.

El escrito presentado ante la Justicia local, y que instruye la fisdcalia 9 de Florencio Varela, sostiene que dentro del sector funcionan tres antenas Starlink, administradas por distintos grupos de internos.

La acusación afirma que el acceso a la conectividad no sería gratuito ni se limitaría al costo del servicio contratado, sino que existiría un sistema de cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno.

Según la denuncia, el dinero sería recaudado por integrantes de la denominada “Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”.

La acusación deberá ser investigada y corroborada. Pero el episodio abre una pregunta concreta: ¿quién controla las conexiones de Internet dentro del Pabellón 1 y quién cobra por ellas?

Tres antenas y una disputa por el control

La presentación judicial describe una situación particular.

Por un lado, dos antenas Starlink estarían bajo el control de internos vinculados, según la denuncia, con la estructura que administra el pabellón.

Por otro, otros dos internos habrían adquirido una tercera antena con el objetivo de brindar conectividad al resto de los detenidos cobrando solamente el costo proporcional del servicio.

Según el escrito, el conflicto comenzó cuando uno de los propietarios de esa tercera antena cuestionó públicamente los montos que cobraba la estructura dominante.

La denuncia sostiene que esa resistencia habría amenazado el supuesto monopolio sobre el servicio de Internet.

A partir de allí, el relato presentado ante la Justicia describe una escalada que habría terminado con la expulsión violenta del interno del sector.

De discutir una tarifa a terminar en el Pabellón 3

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es precisamente ese episodio.

Según el escrito, el interno que cuestionaba los valores cobrados habría sido víctima de una golpiza coordinada a golpes de puño.

La acusación sostiene que tuvo que ser retirado del lugar por el cordón de seguridad y que posteriormente quedó alojado en el Pabellón 3 de la Unidad 31.

El documento vincula además ese episodio con la situación del otro copropietario de la tercera antena.

Según la denuncia, contra este último se habrían realizado reiterados intentos para obtener su traslado compulsivo mediante los supuestos avales de traslado cuestionados en otra parte de la presentación.

Es decir, la hipótesis denunciada conecta dos capítulos de la investigación:

el control del negocio de Internet y los supuestos mecanismos utilizados para expulsar del pabellón a quienes se resistían.

Esa conexión deberá ser comprobada mediante partes penitenciarios, registros de traslados y documentación judicial.

¿Cuánto cuesta realmente Internet?

La denuncia habla de cuotas de $30.000 a $40.000 por interno.

Pero ese dato abre otra pregunta que todavía no tiene respuesta documental:

¿cuánto cuesta realmente el servicio Starlink utilizado en el pabellón?

La diferencia entre el costo del abono y lo que supuestamente se cobraba a cada detenido permitiría determinar si existía una verdadera actividad de intermediación, un sistema de reparto de gastos o, como sostiene la denuncia, un mecanismo de recaudación.

Para determinarlo será necesario conocer:

• quiénes contrataron las antenas;
• a nombre de quién están los servicios;
• quién paga los abonos;
• quién administra los equipos;
• cuántos usuarios tienen;
• cuánto se recauda;
• y dónde termina ese dinero.

Por ahora, esos puntos forman parte de las preguntas abiertas de la investigación.

Una tercera antena que cambió el equilibrio

La particularidad del caso está en que, según la denuncia, no todos los internos habrían aceptado el sistema de cobros.

La tercera antena habría representado una alternativa.

La presentación sostiene que sus propietarios pretendían distribuir el acceso cobrando solamente el costo proporcional del abono.

Según la hipótesis denunciada, eso habría significado una amenaza directa al negocio de quienes controlaban las otras conexiones.

La denuncia describe entonces una lógica de monopolio:

quien controla la conectividad controla también una fuente de ingresos.

Y quien intenta ofrecer una alternativa queda expuesto a represalias.

Esta última afirmación, sin embargo, es parte de la hipótesis presentada ante la Justicia y deberá ser corroborada.

El vínculo con los supuestos avales de traslado

El episodio adquiere una dimensión mayor porque uno de los denunciantes vincula la disputa por Internet con otra de las acusaciones contenidas en el expediente.

Según la presentación, el copropietario de la tercera antena habría sido objeto de intentos de traslado mediante documentación presuntamente falsa confeccionada desde la Oficina de Ayudantía.

La denuncia sostiene que un interno habría tenido acceso a computadoras y documentación oficial y que desde allí se habrían confeccionado supuestos avales para provocar el traslado de personas que generaban conflictos con “La Comitiva”.

Esta conexión todavía no está comprobada.

Pero representa una de las líneas documentales más importantes: determinar si efectivamente existieron pedidos de traslado del interno, quién los solicitó, qué motivos se invocaron y qué documentación llegó al juzgado correspondiente.

Un negocio que también plantea una pregunta institucional

La cuestión de Starlink no se reduce al dinero.

También plantea un interrogante sobre el funcionamiento del establecimiento penitenciario.

Si existen tres antenas dentro de un pabellón, hay que determinar:

¿quién autorizó su instalación?

También:

• ¿pueden los internos contratar el servicio?
• ¿pueden administrar redes privadas dentro de una unidad penitenciaria?
• ¿qué controles existen sobre los equipos?
• ¿quién verifica quién accede a Internet?
• ¿qué procedimiento se aplica para ingresar las antenas?
• ¿se registraron los dispositivos?
• ¿el personal penitenciario conocía su existencia?

Son preguntas que pueden responderse con documentación administrativa.

La pista que puede comprobar el dinero

La denuncia sostiene que el control de Internet formaría parte de una estructura más amplia de recaudación.

Si efectivamente se cobraban entre $30.000 y $40.000 mensuales por interno, el volumen económico debería dejar algún tipo de huella.

Por eso, una de las próximas líneas de la investigación será reconstruir cómo se realizaban los pagos.

La denuncia menciona cuentas virtuales, familiares y otras formas de intermediación financiera.

Pero para afirmar que esos movimientos corresponden al negocio de Internet será necesario acceder a documentación bancaria o judicial que permita establecer el vínculo.

Lo que sabemos y lo que falta comprobar

Hasta ahora, la información permite establecer que una denuncia judicial efectivamente plantea la existencia de un sistema de cobros por Internet dentro del Pabellón 1 y menciona tres antenas Starlink.

También existe una descripción concreta de una disputa entre internos relacionada con una tercera antena y una presunta agresión.

Lo que todavía no podemos afirmar como hecho probado es:

• quién administra cada antena;
• quién cobra las cuotas;
• cuántas personas pagan;
• cuánto dinero se recauda;
• si existió efectivamente una golpiza por la disputa;
• si hubo represalias;
• y si los supuestos intentos de traslado estuvieron vinculados con ese conflicto.

Son precisamente esos puntos los que deberá determinar la investigación judicial.

La pregunta que queda abierta

La denuncia describe un escenario en el que el acceso a Internet habría dejado de ser simplemente un servicio para convertirse en una herramienta de control y recaudación dentro del pabellón.

La existencia de las antenas, sus propietarios, los contratos de servicio, los pagos y los eventuales registros penitenciarios pueden aportar respuestas.

Y hay una pregunta que puede marcar el próximo capítulo:

¿Quién controla las antenas y dónde termina el dinero que, según la denuncia, pagan los internos por conectarse a Internet?

La respuesta podría permitir determinar si se trataba simplemente de una forma informal de compartir un servicio o si, como sostiene la presentación judicial, detrás de Starlink funcionaba uno de los mecanismos de recaudación de la estructura denunciada.

👉 TAMBIÉN: La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado

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Una denuncia presentada ante la Justicia puso bajo la lupa el funcionamiento interno del Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela.

El escrito, que habría sido presentado ante una fiscalía de Quilmes bajo la modalidad de hábeas corpus colectivo, involucra a 16 internos y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y solicita la intervención de fuerzas federales.

Las acusaciones incluyen presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones, torturas y tratos degradantes en la unidad 31 de Florencio Varela.

La denuncia sostiene además que dentro del pabellón se habría instalado una estructura de “cogobierno carcelario”, mediante la cual determinados internos tendrían atribuciones que excederían las propias de una persona privada de su libertad.

El caso adquirió estado público este lunes 24 de agosto, luego de que Noticias Argentinas difundiera los principales puntos de la presentación.

Para InfoSur, sin embargo, la publicación de agencia constituye un punto de partida y no una conclusión: las acusaciones deberán ser investigadas y corroboradas mediante documentación y fuentes independientes.

El supuesto control del pabellón

Uno de los aspectos centrales de la denuncia apunta al presunto control de distintas actividades internas por parte de un grupo de internos.

Según el escrito, al que accedió Infosur, existiría un sistema informal de organización que incluiría el manejo de horarios, circulación y acceso a distintos sectores.

La presentación habla incluso de una supuesta “privatización de la seguridad y el control de candados”.

Entre los hechos denunciados aparece el supuesto acceso de internos a llaves y mecanismos de cierre de las celdas del pabellón.

La acusación sostiene que esta situación habría permitido que personas privadas de su libertad asumieran funciones que corresponderían exclusivamente al personal penitenciario.

Se trata de uno de los puntos que deberán ser contrastados con partes oficiales, registros penitenciarios y eventuales actuaciones judiciales.

Cobros y una economía paralela

La denuncia también describe un sistema de aportes económicos y cobros dentro del pabellón.

Uno de los montos mencionados es una cuota de $15.000 por interno, que presuntamente sería destinada a una estructura denominada “La Comitiva”.

A esto se sumarían otros mecanismos de recaudación vinculados con mercadería, alimentos y productos que ingresarían mediante las visitas.

El escrito sostiene que existirían registros internos de esos movimientos y menciona específicamente una anotación que estaría en una de las celdas.

La existencia de esos registros, su eventual secuestro y su contenido son algunos de los puntos que deberán determinarse mediante documentación judicial o penitenciaria.

El conflicto por las antenas Starlink

Uno de los episodios más llamativos de la presentación está relacionado con el acceso a Internet.

Según la denuncia, dentro del pabellón existirían tres antenas Starlink y el servicio sería administrado por distintos grupos de internos.

El escrito habla de cobros mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno para acceder a Internet.

La disputa por una tercera antena habría derivado, siempre según la denuncia, en una agresión contra uno de los internos involucrados y posteriormente en su traslado al Pabellón 3.

El caso abre una línea de investigación concreta: determinar quién instaló esas antenas, quién las administra, cómo se financia el servicio y si existieron autorizaciones para su funcionamiento dentro del establecimiento penitenciario.

La acusación más delicada: computadoras y documentación oficial

Pero hay otro aspecto de la denuncia que podría tener una gravedad institucional aún mayor.

El escrito afirma que un interno habría ingresado a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, encendido computadoras oficiales y accedido a información y bases de datos.

Según la presentación, desde allí habría podido confeccionarse documentación vinculada con presuntos avales de traslado, incluso mediante el uso de sellos.

La denuncia sostiene que esos documentos habrían sido enviados posteriormente a juzgados vinculados con los internos afectados.

Si esta acusación fuera comprobada, la investigación ya no se limitaría a un supuesto sistema de control informal dentro de un pabellón: implicaría determinar si se utilizaron equipos, documentación y recursos oficiales del Estado para generar actuaciones destinadas a producir consecuencias administrativas o judiciales.

Por eso, esta será una de las líneas prioritarias de la investigación de InfoSur.

Qué pasó con los internos trasladados

La hipótesis de los supuestos avales abre además una puerta documental.

Una de las preguntas centrales será determinar si durante 2025 y 2026 hubo internos del Pabellón 1 que fueron trasladados luego de conflictos de convivencia y, en esos casos, qué documentación originó cada traslado.

La reconstrucción debería permitir conocer quién solicitó cada movimiento, qué autoridad lo avaló, qué motivos fueron invocados y qué intervención tuvieron los juzgados de ejecución correspondientes.

Esos expedientes podrían ofrecer una fuente independiente para contrastar una de las acusaciones más graves de la presentación.

La denuncia no equivale a una condena

El contenido de la presentación judicial debe ser considerado, por el momento, como una serie de acusaciones que deberán ser investigadas.

Que una persona haya sido mencionada en una denuncia no implica responsabilidad penal ni permite afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como fueron relatados.

Por eso, el objetivo de esta investigación de InfoSur será avanzar más allá de la reproducción de la denuncia y buscar documentación que permita confirmar, descartar o precisar cada uno de los hechos denunciados.

La publicación de Noticias Argentinas marca ahora el momento en que el caso dejó de circular únicamente dentro del expediente y pasó a tener repercusión pública.

El próximo paso será reconstruir qué ocurrió efectivamente dentro de la Unidad 31 y qué huellas documentales dejaron esos episodios.

Una investigación que recién comienza

La denuncia abre varias líneas simultáneas: el supuesto control de sectores del pabellón, los cobros a internos y familiares, el negocio del acceso a Internet, el ingreso de mercadería, los traslados y la presunta utilización de computadoras y documentación oficial.

Para InfoSur, cada una de esas hipótesis requiere una verificación independiente.

Porque la pregunta ya no es solamente qué dice la denuncia.

La pregunta periodística que comienza ahora es otra:

¿Qué parte de lo denunciado puede ser comprobada con documentos, expedientes, registros y testimonios independientes?

Esa será la segunda etapa de esta investigación.

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👉 Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la Unidad 31

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Catorce años tardó la Justicia en encontrarlo. Alberto Martín del Valle fue detenido este fin de semana en una vivienda de Florencio Varela, donde permanecía escondido, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de 11 años en la localidad bonaerense de Puán y de haberla dejado embarazada.

Del Valle tenía pedido de captura internacional desde 2012. La DDI de Dolores montó un operativo encubierto tras recibir información sobre su posible paradero en el Conurbano bonaerense, con tareas de inteligencia desarrolladas junto a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) sobre un inmueble de Florencio Varela. El hombre salió de su casa y fue detenido por personal policial; al ser interrogado, dio una identidad falsa, aunque las autoridades lograron constatar que se trataba del prófugo buscado.

Yamila Segovia, hermana de la víctima y abogada de la causa, había pasado la noche sin dormir esperando la confirmación. Contó a TN que las pistas apuntaban a dos posibles ubicaciones —una en Mar de Ajó y otra en la zona de Bosques—, y que después de varios operativos fallidos había aprendido a no hacerse ilusiones. Al recibir la noticia de la detención, se paralizó y corrió a abrazar a su madre, a quien había acompañado durante años en cada gestión ante la fiscalía. «Llegó ese día que tanto esperamos», resumió.

Según la denuncia, los hechos habían ocurrido en 2009, cuando la víctima tenía 11 años y Del Valle, su padrastro, ejercía sobre ella amenazas y violencia para mantener el abuso en silencio. Cuando la nena quedó embarazada, el hombre intentó llevarla a Buenos Aires para practicarle un aborto clandestino, algo que no logró concretar. El embarazo siguió su curso y una prueba de ADN terminó confirmando lo que la familia ya denunciaba: Del Valle era el padre biológico del bebé.

Segovia relató que, mientras el caso no había trascendido públicamente, Del Valle vivía con normalidad en Mar de Ajó. Recién cuando la denuncia se conoció en los medios, el hombre desapareció y permaneció oculto, según cree la propia Segovia, con algún tipo de ayuda.

La causa estuvo cerca de prescribir en un momento, algo que la familia logró evitar. Ahora, con el acusado detenido, se abre una nueva etapa judicial: Segovia adelantó que buscará estar presente cuando su hermana, hoy adulta, enfrente a Del Valle en el tribunal. La abogada destacó también el trabajo de los investigadores Celeste Peralta y Ernesto Tassi, que participaron de las tareas que permitieron localizarlo.

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El fallo, de 23 páginas, no es una absolución ni cierra la causa. Pero es la segunda vez que la Justicia le dice que no a la fiscalía por el mismo motivo: la prueba reunida contra Hipólito C. no alcanza el nivel de certeza que exige la ley para privar a alguien de su libertad.

Una tarde de enero que partió al barrio en dos

El ataque ocurrió el 30 de enero de 2025, entre las 18:15 y las 18:50. Según la autopsia, Paloma y Josué murieron por traumatismos encéfalocraneanos graves, con múltiples fracturas de cráneo provocadas por un objeto duro de bordes romos, que derivaron en un paro cardiorrespiratorio traumático. La fiscalía, ahora a cargo del Dr. Darío Santiago Provisionato, sostiene que un ladrón los interceptó para robarles los celulares, dinero y pertenencias, y que los golpeó hasta matarlos cuando Josué intentó resistirse. Con esa hipótesis, pidió la detención de Hipólito C. por homicidio agravado criminis causa en concurso ideal con robo doblemente agravado.

Una cámara, dos personas distintas

El corazón de la acusación son las cámaras de seguridad. Un vecino, dueño de un almacén, grabó a Hipólito C. durante la mañana del hecho: ahí no hay dudas de que es él. El problema aparece después, cuando la fiscalía intenta cruzar esa imagen con otra, tomada horas más tarde por las cámaras de la empresa Gri Calviño, cerca del lugar del crimen, a las 19:09:50.

El juez comparó ambas grabaciones y encontró diferencias que no son menores. En el almacén, el hombre viste una remera holgada, larga, de tono bordó, con una bermuda clara que le llega por debajo de la rodilla. En Gri Calviño, en cambio, la persona filmada tiene puesta una remera oscura ajustada al cuerpo, que termina a la altura de la cintura, y una bermuda más corta, por encima de la rodilla. El propio perito que hizo el cotejo técnico, reconoció que la imagen de Gri Calviño es distante y de baja definición: no permite distinguir con claridad los rasgos del rostro, y el cabello queda tapado por una gorra. Su conclusión, según el fallo, alcanza para ubicar a Hipólito C. en el almacén esa mañana, pero no para asegurar que sea la misma persona que aparece después cerca del descampado.

Testigos que no coinciden entre sí

Tres personas distintas describieron la ropa del sospechoso, y ninguna coincide con la otra. El testigo que llamó al 911, dijo primero que el sospechoso tenía puesta una camisa negra floreada; después declaró que no podía precisar los colores porque es daltónico, y agregó que se trataba de un hombre de «rostro delgado» —una descripción que, según el propio expediente, no coincide con la contextura de Hipólito C. Por su parte, un oficial describió otra combinación distinta: remera de fútbol color bordó, bermuda de jean clara, zapatillas azules y gorra negra. Tres relatos, tres versiones de una misma ropa.

A esto se suma que buena parte de las sospechas contra Hipólito C. no salieron de un testigo presencial, sino de rumores. Un vecino admitió que señaló al sospechoso por comentarios del barrio y de la televisión, sin poder decir de dónde los sacó. Un matrimonio que también lo mencionó ante la Justicia reconoció que solo transmitía lo que «pensaba» un familiar, sin haber presenciado nada; un abogado se limitó a llevar esa información a la policía.

Las cámaras no coinciden en el reloj

Hay otro problema, más técnico pero igual de determinante: el reloj de las cámaras del almacén estaba desfasado, según advirtió el propio comerciante al entregar las grabaciones. Pese a esa advertencia, nunca se hizo la pericia informática necesaria para calcular cuánto tiempo de diferencia había entre uno y otro sistema. Sin esa precisión, cualquier intento de la fiscalía de cruzar el horario del corte de señal del celular de las víctimas con la aparición del sospechoso en cámaras es, según las palabras del fallo, «puramente especulativo». Incluso el policía que armó esa cronología admitió que podría «equivocarse en los minutos exactos».

Otras personas en la escena, sin identificar

Las cámaras de la zona muestran a más de una persona circulando cerca del descampado en el horario del hecho: un hombre con camisa floreada que sale del lugar alrededor de las 18:50, un sujeto con remera blanca y, detrás de él, otro que lleva algo que parece un fierro en la mano. Ninguno fue identificado. El propio médico forense de la causa, había planteado que las características del ataque no se correspondían con un simple robo casual y que pudo haber participado más de una persona.

Sin celulares, sin ropa, sin ADN

El 6 de febrero de 2025 la policía allanó la vivienda atribuida a Hipólito C. No encontraron los celulares ni las pertenencias de las víctimas, tampoco ropa compatible con la que se ve en los videos. La fiscalía interpretó que la casa estaba vacía porque alguien había ocultado pruebas; el juez no descartó esa lectura, pero señaló otra igual de posible: Hipólito C. tenía en ese momento tres pedidos de captura vigentes por otras causas, así que evitar quedarse en un domicilio fijo también podía explicar el hallazgo. Tampoco hay ADN, huellas ni ningún rastro biológico que lo vincule de manera directa con la escena o con las víctimas.

El mismo expediente, año y medio después

El fallo remarca una contradicción que pesó en la decisión: en abril de 2025, cuando los padres de Paloma —Omar Juan Gallardo y Sandra Pita, representados por su abogado— pidieron como particulares damnificados la detención de Hipólito C., el propio fiscal Provisionato rechazó ese pedido por falta de pruebas suficientes. Ahora, más de un año después, la fiscalía volvió a pedir la detención con prácticamente el mismo expediente, sin sumar elementos nuevos de peso. El juzgado consideró que esa falta de novedades exigía una explicación que el pedido fiscal no ofreció.

Qué sigue en la causa de Paloma y Josué

El Juzgado de Garantías N° 8 no ordenó cerrar la investigación: la causa sigue abierta y activa. Lo que rechazó, por segunda vez, fue la detención de Hipólito C., hasta que la fiscalía consiga pruebas objetivas e independientes que resuelvan las dudas actuales sobre la identidad del sujeto de las cámaras, los horarios sin verificar y las otras personas que circulaban esa tarde por el lugar.

Diecinueve meses después de esa tarde de enero, la familia de Paloma y Josué sigue esperando una respuesta que la Justicia, hasta ahora, no encontró lo suficientemente sólida. Con el mismo expediente rechazado dos veces y sin que en año y medio se hayan resuelto falencias tan básicas como el desfasaje horario de las cámaras, la pregunta que empieza a circular en el barrio es cuánto tiempo más puede sostenerse una causa que no logra reunir ninguna prueba nueva.

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Hoy la abuela de Lautaro siente que el laberinto legal vuelve a cerrarse sobre la memoria de los chicos. Sus manos, las mismas que acunaron a Lautaro, escriben ahora en las redes sociales con la contundencia de quien no tiene nada que perder, pero sí todo por defender. La razón de su angustia renovada tiene nombre y número: el Tribunal Oral en Lo Criminal N° 2 de Florencio Varela, el estrado que en abril pasado decidió suspender el juicio oral contra los efectivos de la Policía Bonaerense implicados en la cacería y posterior desenlace trágico.

El fantasma del «Clan Centurión» y la sombra de los beneficios

La tranquilidad en la casa de los Morello es una ilusión frágil. Cada notificación judicial llega como un viento helado. Recientemente, a través de la alerta de un abogado, la familia se enteró de un movimiento sigiloso en los pasillos de Tribunales: la defensa de Maximiliano Centurión —sobrino del comisario mayor Francisco «Coco» Centurión e imputado como partícipe directo— solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

«Nos enteramos por un abogado que habían pedido beneficios para Maximiliano Centurión. Tenemos entendido que hay un pedido de un informe ambiental por parte del tribunal para tratar lo de Maximiliano, pero nuestros abogados de la Comisión Provincial por la Memoria están haciendo una presentación para impedir que esos asesinos tengan beneficios», relata Miriam, con esa voz firme que oscila entre la indignación y la lucidez combativa.

Para la familia, no se trata de un trámite rutinario de la burocracia penal. Es un patrón. Desde que el juicio se suspendió en el otoño, cada resolución del tribunal parece inclinarse, como un árbol vencido por el viento, hacia la conveniencia de los acusados.

«Es todo muy raro. Después de suspenderse el juicio, el Tribunal está aceptando todas las peticiones de parte de los Centurión… Nos llama mucho la atención», asevera la abuela, con la sospecha tajante de quien ha visto pasar demasiadas maniobras impunes a lo largo del conurbano.

«Las víctimas son Lauty y Lucas, no el Clan Centurión»

Existe en las palabras de Miriam un contrapunto ético que desarma la retórica jurídica. La abuela advierte que el proceso judicial corre el riesgo de revertir los roles históricos de la tragedia: que los victimarios pasen a ser presentados como desamparados y que las familias de las víctimas tengan que pedir permiso para exigir la verdad.

«Parece que hay un capricho de no querer hacer el juicio en Varela. Acá las víctimas son Lauty y Lucas, no el Clan Centurión», sentencia con la sabiduría popular de las abuelazas del conurbano que tuvieron que aprender de derecho penal a la fuerza.

El temor de la familia no es infundado. Existen rumores insistentes sobre la intención de trasladar el debate oral fuera de la órbita del Departamento Judicial Quilmes y sacar la causa de Florencio Varela. Alejar el juicio del territorio donde ocurrieron los hechos, donde viven los testigos y donde el dolor marcha por las calles, equivale —para la familia— a diluir la presión social y blindar el proceso en la sombra.

«No queremos que el juicio salga de Florencio Varela. Si logran sacarlo de acá, se pone en peligro el proceso y la condena a todos los que participaron en la desaparición de Lucas y en el asesinato de mi nieto Lautaro», remarca Miriam. La advertencia es clara: desarraigar la causa es enterrar la posibilidad de una condena firme.

El abismo de una noche sin final: Guernica y el paradero sin respuesta

Para entender el grito de Miriam hay que retroceder a la cartografía del horror escrita en diciembre de 2022. Lautaro Morello tenía 18 años; Lucas Escalante, 26. Salieron a festejar a bordo de una camioneta BMW. Nunca regresaron.

Seis días después, el 15 de diciembre, el cuerpo de Lautaro apareció semi-calcinado a la vera de una ruta en construcción en Guernica, partido de Presidente Perón. Su cuerpo hablaba de la brutalidad del ataque. De Lucas Escalante, hasta el día de hoy, solo queda el eco de un interrogante insoportable: la tierra pareció habérselo tragado sin dejar rastro, dejando a su familia en ese limbo devastador que solo conocen los allegados de los desaparecidos en democracia.

La investigación tejió rápidamente una trama policial y de poder. En el centro de la escena quedaron los Centurión:

• Francisco «Coco» Centurión, comisario mayor de la Policía Bonaerense, señalado por la fiscalía.
• Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario, apuntados como los ejecutores o partícipes directos de la celada.

La cadena de complicidades uniformadas tuvo su primer capítulo de condena cuando Sergio Argañaraz, excomisario de la Comisaría 4° de Bosques, fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado. Pero para la familia de Lautaro, ese fallo fue solo la rendija de una puerta que debe abrirse de par en par.

La batalla final por la fecha de debate

En el hogar de los Morello la convicción no flaquea. La abuela Miriam actúa como el faro de una embarcación en medio de la tormenta burocrática. Ni los años transcurridos ni las dilaciones del Tribunal Oral N° 2 han logrado mellar su decisión.

«Nos oponemos a todo pedido de los imputados y no vamos a parar hasta que el Tribunal 2 nos fije la fecha del juicio», afirma sin conceder espacio al cansancio. Y concluye con un juramento que suena a desafío directo para los magistrados: «Lo que están haciendo nos da la sensación de que el Tribunal quiere sacarse de encima el juicio, pero vamos a dar batalla. El juicio se tiene que hacer en Varela sí o sí».

En Florencio Varela, donde los sauces llorones custodian las esquinas de los barrios populares, la memoria de Lautaro y la búsqueda de Lucas no han pasado al olvido. Frente a los escritorios de madera lustrada de los jueces, la voz de una abuela recuerda que la justicia atrasada se parece demasiado a la impunidad, y que mientras no haya fecha para el juicio, el dolor seguirá caminando sin descanso por las calles del sur.

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El video quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron circular por redes: un hombre baja de su moto, se saca el casco y lo levanta como único escudo frente a dos desconocidos armados. Duda un segundo entre resistir o entregar el rodado. Ese segundo le costó la vida.

Hernán Costa tenía 51 años, era vecino de Florencio Varela y trabajaba como cocinero en un restaurante de Puerto Madero. La tarde del 14 de diciembre de 2023, cerca de las 16, se dirigía a su turno cuando fue interceptado en la Avenida Calchaquí y Jujuy, en Quilmes Oeste, por dos delincuentes que circulaban en otra moto. Intentó resistirse de manera instintiva. A los pocos segundos, uno de los asaltantes volvió sobre sus pasos, decidido a llevarse el vehículo, y le disparó en el pecho a corta distancia. Costa murió en el asfalto. Los agresores escaparon con la moto.

Hoy, a dos años y medio de aquel crimen que conmocionó tanto a Quilmes como a Florencio Varela, y que trascendió también por el vínculo familiar de la víctima —era tío del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa—, comienza el juicio oral y público que buscará determinar responsabilidades.

En el banquillo se sentará Alexis M., procesado como presunto coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral N° 4 de Quilmes, con la acusación a cargo del fiscal Claudio Pelayo.

El otro implicado en el hecho era, al momento del crimen, un adolescente de 14 años. Por su edad, es inimputable ante la ley y no será juzgado, aunque la investigación judicial estableció que habría sido quien efectuó el disparo que mató a Costa.

Uno de los elementos centrales que se presentarán durante el debate es el video filmado por un transeúnte en el momento del ataque, que en su momento se viralizó y permitió reconstruir con precisión la secuencia del robo y el disparo.

Infosur ya había reconstruido, tiempo atrás, quién era Hernán Costa, el vecino de Varela fusilado en Quilmes.

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Durante casi dos décadas fue una autoridad puertas adentro de la Bonaerense: primero como oficial principal en un destacamento de Villa España, después como titular de la Comisaría 5ta de Florencio Varela. Puertas afuera, para el resto de la fuerza, era el subcomisario Infante. Puertas adentro, según la Justicia, era otra cosa.

Como ya había informado Infosur, la Justicia ordenó esta semana su detención tras años de denuncias que se fueron acumulando en el expediente. La causa que hoy lo tiene tras las rejas no nació de un solo hecho ni de una sola denunciante. Se fue construyendo con el correr de los años, a medida que distintas mujeres que trabajaron bajo su mando se animaron, una por una, a contar lo mismo: que el subcomisario abusaba de su jerarquía para acosar y abusar sexualmente de sus subordinadas.

La primera denuncia que la Justicia logró reconstruir se remonta a 2018, cuando I. todavía era oficial principal en el Destacamento Policial Villa España. Según el expediente, encerró con llave a una subordinada en su oficina y, mientras la amenazaba veladamente, le exhibió su arma reglamentaria. Ese hecho quedó asentado en una causa que hoy tramita «por cuerda», unida al expediente principal.

El resto de los episodios que le atribuyen ocurrieron ya en Florencio Varela, entre 2021 y 2022, cuando Infante comandaba la Comisaría 5ta. Ahí, de acuerdo a la resolución judicial, está acusado de abusar de al menos tres efectivas más que se desempeñaban en la misma dependencia: las manoseó, las besó contra su voluntad, y en al menos un caso —según detalla el expediente— llegó al acceso carnal en reiteradas oportunidades.

No era la primera vez que el nombre de un jefe policial de la zona quedaba envuelto en una denuncia de este tipo. Meses atrás, Infosur había dado cuenta de otro caso similar dentro de la misma fuerza, lo que había encendido las alarmas sobre un patrón que excede a un único responsable.

Lo que hace de este caso algo distinto es la cantidad de víctimas y el patrón que la Justicia cree identificar: siempre subordinadas directas, siempre en el propio lugar de trabajo, siempre aprovechando la asimetría de poder que da el rango. Un patrón que, según sus abogadas, se sostuvo durante años gracias al silencio que impone la estructura jerárquica de la fuerza.

La fiscal de la UFI N° 4 de Florencio Varela, María Nuria Gutiérrez, reunió declaraciones testimoniales, informes victimológicos y capturas de conversaciones antes de pedir la detención. El juez de Garantías N° 6, Diego Agüero, reconocido por su trabajo con perspectiva de género, hizo lugar al pedido esta semana y ordenó además el secuestro del teléfono celular del subcomisario.

Infante permanece detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

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Durante años tuvieron que sostener una doble carga: la del uniforme que las exponía todos los días frente a un superior, y la del silencio que ese mismo uniforme parecía imponerles. C., J. y L. son tres efectivas de la Policía Bonaerense que se animaron a romper ese silencio y denunciar a su superior jerárquico por abuso sexual, amenazas y hostigamiento sistemático.

Ese paso, dado hace ya un tiempo, tuvo esta semana una respuesta judicial: la Justicia ordenó la detención del subcomisario I., quien se desempeñaba en la Comisaría 5ta de Florencio Varela y era señalado como responsable de los hechos denunciados por las tres mujeres.

La causa tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Florencio Varela. El hecho había tenido amplia repercusión en medios locales, provinciales y nacionales cuando trascendió la denuncia original. Infosur ya había dado cuenta de este caso en el 2022.

Según se desprende de la causa, las denunciantes no solo debieron atravesar los episodios de violencia, sino también las presiones, persecuciones y represalias propias de la asimetría de poder que impone la estructura jerárquica de la fuerza. Una de ellas había relatado públicamente los hechos meses atrás, según consignó en su momento El Radar del Sur.

«Hoy es un día histórico. Mis clientas han enfrentado un proceso sumamente desgastante y un hostigamiento constante por animarse a denunciar a un superior. Esta detención demuestra que el rango no es un escudo para la impunidad», señaló la abogada patrocinante de las denunciantes, Sandra Beatriz Massimino.

Para la letrada, el caso trasciende el expediente judicial: «este caso quiebra un pacto de silencio histórico. A partir de hoy, muchas mujeres que integran las fuerzas de seguridad y que son víctimas de abusos de poder y violencia machista en sus lugares de trabajo sabrán que pueden alzar la voz sin miedo. Es un triunfo de la participación equitativa y del derecho a ejercer la profesión libres de violencias», agregó.

La causa continúa su trámite en la fiscalía de Florencio Varela.

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Una empresa de Florencio Varela logró recuperar más de 600 millones de pesos que habían sido sustraídos mediante una compleja maniobra de fraude informático, luego de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 especializada en extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes.

La pesquisa demandó más de nueve meses de trabajo y estuvo coordinada por los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito, quienes reconstruyeron el circuito financiero utilizado por la organización para desviar el dinero que la empresa tenía destinado al pago de salarios e importaciones.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando el titular de la firma detectó al ingresar a la plataforma de banca electrónica que una importante suma de dinero había desaparecido de sus cuentas.

Una organización con empresas ficticias y criptomonedas

A partir de la denuncia, la Fiscalía solicitó información a entidades bancarias, empresas de telefonía e internet, organismos públicos y plataformas de intercambio de criptoactivos, lo que permitió seguir el recorrido del dinero.

Según la investigación judicial, la banda habría creado una empresa ficticia y confeccionado documentación apócrifa para simular operaciones comerciales con la firma damnificada. Además, habría utilizado líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros y más de cincuenta cuentas bancarias para canalizar los fondos hacia plataformas de criptomonedas y, posteriormente, enviarlos al exterior.

Allanamientos y capturas internacionales

Las pruebas reunidas permitieron realizar múltiples allanamientos y secuestrar dispositivos electrónicos que fueron sometidos a pericias informáticas.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores identificaron a nuevos sospechosos, entre ellos responsables de otra empresa presuntamente utilizada para emitir facturas falsas y dos ciudadanos brasileños sobre quienes pesa un pedido de captura internacional.

La empresa recuperó el dinero

Gracias al material probatorio incorporado al expediente, la entidad financiera respondió por el perjuicio económico sufrido por la firma varelense, que recuperó más de 600 millones de pesos, lo que le permitió restablecer su normal funcionamiento.

La investigación continúa y alcanza a más de quince personas presuntamente vinculadas con la maniobra, mientras la Fiscalía avanza para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en una de las mayores causas por fraude informático investigadas en el Departamento Judicial Quilmes.

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Qué pasó

El accidente ocurrió el lunes 20 de abril alrededor de las 18:10 en Avenida Hudson y Primera Junta, tres días antes del cumpleaños de Cáceres. Según la reconstrucción difundida en redes, la joven circulaba en moto junto a una acompañante, Sabrina Sandoval, de 28 años, cuando fue embestida por un camión volquete de la cooperativa 4 de Junio, conducido por un hombre de 69 años. El rodado frenó 50 metros después del impacto.

Cáceres fue trasladada por el SAME al Hospital Mi Pueblo, donde murió. Sandoval también fue hospitalizada por las lesiones sufridas.

La causa judicial

El conductor fue imputado por la UFI N°7 de Florencio Varela, y la causa quedó caratulada como homicidio culposo. Según indicó la familia, el hombre se encuentra en libertad desde el día del hecho.

El pedido de la familia

Cabaña explicó a Infosur que la versión del acompañante del camionero —quien declaró que Cáceres salía de una calle de tierra de Primera Junta hacia la avenida— no coincide con lo que, según afirma, observaron otros testigos en la zona. La familia busca ahora dar con esas personas para que aporten su testimonio a la causa y pide a quienes hayan presenciado el hecho, o tengan información sobre lo ocurrido, que se comuniquen con la investigación.

«Toda información, por más mínima que parezca, puede ser fundamental para reconstruir lo sucedido», señala el pedido difundido por la familia, que circula bajo la consigna «Justicia por Maisa Sabrina Cáceres».

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la familia a través de las redes sociales de Infosur o de los canales habilitados por los allegados de la víctima.

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Seis días antes, Lorena había elegido pararse ante el Concejo Deliberante de Florencio Varela y contar su historia en voz alta, en el acto por el aniversario del Ni Una Menos. El auditorio escuchó en silencio absoluto.

El incendio y las víctimas

La madrugada del 21 de agosto de 2024, un incendio destruyó totalmente la casilla de madera ubicada en la intersección de las calles 554 y 533 del barrio San Jorge. Lorena sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% del cuerpo —cara, abdomen, brazos, manos, piernas y pies—. Su hija mayor A.J.L., de 11 años, resultó con quemaduras graves en rostro, cuello, hombro y manos, y estuvo dos meses internada. Los dos hijos menores sufrieron quemaduras leves. La familia fue rescatada por vecinos y familiares que ingresaron a la vivienda en llamas.

La fiscalía acusó a Braian Alexander Saladin —ex pareja de Lorena y padre de dos de los niños— de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa, en concurso con incendio agravado. Una acusación gravísima que lo tuvo detenido en la Unidad Penitenciaria N°32 de Florencio Varela durante todo el proceso.

Lo que la jueza tuvo por probado

La sentencia es contundente en un punto: la violencia de género existió, fue grave y fue sistemática. Al menos para la Justicia en esta primera instancia. El fallo da por acreditado un ciclo sostenido de agresiones físicas —golpes, ahorcamientos, amenazas con arma de fuego incluso con los hijos en brazos—, violencia psicológica, económica y simbólica que Lorena padeció durante años. También, para la sentencia en primera instancia, quedaron probadas amenazas específicas: Saladin le dijo que le iba a «prender fuego todo», que la iba a «mandar al hospital a chupar suero» y que iba a matar a toda su familia si lo denunciaba. Lo dijeron la víctima, su madre, sus hermanas y la propia hija de 11 años en Cámara Gesell.

Por qué absolvió

Pero la certeza sobre la violencia no arrastró certeza sobre el incendio. Para la jueza, tres elementos inclinaron la balanza.

Primero, la pericia. La oficial inspectora inspeccionó el lugar horas después del siniestro y no pudo determinar el origen del foco ígneo: el nivel de destrucción total de la estructura lo impidió. Descartó explosión de gas, pero no pudo descartar una falla eléctrica. Declaró expresamente que no podía afirmar que el incendio hubiera sido intencional ni que hubiera habido intervención humana.

Segundo, la coartada. Saladin sostuvo desde el primer día que el 20 de agosto ingresó a su domicilio a las 15:42 y no salió hasta las 11:45 del día siguiente. Esa versión fue corroborada por videos de cámaras de seguridad y por los registros de geolocalización de su teléfono aportados por Telecom. La fiscalía alegó manipulación de los videos, pero no produjo ninguna pericia técnica que lo demostrara.

Tercero, el video que nunca llegó. Varias testigos declararon que la cámara de una vecina captó a una persona encapuchada caminando cerca de la vivienda minutos antes del incendio. La fiscalía nunca citó a esa vecina. El video nunca fue incorporado al debate. Un indicio que podría haber sido clave terminó entrando al juicio solo de rebote, por el relato de terceros, y sin ningún valor probatorio concreto.

Aplicando el principio constitucional del in dubio pro reo, la jueza concluyó que la duda era razonable y dictó veredicto absolutorio.

Libre, con 30 días de restricción

Saladin salió en libertad de manera inmediata desde la UP N°32. La jueza le impuso una restricción de acercamiento a Lorena y su grupo familiar por 30 días —500 metros de distancia mínima— bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. Las actuaciones fueron remitidas al fuero de familia. Treinta días para una historia que lleva años.

Lo que queda abierto

Lorena Leiva eligió dar la cara. Habló en el HCD, habló en el juicio, habló ante la perito psicológica que describió en su informe una situación de riesgo moderado con amenazas, cronicidad, uso de armas y temor a represalias. La sentencia no la desmiente en nada de eso. Solo dice que no alcanzó para condenar.

El expediente pasa ahora a la Justicia de Familia. La restricción vence en 30 días.

→ Leé también: Varela dijo Ni Una Menos: Lorena Leiva habló en el HCD

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Quién es Mariana Dongiovanni

Mariana Dongiovanni es vecina del barrio Presidente Sarmiento de Florencio Varela. En 2015, con 36 años, prestó juramento como titular de la Fiscalía N° 2 de Varela. En ese momento declaró sentirse «orgullosa de trabajar para brindar la justicia que Varela merece». Once años después, su nombre aparece una y otra vez ligado a causas que las familias de las víctimas definen como archivadas, frenadas o abandonadas. Hoy ya no conduce la Fiscalía N° 2: se apartó de ese cargo en medio de cuestionamientos y actualmente se desempeña como fiscal de flagrancia, rol desde el cual volvió a generar controversia con la excarcelación del dirigente sindical Flavio Martín Ríos.

Caso 1: La Masacre de Florencio Varela (2017)

El 11 de febrero de 2017, cuatro adolescentes fueron atacadas a balazos a la salida del boliche Santa Diabla, en avenida Senzabello y Los Andes. Denise Juárez, de 17 años, y Sabrina Barrientos, de 16, murieron. Magalí Pineda y Némesis Núñez sobrevivieron con heridas graves. El atacante disparó más de 20 veces: Denise recibió 9 impactos y Sabrina, 6. Nueve años después, no hay ningún condenado por ese crimen. La causa pasó por distintos fiscales y líneas de investigación sin llegar a juicio. El nombre de Dongiovanni figura entre quienes intervinieron en la investigación durante alguna de sus etapas, en una causa que Infosur cubrió durante años y que todavía no tiene resolución.

Caso 2: Lautaro Morello y Lucas Escalante (2022)

El 9 de diciembre de 2022, en plena noche de festejo por el pase de Argentina a semifinales del Mundial, Lautaro Morello (18 años) y Lucas Escalante salieron del barrio Bosques con rumbo a buscar unos vales de nafta. Nunca volvieron. Semanas después, el cuerpo de Lautaro apareció semi calcinado en un descampado de Guernica: había muerto por estrangulamiento tras recibir golpes brutales. Lucas sigue desaparecido hasta hoy.

La investigación apunta al clan Centurión: Francisco, excomisario mayor con vínculos en la Interpol, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, ambos policías. El juicio oral estaba previsto para abril de 2026 pero se suspendió. Sin embargo, mientras la causa estuvo en manos de Dongiovanni, según denunciaron las familias ante Infosur, la investigación no prosperó: el allanamiento a la quinta se demoró varios días pese a los indicios, elementos fueron manipulados y las pericias se realizaron recién tras la insistencia de otros actores judiciales. Fue otro fiscal, Daniel Ichazo, quien logró llevar la causa a juicio oral.

Caso 3: La muerte de Nahuel Sanabria (2023)

El 19 de diciembre de 2023, Nahuel Sanabria murió en la Distribuidora Emicat, sobre la Ruta 36. En abril de 2024, Dongiovanni se excusó y se apartó de la investigación. Dos fiscales más —de las fiscalías de Presidente Perón y Pringles— también rechazaron tomar la causa. La tía de Nahuel, Dora Montiel, denunció ante Infosur que la fiscal nunca recibió a la familia desde el día del crimen, y que incluso ordenó que ella fuera retirada de las instalaciones de la dependencia. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante marcharon juntas frente a las Fiscalías Descentralizadas de Varela en marzo de 2024, unidas por el mismo reclamo: que Dongiovanni respondiera por sus casos.

El apartamiento y la reaparición

En un momento no precisado públicamente, Dongiovanni fue apartada de la titularidad de la Fiscalía N° 2 en medio de los cuestionamientos acumulados. Sin embargo, no salió del sistema judicial: fue reubicada como fiscal de flagrancia, el área que interviene en detenciones en tiempo real. Desde ese nuevo rol, el 26 de mayo de 2026 participó de la audiencia en la que el juez Julián Busteros excarceló a Flavio Martín Ríos —dirigente de ATE Varela con dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra— sin que Dongiovanni apelara la resolución.

¿Quién controla a los fiscales en la Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo del Senado bonaerense, a propuesta del Procurador General. Una vez designados, son inamovibles salvo que sean removidos mediante un jury de enjuiciamiento —un proceso político-judicial que requiere acusación del Procurador General ante el Tribunal de Responsabilidad Penal del Ministerio Público. En la práctica, los juicios a fiscales son excepcionales. El control cotidiano depende de la Procuración General, que puede iniciar investigaciones administrativas pero carece de herramientas ágiles para sancionar conductas como el apartamiento sistemático de causas. Las familias de Nahuel Sanabria ya presentaron una denuncia administrativa ante Fiscalía General contra Dongiovanni. Su resultado es, hasta ahora, desconocido.

Infosur solicitó posición a la Fiscalía de Flagrancia y a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron consultadas como fuentes primarias de esta nota.

El caso más reciente que involucra a Dongiovanni es la excarcelación del dirigente de ATE Varela Flavio Martín Ríos, quien tenía dos causas abiertas por tenencia ilegal de arma de guerra en menos de seis meses. El juez Busteros lo liberó bajo caución juratoria y la fiscal no apeló. Infosur accedió al expediente judicial. → https://infosurdiario.com.ar/excarcelacion-flavio-rios-juez-busteros-arma-guerra-florencio-varela/

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El hecho que disparó la causa

Según los voceros judiciales, el 20 de mayo, pasada la medianoche, personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela detectó dos vehículos en actitud sospechosa en las calles Mar Chiquita y San Nicolás: una camioneta Amarok y una Ford Territory con tres ocupantes. Al revisarlos, siempre según la resolución judicial, encontraron dos revólveres calibre 38 Special marca Taurus con balas punta de teflón. Flavio Martín Ríos, conocido como «Sandro», fue uno de los detenidos en flagrancia.

Un antecedente que no se podía ignorar

No era la primera vez. El 28 de enero de 2026, la Policía detuvo a J. E. L. en las calles Cariboni y Mar Chiquita, a bordo de una Amarok, con una pistola 6,35 marca Mauser y 65 balas de distintos calibres en una mochila. Ríos se presentó en la Comisaría 1ª a reclamar la camioneta y la mochila como propias, lo que motivó que la Fiscalía 2 lo imputara también por tenencia ilegal de arma de guerra. Dos causas del mismo tipo, en el mismo municipio, con apenas cinco meses de diferencia.

La decisión judicial y lo que dice el expediente

El 26 de mayo se realizó la audiencia de excarcelación ante el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Julián Busteros. El defensor, el dr. Eduardo Manuel Martínez, solicitó la excarcelación invocando el art. 169 del Código Procesal Penal. La fiscal de flagrancia, Dra. Mariana Dongiovanni, se opuso en la audiencia pero, según fuentes del expediente, no apeló la resolución una vez dictada. El juez Busteros hizo lugar al pedido y ordenó la libertad bajo caución juratoria, con presentación obligatoria al juzgado una vez por semana —condición que puede levantarse si el imputado acredita empleo en relación de dependencia.

El expediente tramita ante ese mismo juzgado. Este medio accedió al documento firmado digitalmente por el juez Busteros.

¿Quién es Flavio «Sandro» Ríos?

Ríos ocupó el cargo de Secretario de Finanzas en la seccional ATE Florencio Varela desde la elección del 9 de agosto de 2024. Según fuentes gremiales, es además yerno del Secretario General Darío Olmedo, ex Consejero Escolar del Partido Justicialista. Olmedo habría negado públicamente que Ríos forme parte de su comisión directiva, pese a los registros de la última elección sindical.

Cronología del caso

28 ene. Primera detención vinculada: pistola Mauser + 65 balas en camioneta de Ríos.

20 may. Segunda detención: dos revólveres .38 con balas de teflón. Interviene fiscalía de flagrancia.

26 may. Audiencia de excarcelación. Juez Busteros concede la libertad. Fiscal Dongiovanni no apela.

Este medio solicitó posición al Juzgado de Garantías N° 5 y a la Fiscalía de Flagrancia de Florencio Varela. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. La resolución judicial citada fue verificada mediante el documento oficial digitalizado con firma del juez Busteros (fecha: 26/05/2026, 13:52:25).

La fiscal Dongiovanni no es nueva en la polémica. Su nombre aparece ligado a algunos de los casos más dolorosos de Florencio Varela: la Masacre de 2017, el crimen de Lautaro Morello, la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Nahuel Sanabria. En todos ellos, las familias denunciaron falta de investigación. → https://infosurdiario.com.ar/fiscal-dongiovanni-casos-sin-resolver-florencio-varela-flagrancia-rios-armas-guerra/

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La declaración se realizó de manera virtual desde el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N°24 de Marcos Paz, donde permanece detenido, con la asistencia técnica de su abogado Lucas Contreras Alderete.

Cómo llegó a la Argentina

«Pequeño J» contó que ingresó al país de manera ilegal desde Bolivia, luego de cruzar en colectivo desde Jujuy hasta la terminal de Retiro. Cuando llegó preguntó dónde podía alquilar un cuarto y trabajar, y le recomendaron la Villa Zavaleta, en Barracas. Allí alquiló una habitación y comenzó a vender ropa de manera ambulante, comprando mercadería en La Salada.

Fue en ese contexto que conoció a Miguel Ángel Villanueva Silva (25), a quien ya conocía de Perú y que le propuso trabajar para él haciendo changas «porque no le gustaba que la gente lo vea mucho». A través de Villanueva Silva conoció también a Iara Daniela Ibarra (19) y a Matías Agustín Ozorio (28), ambos imputados en la causa.

El primer contacto con las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Según su relato, la primera vez que vio a Lara y a Morena fue el 6 de septiembre de 2025. Villanueva Silva le pidió que acompañara a un conocido apodado «Gordo» hasta Flores, donde se encontraron con las jóvenes en un hotel de la zona. Días después volvieron a verse los cuatro en un boliche del mismo barrio.

Fue esa noche cuando Lara, entusiasmada, le preguntó a «Pequeño J»: «¿No sabés qué fiesta vamos a hacer?», mientras le mostraba fotos de sus amigas. La pregunta le valió una mirada de advertencia de «Gordo» y un mensaje de Villanueva Silva ordenándole que no hablara con ellas y que solo estuviera «haciendo presencia».

La noche previa a los crímenes

El jueves 18 de septiembre, «Pequeño J» llegó hasta la casa de Chañar 702 junto a «Gordo» y otras personas. En el lugar ya estaban Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero (28), dueña de la vivienda y también imputada. «Gordo» le mostró las habitaciones y el patio donde iría una parrilla. «Encargate de lo mío», le dijo Villanueva Silva a «Gordo». «Tú quédate tranquilo», respondió el otro.

Al día siguiente, el viernes 19 —la jornada en que se cometieron los crímenes—, «Pequeño J» declaró que Villanueva Silva le pidió que acompañara a «Gordo» a comprar un auto. Después de ese trámite, dijo que se quedó dormido.

«Estaban empapados, con los zapatos con tierra»

A las seis de la mañana lo despertó Ozorio, acompañado de un hombre al que llaman «El Negro». «Estaban empapados, con los zapatos con tierra», describió. Ozorio le entregó un arma, una caja de balas y 50 mil pesos. «Tomá, me dijo Miguel Ángel que ibas a guardar», le explicó.

«Pequeño J» fue entonces a la casa de su novia. Fue ella quien le mostró fotos de las tres chicas y le preguntó si las conocía. Él lo negó, pero admitió que le escribió a Ozorio para preguntarle «si seguían en la fiesta». La respuesta fue que no, que estuviera tranquilo.

Cuando el hallazgo de los cuerpos se hizo público, «Pequeño J» volvió a escribirle a Ozorio con otro tono: «Ustedes la cagaron, en primer lugar son mujeres, y en segundo una de ellas tenía 15 años».

La fuga a Perú

Asustado por haber aparecido en cámaras de seguridad cerca de la escena, decidió escapar. Le pidió a su novia que escondiera el arma debajo del colchón y quemara una valija que días antes le había dejado un tío —sin especificar qué contenía.

Junto a Ozorio, contactaron a un hombre que los llevó «cerca de José C. Paz», les entregó un fajo de dólares y los condujo hasta la frontera con Bolivia, donde los hizo cruzar en bote.

Durante la fuga, «Pequeño J» le preguntó a Ozorio qué había pasado en la casa. El joven le respondió que «solo cumplió con lo requerido por Miguel Ángel», a quien describió como «un jefe», y que cuando llegó a la casa «ya estaba todo armado». Mencionó que en el lugar estaban Ozorio, González Guerrero y un hombre identificado como «Gato».

Ya en Perú, «Pequeño J» pagó 30 dólares para que lo escondieran en un camión con destino a Lima. Fue detenido en Pucusana, a 70 kilómetros de la capital peruana. En la comisaría se reencontró con Ozorio, que había caído horas antes deambulando solo en una plaza limeña. Tras siete meses detenido en Perú, fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia argentina.

El pedido de disculpas a las familias

Al cierre de su declaración, Valverde Victoriano les dirigió un mensaje a los familiares de las tres víctimas: «Quiero pedirles disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos. Yo no sabía nada del plan. Sé lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo. Yo perdí a mi padre y me costó demasiado. Si perdiera a mis hermanas o a mi madre me dolería hasta el alma».

La causa continúa en manos del juez federal de Morón, con varios imputados detenidos y la figura de Miguel Ángel Villanueva Silva como señalado principal por los propios acusados.

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