El video quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron circular por redes: un hombre baja de su moto, se saca el casco y lo levanta como único escudo frente a dos desconocidos armados. Duda un segundo entre resistir o entregar el rodado. Ese segundo le costó la vida.

Hernán Costa tenía 51 años, era vecino de Florencio Varela y trabajaba como cocinero en un restaurante de Puerto Madero. La tarde del 14 de diciembre de 2023, cerca de las 16, se dirigía a su turno cuando fue interceptado en la Avenida Calchaquí y Jujuy, en Quilmes Oeste, por dos delincuentes que circulaban en otra moto. Intentó resistirse de manera instintiva. A los pocos segundos, uno de los asaltantes volvió sobre sus pasos, decidido a llevarse el vehículo, y le disparó en el pecho a corta distancia. Costa murió en el asfalto. Los agresores escaparon con la moto.

Hoy, a dos años y medio de aquel crimen que conmocionó tanto a Quilmes como a Florencio Varela, y que trascendió también por el vínculo familiar de la víctima —era tío del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa—, comienza el juicio oral y público que buscará determinar responsabilidades.

En el banquillo se sentará Alexis M., procesado como presunto coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral N° 4 de Quilmes, con la acusación a cargo del fiscal Claudio Pelayo.

El otro implicado en el hecho era, al momento del crimen, un adolescente de 14 años. Por su edad, es inimputable ante la ley y no será juzgado, aunque la investigación judicial estableció que habría sido quien efectuó el disparo que mató a Costa.

Uno de los elementos centrales que se presentarán durante el debate es el video filmado por un transeúnte en el momento del ataque, que en su momento se viralizó y permitió reconstruir con precisión la secuencia del robo y el disparo.

Infosur ya había reconstruido, tiempo atrás, quién era Hernán Costa, el vecino de Varela fusilado en Quilmes.

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Durante casi dos décadas fue una autoridad puertas adentro de la Bonaerense: primero como oficial principal en un destacamento de Villa España, después como titular de la Comisaría 5ta de Florencio Varela. Puertas afuera, para el resto de la fuerza, era el subcomisario Infante. Puertas adentro, según la Justicia, era otra cosa.

Como ya había informado Infosur, la Justicia ordenó esta semana su detención tras años de denuncias que se fueron acumulando en el expediente. La causa que hoy lo tiene tras las rejas no nació de un solo hecho ni de una sola denunciante. Se fue construyendo con el correr de los años, a medida que distintas mujeres que trabajaron bajo su mando se animaron, una por una, a contar lo mismo: que el subcomisario abusaba de su jerarquía para acosar y abusar sexualmente de sus subordinadas.

La primera denuncia que la Justicia logró reconstruir se remonta a 2018, cuando I. todavía era oficial principal en el Destacamento Policial Villa España. Según el expediente, encerró con llave a una subordinada en su oficina y, mientras la amenazaba veladamente, le exhibió su arma reglamentaria. Ese hecho quedó asentado en una causa que hoy tramita «por cuerda», unida al expediente principal.

El resto de los episodios que le atribuyen ocurrieron ya en Florencio Varela, entre 2021 y 2022, cuando Infante comandaba la Comisaría 5ta. Ahí, de acuerdo a la resolución judicial, está acusado de abusar de al menos tres efectivas más que se desempeñaban en la misma dependencia: las manoseó, las besó contra su voluntad, y en al menos un caso —según detalla el expediente— llegó al acceso carnal en reiteradas oportunidades.

No era la primera vez que el nombre de un jefe policial de la zona quedaba envuelto en una denuncia de este tipo. Meses atrás, Infosur había dado cuenta de otro caso similar dentro de la misma fuerza, lo que había encendido las alarmas sobre un patrón que excede a un único responsable.

Lo que hace de este caso algo distinto es la cantidad de víctimas y el patrón que la Justicia cree identificar: siempre subordinadas directas, siempre en el propio lugar de trabajo, siempre aprovechando la asimetría de poder que da el rango. Un patrón que, según sus abogadas, se sostuvo durante años gracias al silencio que impone la estructura jerárquica de la fuerza.

La fiscal de la UFI N° 4 de Florencio Varela, María Nuria Gutiérrez, reunió declaraciones testimoniales, informes victimológicos y capturas de conversaciones antes de pedir la detención. El juez de Garantías N° 6, Diego Agüero, reconocido por su trabajo con perspectiva de género, hizo lugar al pedido esta semana y ordenó además el secuestro del teléfono celular del subcomisario.

Infante permanece detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

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Durante años tuvieron que sostener una doble carga: la del uniforme que las exponía todos los días frente a un superior, y la del silencio que ese mismo uniforme parecía imponerles. C., J. y L. son tres efectivas de la Policía Bonaerense que se animaron a romper ese silencio y denunciar a su superior jerárquico por abuso sexual, amenazas y hostigamiento sistemático.

Ese paso, dado hace ya un tiempo, tuvo esta semana una respuesta judicial: la Justicia ordenó la detención del subcomisario I., quien se desempeñaba en la Comisaría 5ta de Florencio Varela y era señalado como responsable de los hechos denunciados por las tres mujeres.

La causa tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Florencio Varela. El hecho había tenido amplia repercusión en medios locales, provinciales y nacionales cuando trascendió la denuncia original. Infosur ya había dado cuenta de este caso en el 2022.

Según se desprende de la causa, las denunciantes no solo debieron atravesar los episodios de violencia, sino también las presiones, persecuciones y represalias propias de la asimetría de poder que impone la estructura jerárquica de la fuerza. Una de ellas había relatado públicamente los hechos meses atrás, según consignó en su momento El Radar del Sur.

«Hoy es un día histórico. Mis clientas han enfrentado un proceso sumamente desgastante y un hostigamiento constante por animarse a denunciar a un superior. Esta detención demuestra que el rango no es un escudo para la impunidad», señaló la abogada patrocinante de las denunciantes, Sandra Beatriz Massimino.

Para la letrada, el caso trasciende el expediente judicial: «este caso quiebra un pacto de silencio histórico. A partir de hoy, muchas mujeres que integran las fuerzas de seguridad y que son víctimas de abusos de poder y violencia machista en sus lugares de trabajo sabrán que pueden alzar la voz sin miedo. Es un triunfo de la participación equitativa y del derecho a ejercer la profesión libres de violencias», agregó.

La causa continúa su trámite en la fiscalía de Florencio Varela.

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Una empresa de Florencio Varela logró recuperar más de 600 millones de pesos que habían sido sustraídos mediante una compleja maniobra de fraude informático, luego de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 especializada en extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes.

La pesquisa demandó más de nueve meses de trabajo y estuvo coordinada por los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito, quienes reconstruyeron el circuito financiero utilizado por la organización para desviar el dinero que la empresa tenía destinado al pago de salarios e importaciones.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando el titular de la firma detectó al ingresar a la plataforma de banca electrónica que una importante suma de dinero había desaparecido de sus cuentas.

Una organización con empresas ficticias y criptomonedas

A partir de la denuncia, la Fiscalía solicitó información a entidades bancarias, empresas de telefonía e internet, organismos públicos y plataformas de intercambio de criptoactivos, lo que permitió seguir el recorrido del dinero.

Según la investigación judicial, la banda habría creado una empresa ficticia y confeccionado documentación apócrifa para simular operaciones comerciales con la firma damnificada. Además, habría utilizado líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros y más de cincuenta cuentas bancarias para canalizar los fondos hacia plataformas de criptomonedas y, posteriormente, enviarlos al exterior.

Allanamientos y capturas internacionales

Las pruebas reunidas permitieron realizar múltiples allanamientos y secuestrar dispositivos electrónicos que fueron sometidos a pericias informáticas.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores identificaron a nuevos sospechosos, entre ellos responsables de otra empresa presuntamente utilizada para emitir facturas falsas y dos ciudadanos brasileños sobre quienes pesa un pedido de captura internacional.

La empresa recuperó el dinero

Gracias al material probatorio incorporado al expediente, la entidad financiera respondió por el perjuicio económico sufrido por la firma varelense, que recuperó más de 600 millones de pesos, lo que le permitió restablecer su normal funcionamiento.

La investigación continúa y alcanza a más de quince personas presuntamente vinculadas con la maniobra, mientras la Fiscalía avanza para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en una de las mayores causas por fraude informático investigadas en el Departamento Judicial Quilmes.

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Qué pasó

El accidente ocurrió el lunes 20 de abril alrededor de las 18:10 en Avenida Hudson y Primera Junta, tres días antes del cumpleaños de Cáceres. Según la reconstrucción difundida en redes, la joven circulaba en moto junto a una acompañante, Sabrina Sandoval, de 28 años, cuando fue embestida por un camión volquete de la cooperativa 4 de Junio, conducido por un hombre de 69 años. El rodado frenó 50 metros después del impacto.

Cáceres fue trasladada por el SAME al Hospital Mi Pueblo, donde murió. Sandoval también fue hospitalizada por las lesiones sufridas.

La causa judicial

El conductor fue imputado por la UFI N°7 de Florencio Varela, y la causa quedó caratulada como homicidio culposo. Según indicó la familia, el hombre se encuentra en libertad desde el día del hecho.

El pedido de la familia

Cabaña explicó a Infosur que la versión del acompañante del camionero —quien declaró que Cáceres salía de una calle de tierra de Primera Junta hacia la avenida— no coincide con lo que, según afirma, observaron otros testigos en la zona. La familia busca ahora dar con esas personas para que aporten su testimonio a la causa y pide a quienes hayan presenciado el hecho, o tengan información sobre lo ocurrido, que se comuniquen con la investigación.

«Toda información, por más mínima que parezca, puede ser fundamental para reconstruir lo sucedido», señala el pedido difundido por la familia, que circula bajo la consigna «Justicia por Maisa Sabrina Cáceres».

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la familia a través de las redes sociales de Infosur o de los canales habilitados por los allegados de la víctima.

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Seis días antes, Lorena había elegido pararse ante el Concejo Deliberante de Florencio Varela y contar su historia en voz alta, en el acto por el aniversario del Ni Una Menos. El auditorio escuchó en silencio absoluto.

El incendio y las víctimas

La madrugada del 21 de agosto de 2024, un incendio destruyó totalmente la casilla de madera ubicada en la intersección de las calles 554 y 533 del barrio San Jorge. Lorena sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% del cuerpo —cara, abdomen, brazos, manos, piernas y pies—. Su hija mayor A.J.L., de 11 años, resultó con quemaduras graves en rostro, cuello, hombro y manos, y estuvo dos meses internada. Los dos hijos menores sufrieron quemaduras leves. La familia fue rescatada por vecinos y familiares que ingresaron a la vivienda en llamas.

La fiscalía acusó a Braian Alexander Saladin —ex pareja de Lorena y padre de dos de los niños— de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa, en concurso con incendio agravado. Una acusación gravísima que lo tuvo detenido en la Unidad Penitenciaria N°32 de Florencio Varela durante todo el proceso.

Lo que la jueza tuvo por probado

La sentencia es contundente en un punto: la violencia de género existió, fue grave y fue sistemática. Al menos para la Justicia en esta primera instancia. El fallo da por acreditado un ciclo sostenido de agresiones físicas —golpes, ahorcamientos, amenazas con arma de fuego incluso con los hijos en brazos—, violencia psicológica, económica y simbólica que Lorena padeció durante años. También, para la sentencia en primera instancia, quedaron probadas amenazas específicas: Saladin le dijo que le iba a «prender fuego todo», que la iba a «mandar al hospital a chupar suero» y que iba a matar a toda su familia si lo denunciaba. Lo dijeron la víctima, su madre, sus hermanas y la propia hija de 11 años en Cámara Gesell.

Por qué absolvió

Pero la certeza sobre la violencia no arrastró certeza sobre el incendio. Para la jueza, tres elementos inclinaron la balanza.

Primero, la pericia. La oficial inspectora inspeccionó el lugar horas después del siniestro y no pudo determinar el origen del foco ígneo: el nivel de destrucción total de la estructura lo impidió. Descartó explosión de gas, pero no pudo descartar una falla eléctrica. Declaró expresamente que no podía afirmar que el incendio hubiera sido intencional ni que hubiera habido intervención humana.

Segundo, la coartada. Saladin sostuvo desde el primer día que el 20 de agosto ingresó a su domicilio a las 15:42 y no salió hasta las 11:45 del día siguiente. Esa versión fue corroborada por videos de cámaras de seguridad y por los registros de geolocalización de su teléfono aportados por Telecom. La fiscalía alegó manipulación de los videos, pero no produjo ninguna pericia técnica que lo demostrara.

Tercero, el video que nunca llegó. Varias testigos declararon que la cámara de una vecina captó a una persona encapuchada caminando cerca de la vivienda minutos antes del incendio. La fiscalía nunca citó a esa vecina. El video nunca fue incorporado al debate. Un indicio que podría haber sido clave terminó entrando al juicio solo de rebote, por el relato de terceros, y sin ningún valor probatorio concreto.

Aplicando el principio constitucional del in dubio pro reo, la jueza concluyó que la duda era razonable y dictó veredicto absolutorio.

Libre, con 30 días de restricción

Saladin salió en libertad de manera inmediata desde la UP N°32. La jueza le impuso una restricción de acercamiento a Lorena y su grupo familiar por 30 días —500 metros de distancia mínima— bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. Las actuaciones fueron remitidas al fuero de familia. Treinta días para una historia que lleva años.

Lo que queda abierto

Lorena Leiva eligió dar la cara. Habló en el HCD, habló en el juicio, habló ante la perito psicológica que describió en su informe una situación de riesgo moderado con amenazas, cronicidad, uso de armas y temor a represalias. La sentencia no la desmiente en nada de eso. Solo dice que no alcanzó para condenar.

El expediente pasa ahora a la Justicia de Familia. La restricción vence en 30 días.

→ Leé también: Varela dijo Ni Una Menos: Lorena Leiva habló en el HCD

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Quién es Mariana Dongiovanni

Mariana Dongiovanni es vecina del barrio Presidente Sarmiento de Florencio Varela. En 2015, con 36 años, prestó juramento como titular de la Fiscalía N° 2 de Varela. En ese momento declaró sentirse «orgullosa de trabajar para brindar la justicia que Varela merece». Once años después, su nombre aparece una y otra vez ligado a causas que las familias de las víctimas definen como archivadas, frenadas o abandonadas. Hoy ya no conduce la Fiscalía N° 2: se apartó de ese cargo en medio de cuestionamientos y actualmente se desempeña como fiscal de flagrancia, rol desde el cual volvió a generar controversia con la excarcelación del dirigente sindical Flavio Martín Ríos.

Caso 1: La Masacre de Florencio Varela (2017)

El 11 de febrero de 2017, cuatro adolescentes fueron atacadas a balazos a la salida del boliche Santa Diabla, en avenida Senzabello y Los Andes. Denise Juárez, de 17 años, y Sabrina Barrientos, de 16, murieron. Magalí Pineda y Némesis Núñez sobrevivieron con heridas graves. El atacante disparó más de 20 veces: Denise recibió 9 impactos y Sabrina, 6. Nueve años después, no hay ningún condenado por ese crimen. La causa pasó por distintos fiscales y líneas de investigación sin llegar a juicio. El nombre de Dongiovanni figura entre quienes intervinieron en la investigación durante alguna de sus etapas, en una causa que Infosur cubrió durante años y que todavía no tiene resolución.

Caso 2: Lautaro Morello y Lucas Escalante (2022)

El 9 de diciembre de 2022, en plena noche de festejo por el pase de Argentina a semifinales del Mundial, Lautaro Morello (18 años) y Lucas Escalante salieron del barrio Bosques con rumbo a buscar unos vales de nafta. Nunca volvieron. Semanas después, el cuerpo de Lautaro apareció semi calcinado en un descampado de Guernica: había muerto por estrangulamiento tras recibir golpes brutales. Lucas sigue desaparecido hasta hoy.

La investigación apunta al clan Centurión: Francisco, excomisario mayor con vínculos en la Interpol, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, ambos policías. El juicio oral estaba previsto para abril de 2026 pero se suspendió. Sin embargo, mientras la causa estuvo en manos de Dongiovanni, según denunciaron las familias ante Infosur, la investigación no prosperó: el allanamiento a la quinta se demoró varios días pese a los indicios, elementos fueron manipulados y las pericias se realizaron recién tras la insistencia de otros actores judiciales. Fue otro fiscal, Daniel Ichazo, quien logró llevar la causa a juicio oral.

Caso 3: La muerte de Nahuel Sanabria (2023)

El 19 de diciembre de 2023, Nahuel Sanabria murió en la Distribuidora Emicat, sobre la Ruta 36. En abril de 2024, Dongiovanni se excusó y se apartó de la investigación. Dos fiscales más —de las fiscalías de Presidente Perón y Pringles— también rechazaron tomar la causa. La tía de Nahuel, Dora Montiel, denunció ante Infosur que la fiscal nunca recibió a la familia desde el día del crimen, y que incluso ordenó que ella fuera retirada de las instalaciones de la dependencia. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante marcharon juntas frente a las Fiscalías Descentralizadas de Varela en marzo de 2024, unidas por el mismo reclamo: que Dongiovanni respondiera por sus casos.

El apartamiento y la reaparición

En un momento no precisado públicamente, Dongiovanni fue apartada de la titularidad de la Fiscalía N° 2 en medio de los cuestionamientos acumulados. Sin embargo, no salió del sistema judicial: fue reubicada como fiscal de flagrancia, el área que interviene en detenciones en tiempo real. Desde ese nuevo rol, el 26 de mayo de 2026 participó de la audiencia en la que el juez Julián Busteros excarceló a Flavio Martín Ríos —dirigente de ATE Varela con dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra— sin que Dongiovanni apelara la resolución.

¿Quién controla a los fiscales en la Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo del Senado bonaerense, a propuesta del Procurador General. Una vez designados, son inamovibles salvo que sean removidos mediante un jury de enjuiciamiento —un proceso político-judicial que requiere acusación del Procurador General ante el Tribunal de Responsabilidad Penal del Ministerio Público. En la práctica, los juicios a fiscales son excepcionales. El control cotidiano depende de la Procuración General, que puede iniciar investigaciones administrativas pero carece de herramientas ágiles para sancionar conductas como el apartamiento sistemático de causas. Las familias de Nahuel Sanabria ya presentaron una denuncia administrativa ante Fiscalía General contra Dongiovanni. Su resultado es, hasta ahora, desconocido.

Infosur solicitó posición a la Fiscalía de Flagrancia y a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron consultadas como fuentes primarias de esta nota.

El caso más reciente que involucra a Dongiovanni es la excarcelación del dirigente de ATE Varela Flavio Martín Ríos, quien tenía dos causas abiertas por tenencia ilegal de arma de guerra en menos de seis meses. El juez Busteros lo liberó bajo caución juratoria y la fiscal no apeló. Infosur accedió al expediente judicial. → https://infosurdiario.com.ar/excarcelacion-flavio-rios-juez-busteros-arma-guerra-florencio-varela/

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El hecho que disparó la causa

Según los voceros judiciales, el 20 de mayo, pasada la medianoche, personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela detectó dos vehículos en actitud sospechosa en las calles Mar Chiquita y San Nicolás: una camioneta Amarok y una Ford Territory con tres ocupantes. Al revisarlos, siempre según la resolución judicial, encontraron dos revólveres calibre 38 Special marca Taurus con balas punta de teflón. Flavio Martín Ríos, conocido como «Sandro», fue uno de los detenidos en flagrancia.

Un antecedente que no se podía ignorar

No era la primera vez. El 28 de enero de 2026, la Policía detuvo a J. E. L. en las calles Cariboni y Mar Chiquita, a bordo de una Amarok, con una pistola 6,35 marca Mauser y 65 balas de distintos calibres en una mochila. Ríos se presentó en la Comisaría 1ª a reclamar la camioneta y la mochila como propias, lo que motivó que la Fiscalía 2 lo imputara también por tenencia ilegal de arma de guerra. Dos causas del mismo tipo, en el mismo municipio, con apenas cinco meses de diferencia.

La decisión judicial y lo que dice el expediente

El 26 de mayo se realizó la audiencia de excarcelación ante el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Julián Busteros. El defensor, el dr. Eduardo Manuel Martínez, solicitó la excarcelación invocando el art. 169 del Código Procesal Penal. La fiscal de flagrancia, Dra. Mariana Dongiovanni, se opuso en la audiencia pero, según fuentes del expediente, no apeló la resolución una vez dictada. El juez Busteros hizo lugar al pedido y ordenó la libertad bajo caución juratoria, con presentación obligatoria al juzgado una vez por semana —condición que puede levantarse si el imputado acredita empleo en relación de dependencia.

El expediente tramita ante ese mismo juzgado. Este medio accedió al documento firmado digitalmente por el juez Busteros.

¿Quién es Flavio «Sandro» Ríos?

Ríos ocupó el cargo de Secretario de Finanzas en la seccional ATE Florencio Varela desde la elección del 9 de agosto de 2024. Según fuentes gremiales, es además yerno del Secretario General Darío Olmedo, ex Consejero Escolar del Partido Justicialista. Olmedo habría negado públicamente que Ríos forme parte de su comisión directiva, pese a los registros de la última elección sindical.

Cronología del caso

28 ene. Primera detención vinculada: pistola Mauser + 65 balas en camioneta de Ríos.

20 may. Segunda detención: dos revólveres .38 con balas de teflón. Interviene fiscalía de flagrancia.

26 may. Audiencia de excarcelación. Juez Busteros concede la libertad. Fiscal Dongiovanni no apela.

Este medio solicitó posición al Juzgado de Garantías N° 5 y a la Fiscalía de Flagrancia de Florencio Varela. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. La resolución judicial citada fue verificada mediante el documento oficial digitalizado con firma del juez Busteros (fecha: 26/05/2026, 13:52:25).

La fiscal Dongiovanni no es nueva en la polémica. Su nombre aparece ligado a algunos de los casos más dolorosos de Florencio Varela: la Masacre de 2017, el crimen de Lautaro Morello, la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Nahuel Sanabria. En todos ellos, las familias denunciaron falta de investigación. → https://infosurdiario.com.ar/fiscal-dongiovanni-casos-sin-resolver-florencio-varela-flagrancia-rios-armas-guerra/

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La declaración se realizó de manera virtual desde el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N°24 de Marcos Paz, donde permanece detenido, con la asistencia técnica de su abogado Lucas Contreras Alderete.

Cómo llegó a la Argentina

«Pequeño J» contó que ingresó al país de manera ilegal desde Bolivia, luego de cruzar en colectivo desde Jujuy hasta la terminal de Retiro. Cuando llegó preguntó dónde podía alquilar un cuarto y trabajar, y le recomendaron la Villa Zavaleta, en Barracas. Allí alquiló una habitación y comenzó a vender ropa de manera ambulante, comprando mercadería en La Salada.

Fue en ese contexto que conoció a Miguel Ángel Villanueva Silva (25), a quien ya conocía de Perú y que le propuso trabajar para él haciendo changas «porque no le gustaba que la gente lo vea mucho». A través de Villanueva Silva conoció también a Iara Daniela Ibarra (19) y a Matías Agustín Ozorio (28), ambos imputados en la causa.

El primer contacto con las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Según su relato, la primera vez que vio a Lara y a Morena fue el 6 de septiembre de 2025. Villanueva Silva le pidió que acompañara a un conocido apodado «Gordo» hasta Flores, donde se encontraron con las jóvenes en un hotel de la zona. Días después volvieron a verse los cuatro en un boliche del mismo barrio.

Fue esa noche cuando Lara, entusiasmada, le preguntó a «Pequeño J»: «¿No sabés qué fiesta vamos a hacer?», mientras le mostraba fotos de sus amigas. La pregunta le valió una mirada de advertencia de «Gordo» y un mensaje de Villanueva Silva ordenándole que no hablara con ellas y que solo estuviera «haciendo presencia».

La noche previa a los crímenes

El jueves 18 de septiembre, «Pequeño J» llegó hasta la casa de Chañar 702 junto a «Gordo» y otras personas. En el lugar ya estaban Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero (28), dueña de la vivienda y también imputada. «Gordo» le mostró las habitaciones y el patio donde iría una parrilla. «Encargate de lo mío», le dijo Villanueva Silva a «Gordo». «Tú quédate tranquilo», respondió el otro.

Al día siguiente, el viernes 19 —la jornada en que se cometieron los crímenes—, «Pequeño J» declaró que Villanueva Silva le pidió que acompañara a «Gordo» a comprar un auto. Después de ese trámite, dijo que se quedó dormido.

«Estaban empapados, con los zapatos con tierra»

A las seis de la mañana lo despertó Ozorio, acompañado de un hombre al que llaman «El Negro». «Estaban empapados, con los zapatos con tierra», describió. Ozorio le entregó un arma, una caja de balas y 50 mil pesos. «Tomá, me dijo Miguel Ángel que ibas a guardar», le explicó.

«Pequeño J» fue entonces a la casa de su novia. Fue ella quien le mostró fotos de las tres chicas y le preguntó si las conocía. Él lo negó, pero admitió que le escribió a Ozorio para preguntarle «si seguían en la fiesta». La respuesta fue que no, que estuviera tranquilo.

Cuando el hallazgo de los cuerpos se hizo público, «Pequeño J» volvió a escribirle a Ozorio con otro tono: «Ustedes la cagaron, en primer lugar son mujeres, y en segundo una de ellas tenía 15 años».

La fuga a Perú

Asustado por haber aparecido en cámaras de seguridad cerca de la escena, decidió escapar. Le pidió a su novia que escondiera el arma debajo del colchón y quemara una valija que días antes le había dejado un tío —sin especificar qué contenía.

Junto a Ozorio, contactaron a un hombre que los llevó «cerca de José C. Paz», les entregó un fajo de dólares y los condujo hasta la frontera con Bolivia, donde los hizo cruzar en bote.

Durante la fuga, «Pequeño J» le preguntó a Ozorio qué había pasado en la casa. El joven le respondió que «solo cumplió con lo requerido por Miguel Ángel», a quien describió como «un jefe», y que cuando llegó a la casa «ya estaba todo armado». Mencionó que en el lugar estaban Ozorio, González Guerrero y un hombre identificado como «Gato».

Ya en Perú, «Pequeño J» pagó 30 dólares para que lo escondieran en un camión con destino a Lima. Fue detenido en Pucusana, a 70 kilómetros de la capital peruana. En la comisaría se reencontró con Ozorio, que había caído horas antes deambulando solo en una plaza limeña. Tras siete meses detenido en Perú, fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia argentina.

El pedido de disculpas a las familias

Al cierre de su declaración, Valverde Victoriano les dirigió un mensaje a los familiares de las tres víctimas: «Quiero pedirles disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos. Yo no sabía nada del plan. Sé lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo. Yo perdí a mi padre y me costó demasiado. Si perdiera a mis hermanas o a mi madre me dolería hasta el alma».

La causa continúa en manos del juez federal de Morón, con varios imputados detenidos y la figura de Miguel Ángel Villanueva Silva como señalado principal por los propios acusados.

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Miriam Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar el dolor de la familia y cuestionar las palabras del exjefe policial, quien días atrás había hablado públicamente sobre el expediente judicial.

“A Lauty no lo dejaron vivir”, escribió la mujer en un extenso posteo cargado de angustia, recuerdos familiares y reclamos de justicia.

En el mensaje, la abuela recordó momentos íntimos de Lautaro Morello junto a su familia, mencionó el nacimiento de nuevos integrantes que el joven no pudo conocer y volvió a apuntar contra los acusados por el crimen.

“Lauty no falleció, lo asesinaron Maximiliano y Cristian Centurión. No hay otra verdad”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Francisco Centurión rompiera el silencio desde prisión y desplegara una estrategia pública de defensa en medio de la espera por el futuro juicio oral.

“No nos van a amedrentar”

En otro tramo del mensaje, Miriam Aguilar cuestionó que se intente “defender lo indefendible” y sostuvo que la familia continuará reclamando justicia.

“No nos van a amedrentar. Queremos justicia”, escribió.

La mujer también describió el profundo impacto emocional que el crimen provocó dentro de la familia Morello y recordó la muerte del abuelo de Lautaro, ocurrida un año después del asesinato.

“Ya no soportaba lo que te habían hecho y ver a tu mamá sufriendo”, señaló.

Una causa que sigue conmocionando a Varela

El caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante continúa generando fuerte repercusión en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022.

La investigación avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en la detención del excomisario Francisco Centurión y otros acusados vinculados al expediente.

Mientras las defensas comienzan a moverse de cara al futuro juicio, las familias de las víctimas mantienen activo el reclamo de justicia y continúan denunciando un entramado de encubrimiento detrás del caso.

El posteo de la abuela de Lautaro volvió a exponer el dolor que atraviesa la familia Morello y reavivó el fuerte impacto social que el expediente mantiene en Florencio Varela.

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Las recientes declaraciones del exjefe policial desde prisión no aparecieron de manera aislada. En el entorno judicial del caso son leídas como parte de un movimiento defensivo previo al futuro juicio, en una causa marcada por fuertes tensiones, demoras procesales y un enorme impacto público en el sur del conurbano.

Centurión, uno de los principales acusados en el expediente, eligió romper el silencio después de años. Lo hizo con un discurso donde buscó presentarse como víctima de una causa armada, apuntó contra fiscales y jueces, y dejó entrever una estrategia orientada a disputar no sólo el terreno judicial, sino también la opinión pública.

El movimiento no pasa desapercibido. En causas de alto impacto mediático, la construcción de sentido alrededor de los acusados suele convertirse en un elemento clave antes de la etapa de juicio oral, especialmente cuando existe la posibilidad de un juicio por jurados.

La apuesta de Centurión por el juicio por jurados

Uno de los puntos que aparece detrás de las declaraciones de Centurión es la eventual llegada del expediente a un jurado popular, escenario donde las defensas suelen intentar humanizar a los imputados y cuestionar la legitimidad de la investigación. Sobre todo ante la contundencia técnica de los indicios.

En ese contexto, las entrevistas públicas, los mensajes desde prisión y las críticas al proceso judicial pueden transformarse en herramientas para instalar dudas o generar empatía social antes de que el caso llegue a debate.

El expediente por Lautaro Morello y Lucas Escalante arrastra además un fuerte desgaste producto de las demoras judiciales, audiencias suspendidas y discusiones procesales que marcaron la causa desde el comienzo.

Mientras las familias de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y apuntan a un entramado de encubrimiento policial, las defensas comenzaron a reforzar otra línea narrativa: la existencia de irregularidades y supuestas inconsistencias en la investigación.

Una causa que conmocionó a Florencio Varela

El caso tuvo un enorme impacto en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022, cuando Lautaro Morello apareció asesinado y Lucas Escalante desapareció luego de salir juntos rumbo a un encuentro vinculado a la compra de drogas.

Con el correr de la investigación, la causa avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en detenciones de alto perfil, entre ellas la de Francisco Centurión, excomisario de la policía Bonaerense

Desde entonces, cada movimiento judicial alrededor del expediente genera fuerte repercusión pública y política en la región.

Las recientes declaraciones de Centurión volvieron a poner el caso en el centro de la escena y dejaron al descubierto que la pelea ya no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno de la construcción pública del relato sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Florencio Varela.

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Habló, pero no respondió lo que importa

El comisario Francisco Centurión eligió el programa Se Presume Inocente, que conduce la periodista Alejandra Ojeda Garnero por FM Wox con el acompañamiento de la ONG Inocente Colectivo, para romper el silencio. Un espacio que, ya desde su nombre, anticipa el tono del relato.

En poco más de veinte minutos de comunicación entrecortada desde la unidad carcelaria donde está detenido, Centurión repasó sus argumentos de siempre: que la investigación está viciada, que el fiscal lo persigue, que los jueces no son los naturales, que su domicilio fue allanado cinco veces sin encontrar nada, y que él estaba de vacaciones en Entre Ríos cuando todo ocurrió.

Lo que no explicó —ni le preguntaron con la insistencia que el caso merece— es por qué la Justicia lo tiene sentado en el banquillo junto a su hijo, su sobrino y otros efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Bosques. Por qué, pese a todos sus reclamos, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló hasta ahora su liberación. Y por qué el juicio, lejos de derrumbarse, sigue en pie con una elevación a juicio oral ya firme.

Lo que dice la Justicia: una acusación que sobrevivió todas las impugnaciones

El 9 de diciembre de 2022, mientras la Argentina entera miraba el partido contra Países Bajos en el Mundial de Qatar, Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron en Florencio Varela. Lautaro apareció muerto. Lucas sigue sin aparecer.

La investigación apuntó desde el principio al entorno policial de la zona. El hijo de Centurión, Cristian, tenía contacto con Lucas Escalante: se conocían del gimnasio, según reconoció el propio comisario. Ese vínculo, sumado a otros elementos probatorios que el expediente contiene y que las defensas no pudieron hacer caer, derivó en la elevación a juicio de toda la cadena acusada.

Las defensas impugnaron prácticamente todo: al fiscal original, al fiscal sustituto, al primer juez, al segundo juez. La Cámara de Apelaciones rechazó los planteos y el proceso siguió adelante. Centurión interpretó eso como una conspiración. La Justicia lo interpretó como que no había nulidades que prosperaran.

El comisario Argañaraz —jefe de la Comisaría 4ª al momento de los hechos y también imputado— ya tiene su propio historial judicial en la zona. Como publicó Infosur, el oficial que era su segundo en la Cuarta de Bosques fue recientemente designado al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela, un dato que habla de las tensiones que todavía recorren la estructura policial local.

«Me dispararon por la espalda»: el relato de su detención

Centurión dedicó un tramo extenso de la entrevista a narrar cómo fue detenido, meses después de que su hijo y su sobrino ya estuvieran presos. Dijo que salía a pie hacia el cardiólogo cuando una comisión de la Policía Federal, en una camioneta negra sin identificación, lo interceptó a metros de su domicilio.

«Me apuntaron con el arma, me embistieron con la camioneta. Intenté escapar pensando que era un robo», relató. Treinta metros después, dos disparos. Uno le impactó en la pierna izquierda. Fue ahí cuando se enteró de que había una orden de detención en su contra.

La versión policial del operativo es, naturalmente, diferente. Y el hecho de que hubiera una orden judicial vigente —emitida por el juez de garantías luego de la investigación— es el dato que Centurión prefirió enmarcar como «intento de eliminación» antes que como una detención ordenada por la Justicia.

El fiscal armó una comisión especial para ir contra nosotros»

Centurión apuntó con dureza al fiscal Daniel Ichazo, quien no fue el fiscal original de la causa —ese rol lo ocupó la doctora Don Giovanni, luego apartada— sino que fue designado posteriormente. Según el comisario, no fue asignado por sorteo sino «a dedo», y con él «se descartaron todas las líneas de investigación alternativas».

«Hay cinco o seis hipótesis que estaban en la causa y que nunca se siguieron. El fiscal sólo miró hacia nosotros», afirmó. Entre esas líneas, mencionó testimonios que habrían ubicado a Lucas Escalante con vida en días posteriores al 9 de diciembre, y referencias a un presunto secuestro previo que habría sufrido el joven, vinculado a la familia de un empresario de la construcción.

También cuestionó la remoción del juez original, el doctor Bustero, quien había ordenado su excarcelación luego de que Centurión prestara declaración. Tras un escrache frente al juzgado de garantías —con pintadas y presión pública—, Bustero se excusó. La Cámara de Apelaciones designó al doctor Agüero, quien revirtió la decisión y ordenó la detención.

«Tanto el fiscal como el juez fueron designados especialmente. Se armó una comisión especial para gestionar esta investigación puntualmente en mi contra», denunció.

Cinco allanamientos, ninguna prueba

Uno de los argumentos más contundentes que esgrimió Centurión es que su domicilio fue allanado en cinco ocasiones. En ninguna de ellas —afirmó— se encontró un solo elemento que vinculara a las víctimas con el lugar: ni muestras periciales, ni movimientos de suelos, ni objetos secuestrados de relevancia.

«Vinieron los especialistas más destacados, levantaron muestras, revisaron todo. No encontraron nada», sostuvo. Y recordó que al momento del hecho se encontraba en la provincia de Entre Ríos, pasando un fin de semana largo con su novia, y que regresó el 10 de diciembre.

El juicio: sin fecha, entre jurado popular o técnico

La causa tiene previstas unas 300 declaraciones testimoniales. Sin embargo, la fecha del debate oral sigue sin confirmarse. Centurión atribuyó las postergaciones a cuestiones procesales vinculadas a las distintas defensas —incluyendo un cambio de abogado en su propio caso— y a la evaluación de un factor clave: si el juicio será técnico o por jurado popular.

«Si hay muchas irregularidades, un jurado de ciudadanos va a ser más objetivo para evaluar las pruebas. Ellos escuchan, no tienen compromisos», reflexionó. Los plazos máximos de la prisión preventiva —dos años— ya vencieron para los tres detenidos principales, sin que el proceso haya avanzado al debate.

«Hay personas que terminan aceptando condenas para terminar con el calvario»

En el cierre de la entrevista, Centurión amplió su mirada hacia lo que describió como un patrón que se repetiría en casos similares: investigaciones mediáticas, abogados querellantes siempre presentes —mencionó a la Comisión Provincial por la Memoria y sus representantes legales— y fiscales que «direccionan la causa para tranquilizar el clamor social».

«Hay personas que terminan aceptando condenas en juicios abreviados para que se termine el calvario de la detención. Eso está muy mal y debe ser replanteado», advirtió. Y concluyó: «No tenemos absolutamente nada que ver con este hecho. Y eso se va a demostrar en el juicio».

Tres años y medio preso, juicio sin fecha: la estrategia de la demora

Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Los plazos legales máximos de dos años ya se cumplieron, lo que obliga al Estado a acelerar el proceso o liberarlos. Hasta ahora, la Justicia optó por sostener las detenciones argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.

El debate oral debía comenzar el 14 de abril pasado. No empezó. Centurión atribuyó la postergación a cuestiones procesales —cambio de abogado, definición entre juicio técnico o por jurados— pero el patrón de dilaciones lleva ya seis audiencias preliminares caídas. Las familias de las víctimas esperan.

Sobre el juicio por jurados, Centurión se mostró abierto. No es casual: un jurado popular que desconozca los detalles técnicos del expediente puede ser más permeable a un relato emotivo. La defensa lo sabe. La Fiscalía también.

Lo que Centurión no dijo

En ningún momento de la entrevista el comisario explicó qué hacía el personal de la Comisaría 4ª de Bosques en el contexto en el que los jóvenes desaparecieron. No habló de las comunicaciones que el expediente registra. No explicó por qué la Fiscalía —con todos los recursos del Estado a su disposición y bajo el escrutinio de múltiples defensas— sostuvo la acusación durante casi cuatro años si, como él dice, «no hay ningún elemento probatorio contundente».

Sí dedicó tiempo a describir un supuesto patrón de casos armados, con fiscales, medios y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria actuando en conjunto para «tranquilizar el clamor social». Una teoría que, de ser cierta, implicaría una coordinación criminal de proporciones extraordinarias. Y que, de ser falsa, sería simplemente lo que suelen decir quienes tienen mucho que perder cuando llega el juicio.

El juicio se acerca. Centurión habló. Pero las preguntas que importan siguen sin respuesta.

Francisco Centurión habló desde la cárcel en el programa Se Presume Inocente, emitido por FM Vox los sábados a las 9 de la mañana, conducido por Alejandra Ojeda Garnero con la participación de la ONG Inocente Colectivo. Infosur sigue la cobertura del caso desde 2022.

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El nuevo operativo se concretó en las últimas horas y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela, donde en menos de un mes ya se registraron múltiples detenciones de personal jerárquico.

Según pudo saber Infosur, el procedimiento se activó luego de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto a personal de Asuntos Internos.

De acuerdo al expediente, un vecino fue interceptado en la zona de avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz por efectivos que se desplazaban en un móvil policial identificado y un vehículo particular. En ese contexto, le habrían realizado una inspección vinculada a la supuesta investigación de robo de cableado, detectando material de cobre en su poder, presuntamente adquirido en una chatarrería.

La denuncia sostiene que, tras esa situación, los efectivos habrían exigido dinero para evitar consecuencias judiciales, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía y la posterior aprehensión de personal policial de la seccional.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaria primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo, el jefe del GTO Diego benítez y otros integrantes del gabinete operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos acusados en el marco de la causa por robo agravado.

ANTECEDENTE INMEDIATO: OTRO CASO EN MENOS DE UN MES

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido a mediados del mismo mes en otra dependencia policial de Florencio Varela, donde también fue detenido un comisario junto a personal de calle en el marco de una investigación interna.

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Aquella causa, que también contó con intervención judicial y de Asuntos Internos, generó un fuerte impacto institucional dentro de la fuerza y abrió un proceso de revisión sobre el accionar de distintas comisarías del distrito.

La reiteración de estos hechos en un corto período de tiempo profundiza la percepción de crisis dentro de la estructura policial local, con expedientes abiertos que continúan en trámite y bajo estricta reserva.

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Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del sábado en los domicilios de César Parra y Cristian Miño, señalados en la causa que lleva adelante la fiscalía.

De acuerdo a la denuncia, varias personas habrían abonado sumas cercanas a los 20 mil dólares por lote, pero posteriormente se les habría impedido el ingreso al predio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 5, bajo la intervención del fiscal Pagliuca, quien dispuso las medidas que fueron autorizadas por el juez de Garantías Julián Busteros.

Durante los allanamientos, realizados por personal de la Sub DDI de Florencio Varela con apoyo de otras dependencias, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Parra es titular de una inmobiliaria local y presidente de la Cooperativa Orqueta Cura, mientras que Miño integra la misma organización como tesorero y cuenta con participación en espacios vinculados al cooperativismo.

El caso se originó a partir de denuncias de presuntas víctimas, quienes sostienen que realizaron pagos por terrenos en el loteo sin poder tomar posesión de los mismos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales.

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La bronca se mezcla con el cansancio y la angustia. Otra vez. En Florencio Varela, las familias de Lucas Escalante y Lautaro Morelli volvieron a quedar atrapada en los tiempos de la Justicia. Y esta vez, con un temor concreto: que el juicio por su desaparición y el crimen de Lautaro recién se realice en diciembre.

“Nos dijeron que la fecha estimativa sería en diciembre. Es mucho tiempo”, expresó Romina Escalante, hermana de Lucas, en medio de la angustia que atraviesa la familia tras la reciente suspensión del proceso judicial.

Un juicio que no arranca

La audiencia prevista fue postergada luego de que los acusados no completaran la presentación de pruebas. Según denunciaron, los cambios en la defensa volvieron a trabar el avance de la causa.

El expediente arrastra demoras desde hace meses. La última audiencia se había realizado en septiembre del año pasado y aún quedaban instancias pendientes antes de llegar al juicio oral.

“Se siguen tirando la pelota entre fiscales, jueces y defensas. Y los que quedamos en el medio somos nosotros”, apuntó Romina.

El peso del tiempo

El caso se remonta a diciembre de 2022, en pleno clima mundialista. Mientras el país celebraba, dos familias comenzaban una pesadilla: Lucas desaparecía y días después se confirmaba el crimen de Lautaro.

A más de tres años y medio, la causa todavía no tiene una resolución judicial firme.

Por eso, la posibilidad de que el juicio se realice en diciembre vuelve a cargar de simbolismo el calendario. “No queremos pasar otro fin de año o un contexto así esperando respuestas”, deslizaron desde el entorno familiar.

La búsqueda que no termina

Mientras el expediente avanza a paso lento, la búsqueda de Lucas continúa abierta. No hay certezas sobre su paradero.

“Yo necesito encontrar a mi hermano. Que haya una condena puede abrir una puerta, que alguien diga algo”, sostuvo Romina.

La causa, que involucra a ex efectivos policiales, sigue siendo uno de los casos más sensibles de los últimos años en el sur del conurbano.

Un reclamo que no se apaga

En las puertas del tribunal, la escena se repite: familiares, carteles, pedidos de justicia.

El reclamo es el mismo desde hace más de tres años.

Que el juicio empiece. Y que no se siga postergando.

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