En septiembre del año 2013, cuando se hizo el juicio oral por el secuestro de un empresario de Ranelagh, un tribunal platense llegó a la conclusión de que cinco personas habían estado presas en la cárcel de Florencio Varela entre uno y tres años acusadas de ese hecho sin ninguna prueba. Para hablar claro, eran inocentes y en los índices figuraba como procesados.
Ese mismo tribunal ordenó que se investigara a una supuesta banda compuesta por un juez y cuatro comisarios sospechados de “armar la causa” contra estos perejiles (así se llama en la jerga a los detenidos siendo inocentes). Uno de esos comisarios, pese a las constantes denuncias en su contra, llegó a ser Superintendente de la Policía que justamente en aquel entonces dirigía un actual polémico fiscal, que fue ministro de seguridad de Daniel Scioli.
El juez sospechado llegó a presentarse a una declaración indagatoria y después la causa quedó en el olvido.
Los cuatro liberados por su inocencia purgaron un verdadero tormento en la unidad de detención.
La normalidad en las cárceles siempre fue de sufrimientos. Los mismos informes oficiales lo confirman: desde las pobres condiciones edilicias a la comida en mal estado, desde la casi inexistente atención médica al continuo verdugueo del personal del servicio, el encierro, la situación dada por el cumplimiento de una pena. No es solamente el encierro, es también la humillación. Entonces, qué hacemos con este tema.
Infosur pudo acceder a un documento revelador sobre la situación de las cárceles de Florencio Varela que da cuenta de que existen en algunas de las unidades una superpoblación de más del 110 por ciento y una gran cantidad de procesados, es decir sin sentencia alguna, que puede llegar a duplicar a los condenados.
Un estudio realizado por la Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela que da un muestreo de lo que ocurre con el encierro desde el 2008 hasta el 2018 y que sirve como disparador para un debate más serio sobre las cárceles, y los presos en ellas.
En el 2008 la Unidad Penal número 23, que se inauguró en 1997, tenía 153 presos condenados y 560 procesados. Es decir un total de 713 alojados. En tanto, en el 2018 existían 584 detenidos condenados y 885 procesados con un total de 1.469.
En esa misma unidad, según el relevamiento, en el 2008 existía una superpoblación carcelaria cercana al 4 por ciento. Mientras que en el 2018, superaba el índice del 50 por ciento.
El estudio revela también que la situación más extrema del complejo carcelario de Florencio Varela es la unidad penal 24. Allí en el 2018 existían 195 detenidos condenados y 574 procesados lo que da un total de 769 alojados. Una década después los condenados pasaron a ser 307 y los procesados a 1.147 con un total de 1.455.
Siempre según el muestreo de la Dirección de Derechos Humanos que comanda Guillermo Ñañez, la unidad de Florencio Varela más superpoblada en el 2018 fue la 42 con 125 por ciento de superpoblación, seguida de cerca por la 31 con 122 por ciento.
“En estos cuatro años la tasa de encarcelamiento fue la más alta de la historia: se incorporaron 16 mil personas al sistema penitenciario”, contó Sandra Raggio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuando en diciembre unos 10 mil presos iniciaron huelga de hambre.
La Constitución Nacional dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. El objetivo de las cárceles es, en teoría, reinsertar a los presos en la libertad. “Nunca hubo la convicción ni la decisión política de invertir en soluciones de control mejores y más provisorias para el objetivo último de todo el sistema penal que es que las personas que cometieron delitos no vuelvan a cometer delitos”, dice Guillermo Nicora, director del área Cárceles y Alternativas a la Prisión del Inecip. La reinserción de los presos en la sociedad, una vez que hayan cumplido su condena, es casi una utopía.
Estos datos y sus gráficos son apenas un aporte a un debate más profundo sobre la situación de los presos no solo en tiempos de pandemia. Nos lo debemos.
