Por Paolo Zaniratto*
En los últimos años, y con mayor intensidad en estos días, se ha escuchado o leído en distintos medios, de la boca de políticas y políticos o analistas,el término lawfare (cuya traducción es “guerra jurídica”). Más allá de su significado literal ¿Qué implica este término? ¿En qué nos afecta? ¿De donde viene este concepto? Trataremos de develar estas preguntas a continuación.
El término lawfare apareció en una publicación de estrategia militar en 1999 en EE.UU. Trascendió a las Fuerzas Armadas norteamericanas y comenzó a ser utilizado como estrategia política de dominación sobre los poderes judiciales de los países de América Latina. Esto puede llevarse a cabo mediante “recomendaciones” de reformas judiciales (siempre más represivas), en la formación de jueces en instituciones norteamericanas, e instalando culturalmente un sentido común en nuestras sociedades que permita ciertos objetivos.
Básicamente se coloniza al poder judicial con jueces que defienden intereses de las élites locales y extranjeras, dejando de lado el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, afectándose el derecho de cualquier persona a un juicio justo.
En el mundo actual, a través de la apelación permanente a un vocabulario bélico tal como: guerra contra la corrupción, guerra contra las drogas, guerra contra la delincuencia, etc, se intenta instalar socialmente desde los centros de poder políticos y económicos planetarios, la idea de que estamos permanentemente en guerra contra algo o contra alguien. Estar en guerra siempre implica una situación de excepcionalidad en donde los derechos de la ciudadania, las garantias contitucionales, y las libertades de las personas deben limitarse, restringirse o incluso suprimirse, ya que justamente la excepcionalidad de estar en guerra implica estos “sacrificios” para vencer al enemigo. La “guerra juridica” tiene este mismo objetivo: a través de su implementación afectar a todo el sistema de garantías y derechos para el conjunto de la sociedad.
La guerra jurídica, entonces, se configuró en latinoamérica como un método de lucha política donde los poderes concentrados de la economía, y las élites locales y extranjeras, usan al poder judicial para atacar políticamente a líderes populares, cuyas políticas implementadas no responden a sus intereses. El caso del ex presidente de Brasil Lula Da Silva es el más paradigmático sobre cómo opera el “lawfare”: encarcelamiento ilegal para impedir su candidatura, la complicidad de ciertos medios masivos de comunicación para manipular la opinión pública y una causa judicial armada con jueces que responden a un sector político que hace trizas la supuesta independencia del poder judicial. Este modus operandi se repitió en otros países como Paraguay, Honduras, Ecuador o Argentina.
La utilización de ese vocabulario bélico que señalé intenta manipular y atemorizar a la sociedad. Si tal manipulación mediática es exitosa, importantes sectores de la sociedad terminan apoyando la colonización de nuestros poderes judiciales en todo el continente.
Es importante para el conjunto de la sociedad conocer las nefastas consecuencias de este método de guerra que se aplica en nuestras sociedades latinoamericanas. No solo se daña nuestro estado de derecho, o restringen nuestras libertades, sino que también se buscan instalar mediante el lawfare regímenes políticos que causan hambre, miseria y represión a nuestros pueblos.
*Abogado penalista
