En la causa por espionaje ilegal y extorsión que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y que tiene como principal referente al falso abogado Marcelo D’Alessio comenzó a aparecer el fantasma del supuesto lavado de dinero y lo que bien podría denominarse la ruta del dinero de los espías. En este voluminoso expediente también se investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y sindicales de Florencio Varela en base al proyecto AMBA, una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri para abrir oficinas de inteligencia en el conurbano.
Hace un mes Ramos Padilla procesó al financista Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti – quien estuvo prófugo y fue detenido en los primeros días de septiembre – por el delito de “asociación ilícita dedicada a efectuar transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”.
En una nueva resolución fechada el miércoles pasado el magistrado amplió los detalles de la causa y los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el periodista Daniel Santoro dejándolos al borde del envío a juicio.
«El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático», concluyó Ramos Padilla en su resolución de 1.125 carillas a la que tuvo acceso Infosur.
Pero hasta ahora lo que nadie contó es la ruta de supuesto lavado que investiga Ramos Padilla y que dejó sentado en esta nueva resolución. En efecto, uno de los capítulos menciona operaciones multimillonarias en euros; triangulaciones a través de inexistentes entidades bancarias en las islas Comoras y la simulación de inversiones en obra pública en países europeos que sólo eran “pantallas”.
Marcelo Patricio González Carthy de Gorrit, detenido y con prisión preventiva, es uno de los integrantes del grupo de WhatsApp denominado “Buenos Aires”, cuyos diálogos y operaciones quedaron reflejadas a lo largo de la resolución.
En ese contexto se considera que las maniobras que el magistrado da como constatadas surgen de los intercambios de conversaciones y documentos hallados en uno de los teléfonos celulares de Marcelo D´Alessio. De esos documentos y de las conversaciones que este imputado mantuvo durante 8 meses con Ricardo Bogoliuk, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, se pueden sospechar los diferentes planes y actividades que llevó adelante la organización con distintos actores e intermediarios con el fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario.
Según la investigación se involucraron para ello empresas y bancos –reales o “fantasmas”– y personas que actuaban en nombre de cada uno de ellos, dando explícitamente cuenta del carácter ilícito de las operaciones planificadas.
Desde el teléfono con cifras millonarias
El denominado grupo “Buenos Aires” está sospechado de organizar varias operaciones de gran volumen económico de estas características, siempre supuestamente propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los “servicios” de Bloise. Como se ha señalado, al dictarse las distintas resoluciones vinculadas a este módulo de la organización criminal investigada, las transferencias millonarias y la ingeniería financiera desarrollada para llevarlas a cabo, podrían responder a un único gran negocio con tramos diferenciados o a varios negocios vinculados de algún modo.
Para Ramos Padilla en las maniobras se detectaron numerosos indicadores de los señalados para el lavado de activos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), tales como la existencia de un “grupo económico situado en paraísos fiscales”, “encubrimiento de los reales titulares de los fondos”, “volumen, complejidad y velocidad de la operatoria: ingeniería financiera”, “cantidad de productos financieros utilizados” y “origen de los fondos de desconocida procedencia”.
En efecto, aún se desconoce quiénes eran los titulares reales de los fondos; también es desconocida la procedencia de dichas enormes sumas de dinero, las operaciones varían de país en país con diferentes.
El entramado fantasma
Los fondos, según la resolución de Ramos Padilla, circulaban a través de una cuenta a nombre de Gold Max Development Limited, una supuesta empresa que “aporta una dirección en Hong Kong y una cuenta en una sucursal del Banco ICBC ubicada en la zona franca de Shangái, República Popular China. Se advirtió respecto del banco ICBC de Shangái, que surge información vinculada a serias deficiencias en la detección de operaciones sospechosas, que datan del año 2018, de las que Gu Guoming, Presidente de la entidad bancaria, recientemente se declaró culpable en las cortes chinas”.
¿Qué es Gold Max Development Limited? El documento judicial explica que “a partir de la consulta a la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), surge como una empresa relacionada con el renombrado caso de los Panamá Papers. Habría sido utilizada como intermediaria por Corporate Management Services Limited, la cual registra más de 600 conexiones con empresas en su mayoría ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, en Seychelles y Samoa. Las tres jurisdicciones se encuentran en el ranking de las 15 guaridas fiscales más relevantes del mundo, de acuerdo a una publicación del sitio web sobre novedades financieras Business Insider”.
Stornelli al borde del juicio oral
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y los dejó cerca del envío a juicio como supuestos miembros de una «asociación ilícita paraestatal».
En el caso de Stornelli, el juez lo acusó como coautor de tentativa de extorsión cometida «en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal» en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de 10 millones de pesos que deberá depositar en tres días.
Paralelamente, el magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D’Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
En la resolución el magistrado vinculó a la AFI durante la gestión de Cambiemos con las actividades ilegales de la organización investigada.
El organismo «se ocupó de dar cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la organización se vio comprometida o en emergencia por algún requerimiento o investigación judicial».
Los acusados ingresaron a bases de datos que no eran de acceso público en busca de información con la cual «confeccionaron informes de inteligencia, se realizaron chantajes, extorsiones, tráfico de influencias y se logró insertar información en expedientes judiciales y en la prensa para llevar adelante complejas operaciones de espionaje ilegal».
«El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos», advirtió Ramos Padilla.
En esa línea consideró que «esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República», con el objetivo de «evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho, vuelvan a ocurrir».
En relación al periodista Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y «realización de acciones de inteligencia prohibidas», según el fallo.
El juez sostuvo en sus fundamentos que Santoro y Stornelli eran definidos en la organización ilegal como el «dos por uno» porque las maniobras que los habrían involucrado consistían en «que la víctima declararía primero ante el periodista y luego ante el fiscal».
«La conjunción de las acciones del fiscal Stornelli y el periodista Santoro permitieron realizar y proyectar una serie de maniobras», entre ellas la declaración de un testigo «coaccionado a la Fiscalía con la excusa de que de ese modo iba a obtener la «protección de la DEA», ejemplificó.
En el caso de Stornelli ya estaba procesado en la causa pero se agregó una acusación por tentativa de extorsión al exsecretario de la expresidenta Cristina Kirchner, Pablo Barreiro, a quien según la investigación se buscaba hacer declarar como arrepentido en la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno que tramitó Stornelli.
