La reforma judicial bajo la lupa de un abogado penalista

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Por Paolo Zaniratto, exclusivo para Infosur

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1º de marzo, el presidente Alberto Fernández dio algunas definiciones sobre la agenda del Ejecutivo para el año legislativo. Entre varios proyectos de ley que mencionó, se destaca entre otros, el que tiene que ver con la reforma de la Justicia Federal.

Vamos a repasar cuales son las ideas generales de esta reforma que modifica en forma sustancial la administración de la Justicia Federal.

En primer lugar se anunció que se incrementaría la cantidad de jueces que intervendrían en la jurisdicción federal. Actualmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires solo hay 12 jueces federales que juzgan sobre causas relacionas con drogas, trata de personas, delitos que involucran a funcionarios o ex funcionarios del Estado Nacional, casos de corrupción, etc. Esta concentración de gran cantidad de causa penales en pocos jueces, las cuales muchas revisten de gran importancia y sensibilidad institucional por involucrar actores del poder político y económico, provocó que los jueces de Comodoro Py se involucraran indebidamente en el juego político y lucha de intereses de los que deberían haber sido ajenos. No olvidemos que muchos de estos jueces fueron parte del “lawfare” en Argentina.

Por eso la idea ahora es que haya más de 50 jueces que intervengan en esas causas tan sensibles, en principio esto provocaría una desconcentración del poder desmedido que hoy en día tienen unos pocos jueces. Para esto se trasladarán alrededor de 30 jueces del fuero nacional de instrucción y correccional de la Ciudad de Buenos Aires al fuero federal.

En segundo término se planteó la necesidad de implementar el sistema acusatorio y juicios por jurados para la Justicia Federal. Hay que recordar que ya hay provincias en donde existe este sistema (la provincia de Buenos Aires por ejemplo).

Un sistema acusatorio implica dejar en cabeza de los fiscales la investigación de los delitos, mientras que el juez es totalmente imparcial ya que solo se limita a controlar que no se violen las garantías constitucionales y el debido proceso (en provincia de Buenos Aires se denominan por eso mismo “jueces de garantía”). En el sistema acusatorio las partes deben arrimar las pruebas a la causa y en base a esas pruebas el juez decide sobre la situación del acusado. Actualmente en el sistema federal el juez decide, pero también investiga, lo que claramente tiñe de parcialidad su actuación. El sistema acusatorio además se complementa con lo que denomina “juicio por jurados”. En los Juicios por jurados el pueblo es quien decide quién es culpable o inocente de un delito, lo que dota a la administración de justicia de mayor democracia y transparencia, ya que es mucho más horizontal y democrático que el pueblo participe en la implementación de un castigo a que la pena sea impuesta solo por jueces que no tienen mandato popular por definición (los jueces no son elegidos por el pueblo directamente).

Otros de los aspectos planteados de la reforma tienen que ver con la gravísima situación por la que atraviesa la provincia de Santa Fe respecto al narcotráfico. Para eso se planteó la idea de crear nuevas fiscalías, fortalecer la justicia federal en esa jurisdicción y crear una secretaría de narcotráfico en la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario. A esto se le suma la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que estaría orientada a la investigación de delitos como la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico.

Otra de las novedades es la conformación de un Consejo para “afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina”. Se anunció que estará integrado por prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en el Poder Judicial.
Estos fueron los anuncios más importantes sobre la tan necesaria reforma de la Justicia Federal, aunque aun no se conocen todos los proyectos de ley al respecto, los lineamientos generales en cuanto a las intenciones están más que claros.

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