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Opinion

La dimensión delictiva del endeudamiento externo del gobierno de Mauricio Macri

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Por Paolo Zaniratto*

En el marco de las negociaciones con el FMI para hacer frente a la exorbitante deuda que nos dejó la administración de Macri hay un elemento que no siempre se torna evidente: la faz delictiva de tal endeudamiento.

El actual sistema global de concentración del capital financiero no solo se fue consolidando mediante las tradicionales políticas neoliberales, sino que además usa la actividad criminal como herramienta indispensable para sus objetivos. Estas políticas no solo son socialmente injustas, depredadoras para las economías (sobre todo la de países en desarrollo como el nuestro), sino que también necesitan de la actividad delictiva para poder aplicar estas políticas de endeudamiento irresponsable.

En las últimas décadas nuestras sociedades latinoamericanas han pasado de la dicotomía dialéctica de explotador-explotado a la no dialéctica de incluido-excluido por obra de la concentración del capital financiero a nivel mundial. Este capital financiero desplaza al productivo mediante la imposición del modelo neoliberal a partir de la década del ’90. La alternancia en el poder político entre gobiernos de signo neoliberal y los populistas o progresistas en nuestra región dejan latente todavía la disputa entre modelos antagónicos de organización social y económica. Esa acumulación del capital financiero dio nacimiento a lo que podríamos denominar una nueva clase social a nivel mundial: una plutocracia basada en esa concentración que se erige como una especie de totalitarismo financiero.

Esta plutocracia le disputa el poder político a los gobernantes elegidos mediante el voto democrático para lograr hegemonizar todos los resortes del poder. Por esencia esta clase social corporativa que no es democrática se sirve de estrategias para el dominio económico y social de nuestras sociedades. Por eso esta ideología neoliberal aborrece los procesos democráticos (los enjuiciamientos a Lula en Brasil, la destitución de Dilma Roussef, la proscripción de Correa en Ecuador, el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia, etc, son ejemplos prácticos de esta cuestión), desdeña todo lo que tenga que ver con los derechos colectivos y lo público y necesita de la concentración mediática y de la táctica del lawfare sobre los sujetos políticos molestos a sus intereses.

Las conductas de los autócratas son delictivas

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni describió en uno de sus últimos libros[1] a este totalitarismo financiero como una nueva forma de crimen organizado, no solo porque viola la propiedad de los más pobres sino porque además atenta directamente contra la vida, el medio ambiente, la salud y toda una gama de derechos económicos, sociales y culturales. Cuando analizamos el endeudamiento con el FMI al que nos sometió la administración del gobierno de “Cambiemos” vemos que se llevó a cabo violando lo que establece la ley de Administración Financiera, nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional. El artículo 60 de la ley de administración financiera (ley 24.156), establece que: “Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica…”, sin embargo el gobierno anterior no cumplió con ninguna de estas dos premisas. Además la Constitución Nacional establece que la facultad de contraer empréstitos  y de arreglar el pago de la deuda interior y exterior corresponde únicamente al Congreso Nacional siendo que no existe norma vigente ni la existía antes por la cual éste haya delegado dicha facultad en el ejecutivo.

Pero además de las violaciones a la ley 24.156 y a la CN, también tenemos la perpetración de al menos otros dos delitos. Veamos. El art. 248 del Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Es claro que el ex presidente Mauricio Macri y los funcionarios que llevaron adelante el endeudamiento con el FMI violando la ley de administración financiera y la propia CN en lo referente a las atribuciones del Ejecutivo en detrimento de la división de poderes y de las facultades delegadas que establece nuestra Carta Magna, están incumpliendo con sus funciones configurándose el delito descripto.

Respecto al delito de administración fraudulenta el código penal establece que se considerará un caso especial de defraudación y sufrirá la pena del art. 172 “…el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. No hay dudas que las responsabilidades políticas en el endeudamiento generan en estos casos también responsabilidades penales, por el objetivo de endeudar un país entero solo en procura de favorecer sus propios intereses (sabemos que el endeudamiento fue para beneficiar la fuga de capitales y para la propia campaña política en un año electoral) en detrimento de toda la sociedad.

El totalitarismo financiero también necesita del delito de extorsión o “macro extorsión” y de la estafa, como explica Zaffaroni, para coaccionar a los países en desarrollo a tomar créditos a tasas usurarias. De hecho en estas “macro extorsiones” existen los fondos (buitres) dedicados exclusivamente a comprar bonos próximos a caer en “default” para luego reclamar en jurisdicciones amigas el cien por ciento de su valor nominal cuando su precio de mercado se ha derrumbado. Pero la verdadera dimensión de esta nueva forma de crimen organizado al amparo de las políticas neoliberales la vemos por sus efectos a nivel mundial: “…en la actualidad más de 800 millones de personas siguen en la miseria y en cuanto a los niños cada día mueren 16.000 por enfermedades evitables. Más de 160 millones de menores de 5 años tienen una altura inadecuada para su edad debido a una alimentación insuficiente, 57 millones de niños no asisten a la escuela, la mortalidad materna en países subdesarrollados es 14 veces mayor que en los otros y solo la mitad de las mujeres embarazadas recibe atención prenatal mínima”[2]. El nuevo crimen organizado es responsable directamente de esta especie de genocidio por goteo silencioso que vulnera derechos y atenta contra la vida de millones en todo el mundo.

*Abogado penalista

[1] “La Nueva Crítica Criminológica”, Ed. Ediar, año 2019.

[2] “La Nueva Crítica Criminológica”, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ilison Diaz Dos Santos, 1era edición, Ed. Ediar, año 2019. Pág. 102.

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