La unidad 42 del complejo de cárceles de Florencio Varela combina regímenes cerrado, abierto y semiabierto. El penal fue construido en 2005 y cuenta con una dotación de 245 agentes penitenciarios, tiene 12 pabellones en donde se albergan la mayoría de los detenidos, mientras que en las casas de régimen abierto y semiabierto conviven los presos que están a punto de dejar el encierro.
Hace muchos años que el Servicio Penitenciario Bonaerense está en emergencia. Además, la Comisión Provincial por la Memoria viene denunciando un plan sistemático de tortura en los centros de detención provincial.
Por estas horas, en pleno recambio de gobierno, cuando las autoridades se acomodan en sus despachos, casi 10 mil presos del sistema penitenciario provincial mantienen una huelga de hambre en reclamo de mejoras en las condiciones de alojamiento y reformas judiciales para favorecer su situación procesal.
La protesta comenzó hace una semana y, aunque no es generalizada, se mantiene firme, en especial en algunas unidades grandes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Sin embargo, en la Unidad Penal 42 de Florencio Varela, precisamente donde están las “Casas Roca” como se conoce al régimen semiabierto, hay tensión por el accionar de los carceleros y de otros presos “de la población” para evitar que mantengan la huelga de hambre en solidaridad con los presos de todo el país.
Es así que son víctimas de cortes de luz, amenazas de muerte, interrupción en el suministro de agua e impedimentos de recibir visitas de familiares. Todo esto, según señalan, para impedir que continúen con la huelga de hambre.
Hace tres semanas hubo inconvenientes con la provisión de alimentos. Faltó carne y pollo en las dietas de los presos. Fue por una recálculo en la licitación, derivada de los aumentos de precios.
Los funcionarios que hasta este miércoles conducían el ministerio de Justicia aseguraron que el problema quedó solucionado. Que todas las celdas se encontraban provistas de comida. Pero esa incidencia fue el germen del reclamo que después se desvió hacia otros planteos.
Los reclusos elevaron a los jefes penitenciarios varios petitorios. Escritos de puño y letra o impresos. Tienen todos los mismos lineamientos que se podrían resumir en estos cinco ítems:
1-Acceder a más morigeraciones de pena, una facultad que recae sobre los jueces de Ejecución Penal.
2-Dejar sin efecto la ley denominada «Ley Blumberg», que restringe las excarcelaciones y endurece las penas de los condenados.
3-Reinstalar la ley del «2×1», que computa doble cada día que un detenido pasa con prisión preventiva.
4-Que no se apruebe el nuevo Código Penal, en debate en el Congreso.
5-Reactivar una «mesa de diálogo» entre la Justicia, el Ejecutivo y sectores parlamentarios para canalizar estos pedidos.
En las últimas horas Infosur dio cuenta de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se encarga de recorrer con frecuencia las cárceles de la provincia para informar sobre irregularidades o arbitrariedades. Fue este organismo quien denunció que los presos en la Provincia «padecen hambre», y que se constató en los últimos meses «el agravamiento de la falta o carencia completa de alimentos».
En la Unidad 42 los presos, pese a la denuncias de “aprietes” están dispuestos a continuar con la medida de lucha. “Somos solidarios con los otros”, dijo uno de ellos a través de un familiar.
