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Denuncian mal accionar de los jueces quilmeños en casos de violencia familiar

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Multas, violencia, amenazas e intimidaciones y un creciente “maltrato judicial”, a medida que avanza el proceso, son las denuncias contra los jueces de familia de Quilmes, en donde manifiestan la existencia de “un sistema jurídico que los pone como victimarios”

Niños cuyos padres están denunciados de abusarlos o de ejercer violencia sobre sus madres, son obligados a revincularse con su progenitor, “en una situación de desprotección y maltrato institucional” por parte de jueces que acumulan denuncias en la Suprema Corte provincial, denunciaron voceros judiciales, abogados y ex integrantes del poder judicial quilmeño.

Fuentes judiciales consideraron que estas irregularidades existen en los juzgados desde el 2010, impulsadas por “verdaderas mafias integradas por grupos de abogados con fuertes vinculaciones con empresarios y políticos locales, que operan sobre los jueces y los informes periciales”.

Precisaron que las metodologías son variadas y que van desde direccionar los informes de los peritos oficiales y “cajonear” los informes de las asesores de menores, a iniciar un mecanismo de desgaste contra los adultos protectores y sus abogados, amenazándolos con multas a unos y denuncias a los Colegios, a los otros

En este sentido apuntaron contra el juez Gonzalo López Cardoso, titular del juzgado de familia 3, quien tiene dos denuncias en la Suprema Corte por denegación de Justicia y una en el fuero penal. Inclusive hay denuncias de que Cardoso “se sentó a tomar un café fuera del juzgado con una de las partes litigantes”, según una denuncia presentada por el abogado Juan Pablo Gallego.

“Desde hace tiempo que el fuero de familia de Quilmes está bajo el foco de los órganos de contralor disciplinario del sistema judicial provincial y, aunque algunas malas prácticas se venían ya advirtiendo, éstas se han ido exacerbando”, precisó Gallego, autor del libro Niñez Maltratada y Violencia de Género.

El letrado que llevó a juicio al cura Julio César Grassi por abuso de menores, aseguró que estas malas prácticas se exacerban “particularmente en casos de maltrato y abuso infantil, con consecuencias graves para los niños afectados y los adultos protectores”.

Gallego añadió que “el maltrato institucional se verifica tanto en relación a niños víctimas de abusos sexuales como a quienes se les interfiere ilícitamente sus vínculos familiares”.

Rosana Quadrelli es madre de un niño de siete años, a cuyo padre Andrés Dallorso se acusa de haberlo abusado cuando tenía cinco durante el régimen de visitas acordado en sede judicial y luego de haber sido excluido del hogar conyugal, en 2011, por violencia de género.

“Nunca fue escuchado, se le negó Cámara Gesell y se lo obligó a un régimen forzado de vinculación, durante el cual mi hijo temblaba de miedo al ver el padre, se descompuso y se lo retuvo 40 minutos en el juzgado en ese estado, rompió carteles, se escondió debajo de la mesa y una vez quiso escaparse del juzgado”, remarcó la mujer.

María Cristina Daroqui, quien fue asesora de menores e incapaces en el fuero de familia de Quilmes entre 1989 y 2015, destacó que el problema “no es sólo que los jueces se dejan influir por personajes poderosos sino que no saben nada de niñez y no toman decisiones; siempre buscan sacarse el problema de encima”.

“Estos jueces abandonan a los niños abusados a su suerte. Durante el período en el que ejercí como asesora hubo dos casos muy evidentes en que el poder económico y político ejerció y todavía ejerce una influencia decisiva sobre los magistrados”, remarcó la ex funcionaria, quien inició la causa Grassi e intervino defendiendo a los niños abusados por el cura Pared, que fue finalmente condenado.

Esos dos casos son el de Pablo Berges, quien mantiene un litigio para poder ver a su hija de 9 años con su ex esposa Jorgelina Bello (a quien se vincula con el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández) y el de Fernanda Bertoncello, cuyo ex esposo, Fernando Bustince, hijo de un magistrado de fuero laboral de Lomas de Zamora, fue condenado por abusar sexualmente de sus tres hijos menores durante al menos siete años, pero tras el fallo sigue en libertad.

María Beariz Muller, psicóloga, perito y titular de la Asociación Salud Activa -encargada de asesorar a mujeres víctimas de estos casos- precisó que la situación de Quilmes no es aislada sino que “se extiende a juzgados de familia de todo el país”. La profesional opinó que “hay una evidente discriminación hacia la mujer en estos juzgados, en donde se las quiere hacer pasar como víctimas de lo que les pasa.

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